TIEMPO Y DESTINO
Nuevas normas para elecciones (I)
Por qué los partidos no obedecen al Tribunal Supremo Electoral.
Por: Luis Morales Chúa

La fiebre preelectoral sube grados rápidamente en proporción directa al acercamiento del día de la convocatoria a elecciones generales, fijada para mayo del año próximo.

Es un tema de gran interés para la población guatemalteca y la comunidad internacional, no solo en cuanto al ejercicio democrático representado por el uso del derecho a votar y elegir, sino porque Guatemala es un país sumido en profundas crisis en los campos de la política, la economía, la armonía social y el Derecho, cuyas manifestaciones más relevantes son los elevados índices de criminalidad; generalizado descontento social; pobreza en núcleos humanos mayoritarios, y una creciente desconfianza en las instituciones públicas.

Pero, no es sólo eso. La campaña preelectoral se está desenvolviendo en un ambiente de incertidumbre, por falta de normas jurídicas claras y eficaces, lo cual propicia el abuso partidista y la desobediencia a disposiciones de la autoridad electoral.

Y la opinión pública nacional y la internacional se preguntan ¿quién será y como será elegido el próximo gobernante? ¿Quiénes serán los que reformarán y emitirán las leyes? ¿Quiénes los que tendrán la difícil tarea de impartir justicia en este país de injusticias?

Para hablar acerca de algunas de esas cosas se reunieron en un hotel de esta capital, hace pocos días, miembros del Centro para la Defensa de la Constitución presidido, esta vez, por Jorge Rolando Barrios; Diego Paz Bustamante, representante de la Organización de los Estados Americanos; Alejandro Tullio, quien dictó una conferencia sobre el régimen de partidos políticos y la autoridad electoral; esquemas y lecciones en perspectiva latinoamericana; después de lo cual se desarrolló un panel en el que participaron Manuel Terrádez, coordinador del Programa de Asistencia Técnica al Régimen Electoral Guatemalteco, de la OEA; el presidente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre; Pablo Duarte, vicepresidente de la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República, y Óscar Edmundo Bolaños Parada, presidente de Tribunal Supremo Electoral.

El tema central fue ¿Qué normas regirán las próximas elecciones?

Resultó un evento académico de altos vuelos, por la calidad de los expositores, los que, sin duda, forman parte del grupo de personas que más saben acerca de proyectos de reformas electorales, que deberían aprobados antes que el Tribunal Supremo Electoral lance la convocatoria a elecciones, pues son asuntos merecedores de un tratamiento urgente y preferencial porque, como fue reconocido en la citada reunión, hay preocupación porque “en las actuales circunstancias se presenta un alto grado de incertidumbre normativa que amenaza al régimen electoral en su conjunto”.

Tal incertidumbre se origina: 1. Porque la reforma a la Ley Electoral (decreto 10-04 del Congreso de la República) debe ser modificada en aspectos medulares y a la fecha todavía no se arriba a una decisión política para determinar cuáles son las partes que necesitan enmiendas, a pesar de que las actividades preelectorales deben desarrollarse con certeza jurídica.

2. Porque el Tribunal Supremo Electoral no ha emitido los reglamentos respectivos, y 3. Porque la Corte de Constitucionalidad aclaró de oficio el dictamen rendido por la Magistratura anterior sobre el proyecto de armonización, y, paralelamente, se publicó la sentencia de la Corte en la que, por primera vez en la historia, declara inconstitucional un aspecto de una ley constitucional, como es una parte del artículo 222 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual dispone que “para los efectos de propaganda electoral y publicaciones políticas ningún medio privado de comunicación social podrá aplicar a las organizaciones políticas tarifas distintas a las ordinarias de carácter comercial”.

Ya diré en qué consiste eso.