En comunidades aplican castigos en forma arbitraria
Por: Amafredo Castellanos

En la aldea Palcal, en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, dos jóvenes son castigados, acusados de negociar embarazos y vender a sus hijos.

En por lo menos nueve comunidades del noroccidente del país, la población ha comenzado a aplicar su propia versión de la ley y castigos sin un juicio justo.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informa que estos actos han ocurrido en Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá, en el departamento de Sololá, y en Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz del Quiché, en Quiché. También se conocieron en San Miguel Acatán, Huehuetenango.

Grupos de vecinos de Nahualá denunciaron que en esa comunidad priva el terror por la arbitrariedad con la que los comités de seguridad aplican castigos a sospechosos de algún delito. Los justicieros dicen ampararse en el derecho consuetudinario indígena y en un acuerdo municipal.

Una denuncia de los vecinos en la PDH consigna que, con base en esa resolución, los integrantes de los comités actúan con prepotencia.

Asimismo, responsabilizan al alcalde, Miguel Tzep, y a un integrante del comité central de seguridad, Antonio Guachiac, de incitar a los ciudadanos a la violencia y a la práctica de la tortura, mediante la aplicación de castigos.

En el caso de San Miguel Acatán, una junta presidida por el alcalde impuso el castigo a 84 delitos y ha prohibido, entre otras actividades, salir a la calle después de las 21 horas y que los varones usen aretes.

Pascual Tomás José, alcalde de San Miguel Acatán, expone: “Ya se han aplicado castigos como limpieza, latigazos o hincarse en piedras o maíz”.

Hace 10 meses fue retirada la subestación policial, luego de ser atacada por vecinos molestos con una captura, y en agosto pasado la población retuvo al juez local para impedir un recurso de exhibición personal para unos detenidos.

Juan José Meza, promotor social, dice que la situación es muy tensa, pues los vecinos están a merced de los comités de seguridad.

Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, puntualiza que es urgente hacer volver el estado de Derecho en esas comunidades.