La mafia controla Pavón
Los reos mantienen el control interno de gran parte del mayor presidio del país, convertido en centro de operaciones del crimen organizado
Por: Nuestra Redacción

Arriba, la vivienda del colombiano José Batres. Abajo, marihuana, crack y cocaína que periodistas compraron en Pavón. Fotos Prensa Libre.

Un grupo de hombres camina a sus anchas en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón. Es la mafia que tiene el control total sobre el Comité de Orden y Disciplina (COD); las propiedades, el dinero, sujetos armados, escuchas telefónicas y un servicio secreto cuya función es delatar a los opositores y miembros de la población reclusa reprimida, sobornada, asaltada y encarcelada dentro de la propia prisión.

El crimen organizado se apoderó de esta cárcel, que fue diseñada para rehabilitación y que el Estado dejó en manos de los reos desde hace más de 10 años.

Las autoridades del penal sólo controlan el área administrativa, y los 70 agentes resguardan los alrededores, al igual que un grupo de las fuerzas combinadas, que mantiene vigilancia perimetral.

Hay un guardia para cada 25 reclusos. Adentro, el COD efectúa requisas y ejerce el control de ocho manzanas de terreno.

Para conocer esta situación, un equipo de periodistas de Prensa Libre visitó por varias semanas Pavón y documentó cómo desde el COD se dirigen los negocios ilícitos dentro y fuera de esa cárcel.

Por medio de entrevistas con reclusos y de fotografías se estableció que el COD, presidido por Luis Alfonso Zepeda González, condenado por asesinato, controla ese penal, que le representa ingresos de Q600 mil mensuales, ante el silencio cómplice de las autoridades.

Además de Zepeda, el COD está integrado por el vicepresidente, Omar Alvarado; Migda Gudiel Calderas, supervisor operativo, de seguridad y logística; 16 encargados de sectores y, al menos, 200 responsables de servicios, quienes reprimen a la población. Su presidente gobernará el penal hasta que cumpla su condena de 27 años.

Guardaespaldas

Zepeda y su gente son resguardados por un ejército de hombres armados con pistolas, machetes y palos, que efectúan el trabajo de “servicio”.

Su influencia y la de sus allegados llega a tal extremo de que en Pavón se oculta su hijo Samuel Zepeda, quien, sin ser reo, permanece y duerme en el lugar. Los reclusos consultados dicen que éste pertenece a una banda que se dedica al robo. “Está escondido porque lo quieren matar”, coinciden.

Las alianzas del presidente del COD con secuestradores, extorsionistas, sicarios y narcotraficantes le permiten participar en negocios ilícitos y tomar una tajada de ellos.

El 11 de septiembre último, el reo José Lino Hernández fue golpeado por este grupo, luego de haberlo aislado en la bartolina llamada el Polo. La paliza le provocó trauma craneal encefálico, lo que ameritó su traslado al Hospital San Juan de Dios. Allí murió, cuatro días después, según el informe médico porque sufrió un fallo multiorgánico y paro cardiorrespiratorio.

Reclusos explican que, además, existen otros 100 presidiarios encubiertos que son el canal de información para el COD.

“A las bandas no les interesa el control total de la cárcel, les importa que las cuiden. Estas organizaciones criminales tienen sus negocios afuera y adentro, por ello buscan alianzas con el COD”, sostiene un reo.

El dinero que llevan los familiares que visitan a los presos, de una u otra forma va a parar al COD, debido a un sistema de pagos e “impuestos” que éste exige a la población reclusa.

Se paga por todo, cuenta otro reo. “Al ingresar, hay que tener Q1 mil 300 para no hacer talacha (limpieza) seis meses”, refiere.

Visita afectada

Pavón tiene una población de mil 647 reos sentenciados, y cada uno paga cada semana Q10 al COD, por el derecho de que su esposa se quede a dormir, y como contribución.

Un recluso sentenciado a 50 años denuncia que quien se niega a pagar es castigado en el Polo, una bartolina que no tiene sanitario y está llena de agua congelada, con olores fétidos, justo donde fue vapuleado el reo que murió en el Hospital General.

A la semana, el COD percibe por ese “impuesto” unos Q16 mil 470, lo cual representa más de Q65 mil al mes, Q790 mil al año.

El monto contrasta con lo que cada preso trabajador recibe en promedio semanal, que está entre Q50 y Q60.

Presidios tiene, al menos, una docena de denuncias de esposas e hijas de reos que han sido forzadas a tener relaciones sexuales con los líderes o integrantes del COD, a cambio de que éstos le perdonen la vida al recluso.

Los que tienen abarroterías, comedores u otros comercios, deben pagar al COD Q20 semanales por derecho a tener negocio, más Q30 por energía eléctrica, a pesar de que ésta es del penal y la paga el Estado.

Quienes tienen celular de línea o tarjetero pagan Q50. Según investigadores de la Policía, estos aparatos son usados, generalmente, para extorsionar y secuestrar.

El COD recibe unos Q600 mil mensuales producto de las extorsiones, y son distribuidos entre Zepeda, que cobra Q200 mil; Alvarado, Q150 mil, y Gudiel Calderas, Q75 mil. El resto se lo reparten los reos que trabajan para el Comité.

Plagios y venta de terrenos

En Pavón existe estructura social. Quien tiene dinero vive en casa de lujo o vivienda con dos cuartos, y champas. El que no posee recursos duerme en bartolinas hacinadas, con el riesgo de ser asaltado o violado.

Los terrenos en esa prisión son vendidos por el COD en cantidades que oscilan entre Q4 mil y Q5 mil, aparte del dinero que se invierte en la construcción.

De ahí que muchas de estas viviendas sean construidas con láminas, cartones, nailon y ropa.

Los reos coparon la finca.

El Comité extiende certificados de propiedad de esos lotes que, por ley, pertenecen al Estado.

Cuando un reo cumple su sentencia, vende el terreno a otro.

Las construcciones se detuvieron desde hace cinco meses, luego de que el director de Presidios, Alejandro Giammattei, prohibió el ingreso de cemento.

Giammattei afirma: “Conforme el Estado abandonó Pavón, el crimen organizado incursionó con mayor énfasis”.

“Si uno quisiera agarrar una muestra del crimen organizado, hay que ir a Pavón. Para nosotros representa lo que para El Salvador es la cárcel de Marión; San Pablo, en Brasil, o La Palma, en México”, sostiene.

Laboratorios y venta

El COD controla el negocio de la droga que se expende adentro de Pavón, y permite que gran parte de ésta salga de esa prisión.

Una porcentaje de la venta de estupefacientes está en poder de Zepeda, que utiliza el taller de automóviles para procesar cocaína. Allí está el mayor laboratorio, y el dueño del taller es Nelson Orantes Calderas, sentenciado por narcotráfico.

Existen otros dos laboratorios, a cargo de Santos Mauricio Rivas, dueño de una fábrica de calzado, y del colombiano Jorge Estuardo Batres Pinto. Ambos, sentenciados por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Batres, alias el Loco, es quien ordena el robo de cargamentos de cocaína, que luego son escondidos en Pavón. Las fuerzas de seguridad detallan que dirige un grupo de sicarios.

El 27 de julio pasado, el guatemalteco Erick Martínez, el canadiense Jorguer Torres y el mexicano Francisco Ojeda fueron atacados en las afueras de Pavón con fusiles de asalto, luego de haber visitado a Batres. Las autoridades vinculan este hecho a venganza entre bandas.

La droga que se procesa en Pavón no sólo se vende allí, sino que se distribuye en varios puntos de la capital.

Para comprobar este hecho, los reporteros de este diario compraron crack, cocaína y marihuana en los pasillos del presidio. Le preguntaron a los vendedores dónde se podía obtener más droga similar, y éstos informaron que en los alrededores de las barras show de las zonas 4, 6, 9, 10, 12 y 18.

Dentro de la prisión la droga se vende por Q20, Q30, Q50, Q100 o Q300 el gramo. También entregan grandes cargamentos para distribuidores en barrios de la capital.

“Aquí en la cárcel piden mucho dinero por la droga, y eso provoca que los adictos vendan sus cosas con tal de seguir consumiendo”, cuenta otro reo.

Los reclusos comentan que en este negocio también se encuentra el coronel Daniel Zelada, quien, según las fuerzas de seguridad, es sospechoso de tener vínculos con agentes corruptos del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA). “Estos agentes mafiosos roban droga y luego se la llevan a Zelada para que la procese y la redistribuya”, sostiene un investigador.

Los expedientes de Presidios dan cuenta de que existe un grupo rival que supuestamente pagaría hasta Q500 mil por asesinar a Zelada.

Erick Mayorga Guerra, alias el Chiquitón y miembro de la banda de secuestradores AR-15, es el principal distribuidor y vendedor de droga en Pavón. Trabaja para las mafias.

Guaro y chicha

En esta cárcel, una botella de ron cuesta unos Q250, y una cerveza, Q35. “Ahorita están escasas porque Presidios puso controles, pero siempre se consigue. Aquí hay gente como el licenciado Sandoval (César Sandoval, señalado de haber estafado al Seguro Social), que pasa borracho todos los días”, relata un vendedor de licor.

Los reclusos poderosos tienen hasta billar, propiedad de Carlos René Barrientos Vásquez, quien posee más de 80 casas y seis negocios en el penal, y es presidente de todas las ramas deportivas.

Como toda estructura social, los mejores jugadores de fútbol son cotizados, y el COD administra sus fichas. Los poderosos las compran para que jueguen en sus equipos.

Para Giammattei, el COD es la punta del iceberg de la mafia. “Hay gente que está adentro y afuera de la cárcel y tiene a sus representantes en el Comité, que es donde se democratiza el crimen. Si alguien se sale de esa estructura, se muere”, dice.

Reos confiesan que en esa cárcel han visto a víctimas de secuestro y a prófugos de la justicia.

Giammattei ha sostenido un pulso con el COD. Sus controles han hecho enojar a la mafia, que lo acusa ante la población reclusa de violador de los derechos humanos.

El control es total, hasta en las llamadas telefónicas, cuyas cabinas, propiedad del reo Mardoqueo Melgar, tienen una extensión para que el COD escuche las conversaciones.

El poder ha sido tan grande que una empresa telefónica instaló siete líneas residenciales, de cobre, para el COD, sin que Presidios lo supiera.

Historia: Se rompió el diseño

No hay tierra para agricultura.

Pavón se ubica en el municipio de Fraijanes y tiene tierra con vocación agrícola.

Fue construida para rehabilitar reos que tuviesen sentencia firme.

El objetivo era desarrollar proyectos agrícolas productivos para la rehabilitación y readaptación de los presos.

Fue diseñada para 800 reclusos, pero conforme se incrementó la población, los terrenos para cultivo fueron ocupados por presidiarios que construyeron sus casas.

Quien tenía mayores recursos hizo vivienda formal, que luego vendió al cumplir su condena.

Ahora, Presidios prohíbe el ingreso de materiales de construcción.

El control ha sido más estricto, y el ingreso de drogas y alcohol se ha dificultado.

Falsa democracia

Luis Alfonso Zepeda González será presidente del COD hasta que cumpla su sentencia de 27 años.

Llegó al poder gracias a los votos que obtuvo, pero según los reclusos, las bandas organizadas obligaron y sobornaron para que votaran por él.

Ahora él recibe una tajada de unos Q200 mil al mes por las acciones delictivas, internas y externas, que comete el crimen organizado.

Algunos de sus aliados son Carlos Estrada, quien era vicepresidente del COD, pero fue destituido porque sus abusos provocaron fricciones con la población.

Además, Migda Gudiel Calderas, encargado de reprimir a la población; Carlos Barrientos Vásquez, prestamista y con al menos 80 casas en el interior del penal; Santos Mauricio Rivas, quien tiene un laboratorio de droga; Jorge Mártir, dueño del negocio La Cabaña y vendedor de licor, y Nelson Orantes, dueño del taller donde se procesa cocaína.

Asimismo, Jorge Batres, que tiene otro laboratorio de droga y es sicario; Noel de Jesús Beteta, quien entrena a los reos que trabajan para el COD; Juan Yurrita Martínez, distribuidor de drogas; Mario Zelada, vendedor de cocaína; Mardoqueo Escobar y Henry Carrillo, vendedores de licor clandestino; Daniel Zelada, distribuidor a gran escala de droga.

También son sus aliados Mardoqueo Melgar, dueño de las cabinas telefónicas; César Corleto Donis, jefe de reos encubiertos que trabajan para el Comité, y Erick Mayorga Guerra, principal vendedor de droga en el penal.