EDITORIAL
Lo legal a veces no resulta justo

Un polémico escenario se estaría abriendo este viernes en el Congreso de la República, porque el diputado José Luis Ortega invitó a las autoridades de la Junta Monetaria para recibir una explicación sobre el caso de la Organizadora de Comercio, la captadora de fondos cuyas operaciones hechas a la sombra del desaparecido Banco de Comercio nunca fueron registradas ante la Superintendencia de Bancos.

A finales de la semana pasada, Ortega descalificó la opinión técnica de la Junta Monetaria en torno a la ilegalidad de utilizar fondos del Estado para resarcir a los inversionistas en la polémica Organizadora de Comercio. El diputado resta valor a la opinión de la Junta Monetaria, señalándola como juez y parte en este complicado caso, dado el papel activo asignado por ley a la entidad, por su papel de controladora del sistema financiero y bancario.

Se deben analizar los hechos y posiciones. Por un lado, está el reclamo de los inversionistas afectados. Atraídos por las ventajas ofrecidas por la Organizadora de Comercio -altos dividendos, mínimo control de las autoridades sobre origen de las inversiones y sin compromisos fiscales-, no se percataron del riesgo corrido al entregar capitales en custodia sin recibir alguna garantía legalmente respaldada para enfrentar algún imprevisto financiero. Tardíamente, los inversionistas reclaman la devolución de su dinero, pidiendo justicia, aunque saben su débil situación legal.

Las implicaciones derivadas de esta irregular operación cambian al campo de lo ilegal cualquier iniciativa de resarcimiento a partir de fondos públicos. Es justo para muchos honrados inversionistas exigir el pago de sus aportaciones a la Organizadora de Comercio, pero se torna injusto el uso de impuestos para cubrir una operación fraudulenta cuyo futuro cercano debe ser la pesquisa de las autoridades judiciales y la consiguiente recuperación de los fondos, subrepticiamente desviados del sistema financiero nacional.

Ortega se equivoca al pretender un pago a los inversionistas, dictado por decreto del Congreso o cualquier otro poder del Estado, y cuando sugiere forzar, por medio de este reclamo, en época de campaña, una respuesta ilegal.

Lo justo, lo legal y lo oportuno tienen una razón de ser y un lugar en este complejo juego de ajedrez. Todo varía según la óptica de quien analice. Para las autoridades, la única opción es el camino legal: persecución a los estafadores, recuperación de lo robado y devolución a los afectados, pero no cabe la opción de usar dinero público para compensar una estafa hecha por un ente privado y cuyo agravante era no estar reportado a las autoridades.

Para los estafados, lo justo es recuperar sus inversiones, pero deben evaluar si su reclamo es la aplicación de la justicia sobre lo estafadores o, simplemente, la recuperación de lo perdido. Y para el diputado Ortega, lo urgente parece ser alcanzar un espacio en la prensa para provocar una salida a este problema, sin importarle cuánto daño colateral se provoque al sentar jurisprudencia de efectos impredecibles.

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