No los moverán de Santa Teresa
Policías presos tienen triple protección
Por: Lorena Seijo

Entrada de la cárcel de mujeres Santa Teresa. (Foto PL: Erlie Castillo).

Los dos policías acusados del asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su piloto no serán trasladados del penal de mujeres Santa Teresa, ya que ese es el mejor lugar para garantizar su protección, informó el Sistema Penitenciario (SP).

Nery Morales, vocero del SP, expresó: “Aquí tienen tres cordones de seguridad, no comparten su celda, no tienen contacto con otros presos y se les puede mantener vigilados permanentemente”.

Los policías que están presos son Marvin Contreras y Carlos Orellana. Tienen protección especial, por el riesgo latente de que puedan sufrir un atentado antes de que su caso llegue a juicio.

Ambos están acusados del asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, el 19 de febrero último.

“Creemos que no deben ser trasladados a otra cárcel, ya que cuantos más presos compartan espacio con ellos, aumentan los riesgos”, añadió Morales.

Incluso las autoridades temen que en un eventual traslado puedan ser asesinados o liberados por integrantes del crimen organizado.

La ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte, afirmó que se han aplicado todas las medidas de seguridad disponibles, para salvaguardar su integridad física, desde instalación de cámaras de video hasta la creación de varios perímetros de protección.

Agregó: “Teniendo en cuenta los antecedentes (el asesinato en prisión de los otros cuatro policías implicados en el caso), hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para protegerlos”.

La funcionaria apuntó que los cinco integrantes de la banda de Jalpatagua, acusados del mismo crimen, también tienen medidas de seguridad especiales, pero no tan extremas como las de los policías.

“Nosotros evaluamos que los policías corren más peligro, ya que su declaración ante el tribunal es vital”, aseveró.

Gobernación ha solicitado también al juzgado que las diligencias del caso se lleven a cabo en el penal, para evitar que Contreras y Orellana puedan ser ejecutados durante los traslados.

“Creo que el juez debería tener en cuenta que hay cierto interés de grupos criminales porque estas personas no lleguen a declarar”, enfatizó la ministra.

Alejandro Rodríguez, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirmó que se está llevando a cabo una investigación sobre las condiciones de seguridad de los dos reos y de las amenazas que han sufrido.

Por su parte, la fiscalía solicitó al Ministerio de Gobernación que se refuercen las medidas de seguridad a favor de Contreras y Orellana, para prevenir cualquier acción que se pudiera estar planificando en su contra.

Además, la fiscalía comenzó un proceso de investigación por el supuesto plan para asesinar a los dos policías, incluso se ordenó hacer un peritaje a las armas localizadas en el Centro Preventivo de la zona 18, el lunes último.

Según información recibida por Gobernación, esas armas iban a ser utilizadas en un motín el próximo 15 de agosto, el cual sería aprovechado para matar a los agentes presos.

Surgen otros vínculos

Un análisis sobre las llamadas telefónicas efectuadas desde el aparato usado por una persona a quien sólo se conoce como Montaña 3 evidencia que además de haberse comunicado con los sindicados, también llamó a otras cinco personas dentro del territorio nacional.

Álvaro Matus, fiscal de Delitos contra la Vida, explicó que se trabaja en el despliegue de llamadas que les envió la empresa de telefonía del número 55276421, usado por Montaña 3, a quien se considera pieza clave en el crimen contra los tres diputados salvadoreños y su piloto, en febrero último.

Al teléfono de Montaña 3 no le aparece persona titular, pues es del servicio prepago (tarjetero), y de los nuevos números encontrados se solicitarán otras autorizaciones para obtener sus desplegados.

Félix Safié, fiscal salvadoreño, anunció ayer que en 20 días se tendrá el despliegue de las llamadas efectuadas del mismo celular a siete números en El Salvador, tanto a residencias como a otros teléfonos móviles, antes y después de la muerte de los diputados.

Añadió que ya se tienen algunos desplegados, pero se hará un mapeo que entregarán a Guatemala.

Delegado de la PDH visita penal de mujeres

El encargado de la Unidad de Debido Proceso de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jorge Mario Castillo, visitó ayer la cárcel Santa Teresa, en la zona 18, para verificar las medidas de seguridad para los policías sindicados de haber dado muerte a tres diputados salvadoreños.

Castillo dijo: “Por lo que observamos, los agentes están protegidos, apartados de los otros presos y tienen tres cordones de seguridad”.

Sin embargo, no tuvo la oportunidad de platicar con ellos ni ingresó en las celdas donde se encuentran los agentes.

“Hablamos con la directora y nos confirmó que hubo una serie de apagones, pero que se debieron a las fuertes lluvias que cayeron esos días, no a causas externas”, apuntó.

Según Castillo, la dirección del penal prometió habilitar un área nueva para recreación, ya que la actual está ocupada por uno de los reos.