EDITORIAL
Agresión contra autonomía edil

La página electrónica de la comuna capitalina de ayer está encabezada con un titular según el cual Prensa Libre y Siglo Veintiuno “apoyan la huelga del transporte pesado en contra de la municipalidad”, absurdo que se agrega a la ridícula decisión de teñir de negro la bandera edil, afirmar que la autonomía municipal ha sido mancillada y tener a los policías de Tránsito ocupados repartiendo volantes con fotos de accidentes diurnos de transporte pesado.

Al hacer un mínimo análisis, se evidencia que este vital avance ha sido agredido, pero por la actitud asumida por Álvaro Arzú, alcalde y candidato.

Informar y comentar respecto de un hecho que afecta a la cuarta parte de la población del país, de ninguna manera se puede considerar necesariamente un apoyo. La posición editorial de este periódico, cuando se analiza con una pizca de serenidad, evidencia que el punto principal de la crítica es la manera en que la comuna generalmente toma sus decisiones, basadas en la prepotencia personal de un funcionario, y que además califica la medida como necesaria.

La razón por la cual el efecto negativo contra la autonomía municipal es producto de la acción edil es también bastante simple de entender. No se le puede utilizar como justificación para que cualquiera de los alcaldes pueda afectar a todo el resto del país con decisiones como impedir el libre tránsito de mercancías y de todo tipo de transportes. Sería abrir la puerta al caos, y por elemental lógica es insostenible esgrimir la defensa de esa autonomía justificando acciones que apenas toman en cuenta uno de los factores que intervienen.

Es preocupante que la municipalidad capitalina anuncie que seguirá multando a quien no acate las disposiciones ediles, mientras por otro lado el Gobierno se encuentra en un proceso de diseño de un plan que tome en cuenta todos los criterios. Esto puede suscitar enfrentamientos de impredecibles consecuencias, y aunque no sea así, constituye una razón más para la tensión originada por su trabajo a los transportistas.

Es evidente que la municipalidad decidió realizar un pulso, una prueba de fuerza con el Gobierno, que ya empezó a actuar de manera adecuada pero cuyo resultado positivo se puede echar a perder a causa de posibles errores, o de que el alcalde Arzú continúe actuando del modo en que lo hace.

La Constitución es la ley fundamental del Estado guatemalteco, y de ninguna manera puede ser utilizada como pretexto para justificar acciones que, aun cuando tengan una base técnica e incluso sean necesarias, tengan el problema serio de haber sido tomadas de manera unilateral y también precipitada.

Todo parece indicar que el problema derivado del paro de los transportes pesados no tiene visos reales y prácticos de solución en un tiempo breve. Las palabras clave en todo esto son serenidad y, sobre todo, balance. La razón no está sólo de un lado, sino que es compartida.

Ante esta prueba de injustificada insistencia, el alcalde Arzú no sólo pone en riesgo su futuro político, sino le agrega a los capitalinos una serie de problemas y de tensiones innecesarias.