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Se agrava pugna Muni-Gobierno
Arzú acciona en la CC contra acuerdo sobre transporte pesado; mantendrá restricción, advierte. No dará marcha atrás, y en breve discutirá nuevo reglamento, responde Gobernación
Por:
Redaccion Prensa Libre
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| La restricción al transporte pesado para ingresar en la capital sigue vigente, y la comuna no dará marcha atrás. Foto Prensa Libre: Archivo. |
El enfrentamiento entre la municipalidad capitalina y el gobierno central pareció agudizarse ayer, luego de que el alcalde Álvaro Arzú presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Ministerio de Gobernación sobre la regulación del tránsito, mientras la titular de esa cartera, Adela de Torrebiarte, aseguró que no dará marcha atrás en esa medida.
“Las cartas están echadas; esto se tiene que debatir en los tribunales y en la Corte de Constitucionalidad (CC)”, expresó Arzú, al destacar que la prohibición al transporte pesado continúa, y que no tienen sentido más reuniones con los transportistas y pilotos.
El jefe edilicio acudió ayer al mediodía a la sede de la CC, donde presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del Ministerio de Gobernación que obliga a las comunas a pedir permiso al Departamento de Tránsito, de la Policía Nacional Civil (PNC), para imponer horarios al tránsito.
El recurso es un documento de 89 páginas, en las cuales la comuna expone los argumentos para afirmar que se violenta la autonomía municipal al pretender cambiar el Código Municipal, sin la aprobación del Congreso.
El alcalde dijo estar confiado en que la CC resuelva a favor de la municipalidad, como lo hizo en el 2004, cuando dictaminó que la comuna tiene el derecho de fijar horarios de ingreso en el municipio.
Arzú negó que fuera reacio al diálogo, porque sostuvo una reunión con la ministra De Torrebiarte, dos días antes del paro. “Ella entendió mis argumentos, los aceptó y coincidimos en todo; me extraña que ahora digan que no ha habido diálogo”, expresó.
Agregó que, si el paro hubiera ocurrido en la capital, lo habría resuelto, pero éste se dio a 300 kilómetros, por lo que era responsabilidad del Gobierno.
Mario Pérez Guerra, presidente de la CC, explicó que no va a pedir antecedentes como en otros casos, y declaró que mañana podría convocar a integrar el pleno para entrar a conocer el recurso presentado.
De acuerdo con la ley, la CC tiene ocho días, después de presentado el recurso, para resolver.
En tanto, la Municipalidad de Villa Nueva, dirigida por el unionista Salvador Gándara, dijo que también continuará aplicando sus propias restricciones.
Citados al Congreso
No sólo los dos alcaldes mencionados han impulsado acciones legales. La bancada unionista citó a la ministra de Energía y Minas, Carmen Urízar; al de Comunicaciones, Francisco Unda, y a la de Gobernación, para cuestionarlos sobre la presunta violación de la autonomía municipal.
Al concluir la citación parlamentaria, De Torrebiarte ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que no dará marcha atrás con el acuerdo ministerial que limita a las municipalidades la autoridad sobre el tránsito.
La ministra agregó que dentro de cinco días espera recibir la propuesta para un nuevo reglamento sobre la imposición de horarios al tránsito, el cual elabora el Departamento de Tránsito.
La funcionaria dijo que espera que ese reglamento sea consensuado con transportistas, pilotos y municipalidades del área metropolitana.
También expresó que aquella medida no viola la soberanía municipal, porque se trata de un asunto de nación.
Respaldo presidencial
El presidente Óscar Berger respaldó a De Torrebiarte, al insistir en que las autoridades deben tomar decisiones con base en el consenso, y que deben justificar el acuerdo ministerial.
Aseguró que se han firmado compromisos internacionales para garantizar la productividad e inversión en el país, por lo que consideró importante que el Ejecutivo, la comuna y los empresarios del transporte se sienten a la mesa para buscar acuerdos.
Descartó que se hubiera violado la autonomía municipal. Argumentó, en este sentido: “Ellos (la municipalidad) siempre han estado invitados a dialogar”. Dijo que analizan jurídicamente para responder de manera legal ante los recursos que pudiera presentar la comuna capitalina.
Ejecutivo: “La silla está allí”
El presidente Óscar Berger afirmó ayer que su administración siempre ha tenido la intención de dialogar con el alcalde Álvaro Arzú y su equipo de trabajo, para que junto a los empresarios del transporte pesado logren un acuerdo que no dañe a las mayorías.
“No se está violando la autonomía municipal. La silla estaba allí para la comuna”, comentó Berger.
El gobernante aseguró que la decisión que tomó Adela Camacho de Torrebiarte, ministra de Gobernación, el sábado recién pasado, se acordó en conjunto con los empresarios, para no perjudicar la productividad del país. Añadió: “Los funcionarios tenemos que resolver los problemas, y no crear más”.
Gobernación: Consenso
Adela de Torrebiarte, ministra de Gobernación, aseguró ayer en conferencia de prensa que el Organismo Ejecutivo no se opone a las restricciones para la circulación del transporte pesado.
Sin embargo, la funcionaria enfatizó que deben fijarse en forma coordinada con ese ministerio, para que “prevalezca el bien de la Nación, y no sólo el de un municipio”.
Afirmó que no dará marcha atrás con el acuerdo que limita a las comunas a imponer al transporte pesado horarios de ingreso en áreas urbanas. En cambio, indicó que redactarán un nuevo reglamento, el cual, espera, sea consensuado con las municipalidades del área metropolitana.
Capital: Sin marcha atrás
“No vamos a poder dar marcha atrás, porque si ellos (el Ejecutivo) están hablando del bien común, en este caso el bien común es el millón de automovilistas que circulan todos los días en la ciudad y no 30 pilotos”, expresó ayer Álvaro Arzú, alcalde de la capital.
“Vamos a mantenernos firmes, porque consideramos que no es una medida caprichosa, prepotente ni altanera, como algunos editorialistas pretenden hacer ver, sino una medida sensata que se aplica en otras ciudades, como Antigua y Quetzaltenango”, agregó.
“La restricción se fijó en 2002, cuando yo no era alcalde, y ¿por qué ahora, a 30 días de las elecciones, hacen este escándalo?”, cuestionó.
Periferia: Adecuada
Amílcar Rivera, alcalde de Mixco, comentó que la restricción al transporte pesado es una medida adecuada, que se aplica en otras partes del mundo y tiene buen resultado.
“Se trata de buscar el beneficio de los vecinos”, comentó ese jefe edilicio.
Julio Santos, vocero de la Municipalidad de Mixco, dijo que ésta analiza legalmente la restricción del paso del transporte pesado en la capital; después de esto, fijará una postura institucional.
“En Mixco, la restricción se maneja de otra manera, ya que cuando los vehículos no ingresan en la capital se detienen en las arterias principales y ocasionan obstrucción en las vías, lo cual sancionamos”, expresó Santos.
Comuna: En varios frentes
Luego de haberse conocido del acuerdo ministerial que limita a las municipalidades la regulación del tránsito, la comuna capitalina afirmó que mantendrá sus propias restricciones. Para demostrarlo, impuso multas a conductores de transporte pesado que ingresaron en la capital en horario restringido.
En su página de Internet, la municipalidad insistió en que esa regulación está vigente desde el 5 de marzo último, y acusó a los pilotos que hicieron el paro de “terrorismo preelectoral”. Además, agentes de la PMT distribuyeron volantes contra el transporte pesado.
En su apoyo, la Municipalidad de Villa Nueva, dirigida por el unionista Salvador Gándara, también declaró que no dará marcha atrás en sus propias restricciones al transporte pesado.
La batalla entre Arzú y el Ejecutivo se extendió al Congreso, pues los diputados unionistas citaron ayer a los ministros de Energía y Minas, Comunicaciones y Gobernación.
Legal: Certeza jurídica
Aspectos legales en los que se basan las partes en conflicto y que traslapan competencias:
La municipalidad considera que se viola el Código Municipal.
El artículo 68, de ese código, dicta las competencias propias del municipio.
El inciso d, de ese artículo, dice que el municipio tiene la regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales.
El Código fue probado el 2 de abril del 2002, por el Congreso de la República.
En tanto, el Ministerio de Gobernación se ampara en la Ley de Tránsito.
El artículo 4 dice que le compete al Ministerio de Gobernación, por intermedio del Departamento de Tránsito, de la Policía Nacional Civil, el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía pública.
El artículo 8 establece que el Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo, podrá trasladar la competencia de la administración de tránsito a las municipalidades.
Refiere que, para que el Ejecutivo pueda delegar la competencia de tránsito a una municipalidad, ésta deberá solicitarlo.
El mismo artículo indica que las comunas pueden dictar reglamentos u ordenanzas para el tránsito.
Agrega que podrán crear policías municipales de Tránsito.
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