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Guatemala, martes 21 de agosto de 2007

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Nacionales

Nexos comerciales entre sindicados
Por: Coralia Orantes

Las llamadas telefónicas no son la única evidencia de los vínculos entre el diputado Manuel de Jesús Castillo y Carlos Amílcar Orellana Donis, alias el Chejazo.

Según el abogado defensor de Orellana, su cliente sostenía una relación comercial con Castillo desde hace mucho tiempo.

Ésta consistía en que Orellana le vendía combustible al diputado en las dos gasolineras que éste tiene en Jalpatagua, denominadas La Ceiba de Oriente.

“Como diputado, el señor Castillo ha llegado a comprar a la gasolinera, y como cualquier otra persona, se le vende combustible. Además, muchos buscan allí el producto porque es más barato”, afirmó Romeo Monterrosa, abogado de Orellana.

Es por eso que la defensa considera que si se localizaron facturas a nombre de Castillo, es por las compras que éste hizo en dicho lugar.

“La relación de mi cliente con el diputado Manuel Castillo es estrictamente comercial”, opinó Monterrosa.

Las gasolineras fueron allanadas por el Ministerio Público (MP) en tres oportunidades, e incluso los documentos encontrados fueron sometidos a análisis.

Esperan informes

La Corte Suprema de Justicia decidió solicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Congreso de la República un informe en donde expliquen la calidad que tiene el diputado Castillo, a pesar de que esto ya obra en la petición formulada por el MP.

“No se ha podido entrar a conocer el antejuicio, pues estamos esperando que lleguen los informes. Nosotros necesitamos tener de manera oficial esos documentos”, dijo Luis Fernández Molina, magistrado de la Cámara de Amparos y Antejuicios.

Se excusa

Miriam Méndez, jueza de Primera Instancia de Cuilapa, Santa Rosa, con el argumento de que ella ya emitió opinión, se excusó de seguir conociendo el proceso de la muerte de cuatro policías presos en la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, acusados de haber matado a tres diputados salvadoreños.

La excusa fue presentada después de que una sala resolviera que Méndez no debió cambiar el delito de asesinato a siete guardias del Sistema Penitenciario.

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