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Guatemala, domingo 02 de diciembre de 2007

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Nacionales

Muere por violar toque de queda
Por: Olga López Ovando

Foto de portada
En esta fotografía aparece Alfredo Iquité Raxón, quien sostiene una Biblia, minutos antes de salir a predicar. (Foto PL: Cecilia Cóbar).

Padres de víctima piden que se castigue a los responsables de la muerte de Alfredo Iquité Raxón, asesinado por no haber respetado el toque de queda.

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Una bicicleta, un pantalón manchado de pintura y una fotografía son los únicos recuerdos que dejó a sus padres Alfredo Iquité Raxón, quien el 27 de octubre recién pasado fue muerto por un grupo de vecinos que patrullaban en San Juan Sacatepéquez.

Sus padres, Pedro Iquité Tubac y Viviana Raxón, no se resignan a que su hijo, de 26 años, haya muerto de manera violenta, y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, a sabiendas del peligro al que se exponen.

“Vamos a luchar hasta conseguir que se haga justicia y se castigue a las personas que mataron a mi hijo, quien era un muchacho trabajador, y no un delincuente”, enfatizó Iquité.

Mientras contenía su dolor y armado de valor, al día siguiente del crimen presentó la denuncia a las autoridades y en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Alfredo Iquité Raxón es uno de los cuatro jóvenes a quienes vigilantes de ese municipio han dado muerte en las últimas dos semanas. Tres de ellos eran supuestos pandilleros, pero, en el caso de este joven, los vecinos admiten que se equivocaron. No le aparecen antecedentes penales ni policiales. Trabajaba como pintor de casas en una empresa ubicada en la zona 15.

Fuera de control

Estos grupos de seguridad nacieron con el fin de proteger los vecindarios, ante los índices de delincuencia que prevalecen. Sin embargo, el control se les ha ido de las manos y, según algunos pobladores que pidieron no ser citados, en los últimos meses se están dado a la tarea de intimidar, robar y matar a los jóvenes a quienes consideran delincuentes o porque no respetan el toque de queda, que se inicia a las 19 horas.

Este fue el caso de Iquité Raxón, quien murió por no haber acatado la orden de los vigilantes nocturnos de no caminar por las calles después de las 7 de la noche.

El joven ya estaba advertido. Una semana antes de su muerte, los patrulleros lo sorprendieron fuera de casa por la noche, y lo golpearon con un tubo en la cara y el cuerpo. Después de dejarlo tirado y ensangrentado, le advirtieron que lo matarían si lo miraban de nuevo después del toque de queda.

“Mi hijo no era pandillero. Él era un muchacho cristiano y trabajador”, expresó Iquité, con semblante de tristeza. Relató que el 27 de octubre su hijo fue a una fiesta de graduación, en compañía de su novia, en ese municipio.

Cuando regresaba a su casa fue interceptado por un grupo de vigilantes, a las 22:30 horas, quienes, al parecer, le dispararon en la cabeza en tres ocasiones.

Junto al cadáver quedó su teléfono celular y la bicicleta en la que se transportaba. Su padre aún recuerda la voz de su hijo cuando lo llamó para avisarle que iba de regreso a casa, pero nunca llegó.

La mala noticia la recibieron al día siguiente, cuando lugareños les avisaron que lo habían matado. “No es justo que estas personas hayan matado a mi muchacho, que se iba a casar el próximo año”, expresó su madre, con lágrimas en los ojos.

“Lloro mucho cuando recuerdo a mi hijo despidiéndose todas las mañanas, cuando se iba a trabajar. Él era un muchacho alegre, que amaba la vida y a Dios”, dijo.

Los vecinos manifestaron su temor por los abusos que están cometiendo estos grupos, y expresaron que se sienten inseguros de caminar por las calles a cualquier hora del día.

Los policías de ese municipio dijeron estar enterados de los abusos, pero justificaron que, por la falta de personal y equipo, aceptaron que se integraran esos grupos, como una ayuda.

El oficial Mynor González afirmó que cada semana reciben tres denuncias contra patrulleros, por robos, intimidaciones y homicidios.

El viceministro de Apoyo Comunitario, Carlos Arena, anunció que iniciaron pláticas para que la vigilancia la preste solo la Policía. Pero mientras esto se concreta, los padres de familia viven atemorizados de que la próxima víctima de estos grupos sea alguno de sus hijos.

PDH pide frenar ilegalidades

El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, pidió al Ministerio de Gobernación que ponga un alto a las ilegalidades que cometen las juntas locales de seguridad, pues teme que se desencadene una anarquía que después las autoridades no puedan controlar.

“Estos grupos se están convirtiendo en delincuentes, pues están cometiendo una serie de abusos en contra de la población, por lo cual es urgente que las autoridades frenen estas ilegalidades”, aseveró.

Morales expresó que las juntas locales de seguridad fueron creadas como apoyo a la Policía, y no para cometer ilegalidades.

Por esta razón, agregó, las autoridades deben iniciar la persecución penal de los responsables de haber dado muerte a cuatro jóvenes en las últimas dos semanas.

Aseguró que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) también inició investigaciones sobre la actuación de estos grupos, que actúan al margen de la ley.

“La Policía es la responsable de brindar seguridad a la población, y no de delegar esa función a esas agrupaciones, que se aprovechan de ese poder para extralimitar sus funciones”, enfatizó.

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