Rechazan resolución de la CC en caso España
Fallo: Sectores critican beneficio para cinco generales y dos civiles
Por: Coralia Orantes

Cientos de personas han buscado por más de 30 años que se castigue a los autores de las masacres ocurridas en los años ochenta. Foto Prensa Libre: Archivo.

Diversos sectores rechazaron ayer la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se establece que España no tiene jurisdicción para juzgar a cinco generales y dos civiles acusados de genocidio.

Grupos indígenas y organizaciones sociales criticaron el fallo que beneficia a militares en situación de retiro vinculados al genocidio ocurrido en el país en la década de 1980.

La CC resolvió, el jueves último, amparar en definitiva a los generales Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo, para que se revoque la orden de captura en su contra.

Pero esa acción también favorece a los generales Efraín Ríos Montt, Germán Chupina Barahona y Benedicto Lucas, así como a los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo.

Esas personas iban a ser juzgadas por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, y por genocidio en los años ochenta.

Las fundaciones Myrna Mack y Rigoberta Menchú, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), coincidieron en cuestionar la decisión de la CC, ya que señalan que está enmarcada en acciones de beneficio político.

“Esto sólo nos demuestra que no hay justicia en Guatemala y que los casos de genocidio nunca se van a juzgar”, manifestó la premio Nobel Rigoberta Menchú, querellante en el proceso, quien se reservó comentar sobre las acciones a seguir para lograr que se haga justicia.

También criticó al Ministerio Público, porque en más de ocho años no ha hecho nada para resolver el caso, por ello fue necesario acudir a las instancias internacionales.

“Aunque no se puedan capturar aquí, a nivel internacional continuarán vigentes las capturas”, aseveró Menchú.

Los magistrados de la CC expresaron que su resolución está apegada a derecho, y que lo único que han intentado es mantener la soberanía del país.

Argumentos

El fallo está escrito en 63 páginas, en donde se establecen supuestas acciones que violan el debido proceso de los siete sindicados de genocidio, torturas, terrorismo y detención ilegal.

El fallo de la CC fue por unanimidad, pero quien se inhibió de conocer fue el magistrado Francisco Flores, por lo que integró el magistrado José Quezada.

Roberto Molina Barreto, magistrado de la CC, expresó que el amparo en definitiva se da porque se encontraron violaciones al debido proceso contra los sindicados, pues el Estado está para garantizar a sus habitantes la justicia, la seguridad y un debido proceso, así como velar por la soberanía del país, entre otros.

Molina añadió: “En esa sentencia se hace un análisis jurídico e histórico de la participación del Gobierno español en este caso, y el hecho de que no pueden juzgar casos cometidos por guatemaltecos en Guatemala”.

Otra de las razones es que en el tratado de extradición suscrito entre Guatemala y España no se establece obligación ni compromiso de entregar a los guatemaltecos requeridos por el Gobierno de España, y viceversa.

El fallo dice: “La autoridad impugnada actuó ilegítimamente, al acatar una orden de detención proveniente de un juez español, que no es autoridad competente en la República de Guatemala... El Tribunal Quinto atentó contra la independencia del Organismo Judicial...”

Con ese fallo, se ordena restablecer la situación jurídica de los militares y anular la detención provisional, y conmina al Tribunal Quinto de Sentencia que dé cumplimiento en el término de tres días a lo resuelto por la CC.

En caso de no hacerlo, los magistrados de ese tribunal deberán pagar Q4 mil cada uno.

Además, en un fallo sin precedentes, se les condenó a pagar las costas procesales.

Acciones

Este recurso no es apelable, pero a pesar de ello, la Fundación Menchú presentó un recurso de aclaración, en el que pidió que se explicara sobre lo resuelto.

Esa acción fue solucionada ayer, y fue declarada sin lugar, pero no pudo ser notificado el Tribunal Quinto, pues está de vacaciones.

José Toledo, abogado de Guevara, manifestó: “Con esto se sienta un precedente en el país, porque se reconoce que la Audiencia española no tiene jurisdicción en la justicia guatemalteca”.

Guevara y Chupina fueron detenidos el 6 de noviembre del 2006.

Mejía Víctores logró que el Tribunal Quinto revocara su orden de captura, debido a que supuestamente él no se encontraba en servicio en la fecha en que se cometieron los hechos.

OPINIONES

Defensores

Rigoberta Menchú afirmó que está indignada por el papel de la CC, pues se convirtió en un tribunal defensor de genocidas. Añadió que le preocupa que ocho años después que se lleva un proceso, el Estado no tiene respeto por las víctimas.

Impunidad

En un comunicado, Caldh manifestó repudio por la resolución de la CC, y considera que esa corte está a favor de la impunidad en el país.

Ese grupo señaló: “La Corte ampara a quienes por más de tres décadas han gozado de toda la impunidad”.

Amnistía

La activista Helen Mack cree que ese fallo otorga amnistía a todos los responsables de genocidio; además, se demuestra que no hay justicia en el país respecto de derechos humanos.

Añadió: “Podemos condenarlos moralmente, pero esos no tienen moral”.

Seguiremos

Antonio García, abogado querellante de las víctimas españolas, comentó que ese proceso continuará, a pesar de la resolución de la CC.

También considera que se seguirá en marcha, pues las órdenes de detención están vigentes a nivel internacional.

Décadas de impunidad

Han pasado más de 30 años de que se suscitaron las masacres, y aún no se juzga a nadie.

Acusación

Rigoberta Menchú presentó en 1999 acusación contra siete personas ante el Gobierno español.

El juez Santiago Pedraz fue designado para conocer esa denuncia.

Proceso

Cinco generales en situación de retiro y dos civiles son acusados de genocidio y por la quema de la Embajada de España en Guatemala, ocurrida en 1980, donde murieron unas 37 personas.

Decisión

En julio del 2006, se programó la primera declaración de los sindicados, pero ellos lograron obstaculizarla. El 7 de julio, el juez español Santiago Pedraz giró orden de captura internacional.

Genocidio

En el 2005, la Audiencia Nacional española aceptó llevar el proceso por genocidio, lo que originó la petición de órdenes de captura contra cinco militares y dos civiles.

Capturas

El 7 de noviembre del 2006, los militares Germán Chupina y Aníbal Guevara son detenidos con fines de extradición. Chupina ingresó en un hospital y Guevara fue al Centro Preventivo, zona 18.

Jurisdicción

El 13 de diciembre del 2007, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que la Audiencia Nacional española no tiene jurisdicción para juzgar a militares y civiles por hechos en el país.