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EDITORIAL
Jueces impiden limpieza policial
La incidencia de la inseguridad en la vida social, a causa de la incapacidad del Estado para combatir con rigor el crimen común y organizado, se complica y se ve estimulada con la impunidad, la corrupción y las arbitrariedades de muchos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), en donde marchan a paso de tortuga los esfuerzos institucionales para sanearla y hacerla eficiente.
Recientemente, el Ministerio de Gobernación anunció su objetivo de proponer reformas al régimen interno de la PNC, con el propósito de castigar con mayor rigurosidad las faltas de sus miembros.
La intención es buena; sin embargo, corren el riesgo de quedarse en letra muerta, por los valladares internos y externos para evitar los abusos de los policías y recuperar, mediante sanciones ejemplares, la confianza de la población.
Es conocido el temor ciudadano a ser abordado en la calle o en su casa por policías, indistintamente si se desplazan a pie o en vehículo, porque a menudo los agentes incurren en arbitrariedades, como la detención ilegal, la implantación de pruebas falsas para incriminar a inocentes, la exigencia del pago de dinero como medio para evitarse problemas con la justicia o el robo descarado de bienes sustraídos de vehículos registrados o hasta el increíble abuso de retener a las personas y llevarlas a cajeros, en donde las obligan a retirar dinero.
Con todo y ser prolijos, aquellos abusos son sólo algunos de los riesgos diarios de los guatemaltecos en relación con la Policía, porque también existe infinidad de casos documentados sobre secuestros, asesinatos y saqueo de viviendas y negocios.
Los propósitos del Ejecutivo para depurar a la PNC enfrentan dos escollos formidables. El primero es el interno, en donde una cuestionada Oficina de Responsabilidad Profesional es incapaz de realizar su trabajo con rapidez, entereza y responsabilidad, algunas veces por temor, otras por solidaridad con los corruptos y también por carecer de suficiente autonomía e independencia.
Merece mención especial el segundo muro de la impunidad policial, porque está representado, paradójicamente, por los jueces a cargo de los procesos en contra de los agentes.
A causa de esa ingrata actitud de los juzgados de Trabajo, se encuentra congelada la destitución de 300 policías cuya responsabilidad en hechos ilícitos quedó demostrada en los tribunales disciplinarios de la PNC.
La situación de la Policía no cambiará y, al contrario, se agravará, en tanto la justicia esté a cargo de individuos sin conciencia de su responsabilidad frente a los hechos y las circunstancias causantes de la impunidad y la arbitrariedad.
A causa de esos malos jueces, el país está a merced de las veleidades de los policías corruptos, porque, por extraño que parezca, el sistema judicial parece concebido para proteger a los delincuentes y mantener en permanente vulnerabilidad frente a ellos a las personas honradas.
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Q 7.62134