SENTIDO COMÚN
Era de esperarse
¿Quién regula a los reguladores?
Por: Manuel F. Ayau Cordón

Ante la crisis bancaria de los últimos meses, era de esperarse que de ciertos sectores se escuchara clamor por más regulaciones bancarias. Siempre es lo mismo: cuando algo falla, algunos piensan que se debió a insuficiente regulación del Gobierno.

Pero cuando la falla es del Gobierno, la solución sugerida es pedir más dinero. Así ha sucedido tradicionalmente con los bancos estatales que, cuando ya dilapidaron su capital y se encuentran insolventes, se “recapitalizan” con dineros de los contribuyentes. Al Crédito Hipotecario Nacional ya van varias veces que lo recapitalizan. Esos bancos no están simplemente regulados sino manejados 100 por ciento por el Gobierno, y los contribuyentes ni se enteran de cómo se reponen las pérdidas.

Quienes claman por más regulaciones no están enterados de que ya existen abundantes, excesivas y hasta entorpecedoras regulaciones, con extensa burocracia para supervisar. Obviamente, la falla no es por falta de regulaciones ni de insuficiente burocracia.

La falla que más contribuyó a las corridas insoportables de los bancos fue del Gobierno, de su banca central, al no proveer medio circulante al mercado, y de su Superintendencia de Bancos, responsable de la implementación de los reglamentos. Sin embargo, no se escucha clamor para que regulen más al Banguat o a la Superintendencia de Bancos.

Y, por supuesto, sería mucho esperar que se escuchara clamor para eliminar la banca central misma, porque como las operaciones bancarias para la mayoría de la población son un misterio, no se tiene memoria de los daños que ha causado el Banco de Guatemala (por ej., la década perdida de 1970, las quiebras y paralización de la economía al final de la de 1990, y otras), ni se sabe cómo es un mundo sin banca central.

La reacción de los sectores que claman por más intromisión burocrática demuestra consistencia ideológica, pues piensan que si el Estado no regula habrá caos y por ello el “Estado debe cuidar las inversiones de la gente”.

Además, demuestra ignorancia de cómo, en ausencia de regulaciones, el mercado es más eficiente y drástico en regular, siempre y cuando el Gobierno mismo no desplace, inhiba y haga desaparecer los mecanismos de control espontáneos del mercado.

Por ejemplo, si el Gobierno garantiza depósitos, no es dable que surjan aseguradoras o calificadoras de riesgo bancario. Fue la garantía estatal lo que causó la crisis bancaria más seria del siglo pasado en EE.UU. (Savings and Loan Association), pues como los depósitos estaban garantizados por el Gobierno, la gente, confiada, invertía donde más rendimiento prometían y no importaban los mayores riesgos.

Si Ud. invierte ahorros en un negocio cualquiera, está consciente de que puede perder, porque el Gobierno no lo garantiza. Pero si el Gobierno le está creando falsas expectativas de seguridad, desalienta la cautela de los depositantes y los releva de responsabilidad. La consecuencia la están sufriendo los depositantes.

La función de un Gobierno no es garantizar inversiones sino derechos, y un depósito monetario con un banco es un contrato. Pero allí es donde falla nuestro sistema de gobierno, porque hacer valer un contrato judicialmente es un largo calvario.

En consecuencia, aumentan los riesgos y costos de las transacciones de mercado porque es el Gobierno -y no el mercado- quien fija las condiciones contractuales, incluidos el qué y el cuánto pueden hacer los bancos. El público está confiado en que el Gobierno lo protegerá.

La debilidad del Estado paternalista la están sufriendo los depositantes. Nuestro régimen jurídico y judicial no induce respeto a los derechos contractuales de las personas, y menos se presta para deducir responsabilidades. Sin ello, no hay mercado que funcione.