COLABORACIONES
Veintisiete años después
El miércoles 31 de enero se cumplen 27 años de la quema de la Embajada de España, un aniversario que llega en medio de un estira y encoge legal que busca a los responsables de lo sucedido.

¿Por qué no se perdona?

La Embajada de España es símbolo del enfrentamiento de los polos ideológicos.

Por: Fernando Linares Beltranena *

Lo que pasó en la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980 siempre se ha visto por la lente de la ideología.

La izquierda culpa a la derecha; la derecha, a los izquierdosos. En los puntos más generales, los dos grupos están de acuerdo en que el embajador Cajal y López invitó a muchos personajes a estar presentes en la embajada ese día, entre los que estaban Eduardo Cáceres Lenhoff, Adolfo Molina Orantes, Mario Aguirre Godoy, Luis Beltranena Sinibaldi, Erick Ovalle y otros (no todos llegaron). El embajador, por medio de su secretaria, los llamó insistentemente, y se presume que quería testigos, como mínimo, o rehenes, como máximo, y lo coordinó con la llamada de un grupo de personas integrado por guerrilleros armados, campesinos y estudiantes.

Es muy difícil creer que Cajal y López no conspiró en preparar esta reunión, pero la lógica nos hace pensar que quería permitirle a la guerrilla un escenario para una conferencia de prensa, y el desenlace no lo previó cuando se le salió de las manos con la muerte de casi todos.

Es evidente que la Policía también pecó por impericia, pero en 1980 no existía ni el conocimiento ni la tecnología antisecuestros que se han desarrollado desde entonces, como lo vemos con los grupos modernos SWAT.

La lógica, los testigos presenciales y la toma de la televisión de Aquí el mundo indican y muestran que la Policía no pretendía matar a los ocupantes de la Embajada, sobre todo porque sabía que había rehenes, sino que fue por el nerviosismo de los guerrilleros armados con bombas molotov, quienes, voluntaria o accidentalmente, las hicieron estallar. Las puertas cerradas, las alfombras y cortinas inflamables hicieron lo demás.

Evidentemente, Cajal y López fue responsable de homicidio preterintencional, en algún grado, y la Policía actuó con culpa, con impericia, aunque acudió con la intención de salvar vidas.

Han pasado muchos años desde aquello, y la Embajada de España es símbolo del enfrentamiento de los polos ideológicos, de las extremas que han gobernado o querido gobernar nuestro país y, como se decía antes, de los chancles y de los pelados. Mi predicción es que mermará la confrontación.

Las nuevas generaciones ya no se acuerdan presencialmente de lo que ocurrió en 1980. Las camisetas con la imagen del Che Guevara cada vez se vuelven más pálidas y la prosperidad, por otro lado, ayuda a que a los dirigentes de izquierda les cueste cada vez más convencer a las masas.

Con el desarrollo económico hay también desarrollo emocional o psíquico, lo que hace que exista menos resentimiento y que, aunque exista, se desahogue por medios más civilizados como la democracia, y no por la violencia.

No será tanto por las firmas de la paz que cese la confrontación violenta, sino por la evolución psíquica de los fanáticos que volcarán su resentimiento por vías más civilizadas.

* Abogado penalista

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Ausencia de justicia

El sistema de justicia interno ha sido cobarde e incapaz de funcionar independientemente.

Por: Aura Elena Farfán *

Con el incendio de la Embajada de España y la quema viva de 39 personas, quedó claro de lo que era capaz el gobierno de Romeo Lucas García y quienes dirigían los aparatos represivos de la época. Con ese crimen no quedó ninguna duda del carácter represivo del régimen y su disposición de terminar con cualquier rasgo de organización y protesta.

Era la continuación desalmada del autoritarismo, del terrorismo de Estado que se había manifestado con las ejecuciones extrajudiciales de prominentes líderes de todos los sectores populares, profesionales y líderes políticos.

Se cumplen 27 años de ese hecho deleznable que dio la vuelta al mundo en pocos minutos y conmovió a la sociedad guatemalteca, sin que, hasta el momento, quienes tienen la obligación de la investigación y la persecución penal hayan hecho algo para resarcir a las víctimas y sus familiares, llevando a los tribunales a los responsables materiales e intelectuales para que sean juzgados y sentar precedentes para que crímenes de lesa humanidad no se repitan.

Veintisiete años después, la esperanza de justicia llega de afuera, porque el sistema de justicia interno ha sido cobarde e incapaz de funcionar independientemente, apegado a Derecho y no a intereses político-partidistas o de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que siguen provocando zozobra.

Esperamos que las órdenes del juez Pedraz, del tribunal español, se sigan ejecutando y que, por dignidad y vergüenza, los jueces apliquen la justicia a todos los responsables. La impunidad sólo puede combatirse con la aplicación de la justicia.

Hoy en día, los acusados de genocidio y los abogados defensores de militares siguen haciendo uso y abuso de recursos de amparo para impedir que, con base en la jurisdicción universal, otro Estado pueda juzgarlos.

Hablan de soberanía e intromisión, y al mismo tiempo bloquean y obstaculizan la aplicación de la justicia interna; tal el caso de la masacre de Dos Erres, por la que, desde 1995, se presentó denuncia y está en manos del Ministerio Publico, sin que hasta la fecha se llegue a la apertura a juicio, y existe un recurso sin resolver en la Corte de Constitucionalidad desde hace tres años, porque con ello se afectan los intereses políticos del general Ríos Montt, continuador de la política de exterminio iniciada en 1978 por el también general Romeo Lucas García.

Nos preguntamos, ¿cuándo tendremos los guatemaltecos la oportunidad de enfrentar nuestro pasado, encontrar la verdad, aplicar la justicia, reconciliarnos y vivir en un estado de Derecho?

Anhelamos heredar a las nuevas generaciones una Guatemala diferente, donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad.

* Activista de derechos humanos