EDITORIAL
En torno de la carrera pública

Las reformas a la Ley de Servicio Civil, propuestas por el Ejecutivo al Congreso de la República, deben ser sometidas a análisis minucioso y profundo antes de su aprobación, con el propósito de encauzar el desempeño de los funcionarios y empleados públicos por derroteros de eficacia y eficiencia.

Aparentemente, estos dos últimos aspectos han sido tomados en cuenta por el vicepresidente Eduardo Stein, un ardoroso defensor de la reforma, porque en sus argumentos sobre ella suele fundir la dicotomía de estabilidad y calidad de los burócratas como razón para considerar urgente aquella norma.

Esa visión de Stein da razón para ver esos cambios como una oportunidad de resolver diversos vicios en la fuerza laboral del Estado, como las contrataciones por compadrazgo o clientelismo, sin tomar en cuenta capacidades y cualidades de los beneficiados, y, a la inversa, el pago injusto y la discriminación salarial, jerárquica y de otro tipo, para quienes merecen mejores pagas y puestos, pero carecen de la bendición política acostumbrada.

Una ley con la posibilidad de resolver el lastre del mal desempeño del sector público, una de las causas del subdesarrollo del país, debe fundarse en la aspiración de un Estado transparente, moderno, eficaz y eficiente, y al servicio de las personas y sus derechos.

Es imperativa la coerción que garantice a los guatemaltecos cobertura de los servicios considerados monopolio del Estado, como la seguridad pública, la defensa territorial, la aplicación de justicia, la legislación, ciertas actividades a cargo de las comunas y de otras instituciones y, en menor grado -porque también las presta el sector privado- la salud y la educación, en condiciones de calidad y celeridad tanto en el trámite como en prestación o acceso a ellos.

Es inseparable del buen desempeño la exigencia, en todas las instancias del Gobierno, de la rendición de cuentas, la fiscalización y la garantía del derecho del público a practicar auditoría social, en especial, para fortalecer la conducta en competencia y solvencia moral.

Un viejo dilema en el sector público reside en la dificultad para medir el buen desempeño, y eso hace difícil, aunque no imposible, un sistema de paga por resultados, en el que el empleado tuviera asegurado un monto fijo más un complemento por los resultados obtenidos.

Pero como están las cosas en Guatemala, con esa fórmula se verían en serios aprietos salariales los fiscales ineficientes en investigaciones, jueces sin sentencias, policías sin capturas, diputados sin leyes o fiscalización, contralores sin detección de corruptos, médicos sin trabajar y maestros dedicados a la holganza.

Obviamente, esto es improcedente a la luz del papel tutelar y preventivo del Estado en diversos ámbitos, en donde la sola presencia o vigencia de la autoridad previene conductas reprobables.

Pero la evaluación del desempeño resulta ineludible en una norma que aspire a garantizar la atención correcta del ciudadano, la simplificación administrativa y la rendición de cuentas.

Fo
Por: fo@guate.net.gt

TIEMPO Y DESTINO
Las ejecuciones extrajudiciales (V)
Los delincuentes condenados no dejan de ser personas.
Por: Luis Morales Chúa

Los apologistas de las arbitrariedades oficiales en materia de seguridad no tienen la menor idea del daño que pueden causar a los funcionarios públicos que dirigieron el operativo contra los reos de Pavón.

Los están colocando ante posibles futuras consecuencias penales, fuera del cepillazo de llamarlos “héroes” por actos normales en cumplimiento del deber. La heroicidad está en acciones como la de David contra Goliat. Lo pequeño en recursos contra lo grande y poderoso.

Pero nadie habla del heroísmo de Goliat cuando, antes de su lucha con David, aplastaba a muchos seres normales y más pequeños que él; porque cuando se actúa con superioridad numérica y con armas que el enemigo no tiene, no existe heroísmo alguno. Ese es el caso de tres mil policías y soldados bien armados, tanquetas, y helicópteros sobrevolando el penal, contra prisioneros desarmados.

¿Por qué los apologistas, con vocación pro gobiernista, pueden dañar a sus “héroes”?

Porque, entre otras razones, la ejecución extrajudicial de una persona, sea cual fuere su negro historial, ha sido tipificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como crimen de lesa humanidad y le asigna carácter imprescriptible.

Y podría ser que algún día Guatemala tenga un Gobierno, un Ministerio Público y un Organismo Judicial que puedan y quieran hacer aplicación en nuestro país de esas resoluciones de tribunales internacionales.¿Está claro esto? Y en vía de ilustración, cito un párrafo de la sentencia de la CIDH, dictada en el caso de un ciudadano chileno:

“152. En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable, es imprescriptible. Como se señala en los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda.

El daño que tales crímenes ocasiona permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad |161| claramente afirma que tales ilícitos internacionales son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.

Otro de los efectos de esa sentencia es que anula cualquier decreto de amnistía que deje impunes los crímenes de lesa humanidad, y obliga a las cortes supremas de justicia y a los tribunales de justicia ordinarios a tramitar o reactivar los procesos, aunque éstos ya estuvieren archivados.

Y hay otras implicaciones, si se pudiera demostrar que la muerte de los siete reos de Pavón -como lo afirma el reportaje de elPeriódico, citado en mi artículo anterior- fueron, en realidad, ejecuciones extrajudiciales.

Una es que orienta a quienes todavía no han podido entender que los reos condenados conservan derechos, que esos derechos existen y valen; que los convictos siguen siendo personas, aun cuando vayan camino al módulo letal, al paredón o a la horca; y que no deben ser terminados como reses en el matadero, aun cuando, en circunstancias como las actuales, nuestro país sea un matadero de 108 mil 889 kilómetros cuadrados, como consecuencia de las actividades del crimen organizado y otras causas más, y porque existe un texto internacional, aprobado por Guatemala, que contiene las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977, y acerca del cual escribiré algo más adelante.

SENTIDO COMÚN
Era de esperarse
¿Quién regula a los reguladores?
Por: Manuel F. Ayau Cordón

Ante la crisis bancaria de los últimos meses, era de esperarse que de ciertos sectores se escuchara clamor por más regulaciones bancarias. Siempre es lo mismo: cuando algo falla, algunos piensan que se debió a insuficiente regulación del Gobierno.

Pero cuando la falla es del Gobierno, la solución sugerida es pedir más dinero. Así ha sucedido tradicionalmente con los bancos estatales que, cuando ya dilapidaron su capital y se encuentran insolventes, se “recapitalizan” con dineros de los contribuyentes. Al Crédito Hipotecario Nacional ya van varias veces que lo recapitalizan. Esos bancos no están simplemente regulados sino manejados 100 por ciento por el Gobierno, y los contribuyentes ni se enteran de cómo se reponen las pérdidas.

Quienes claman por más regulaciones no están enterados de que ya existen abundantes, excesivas y hasta entorpecedoras regulaciones, con extensa burocracia para supervisar. Obviamente, la falla no es por falta de regulaciones ni de insuficiente burocracia.

La falla que más contribuyó a las corridas insoportables de los bancos fue del Gobierno, de su banca central, al no proveer medio circulante al mercado, y de su Superintendencia de Bancos, responsable de la implementación de los reglamentos. Sin embargo, no se escucha clamor para que regulen más al Banguat o a la Superintendencia de Bancos.

Y, por supuesto, sería mucho esperar que se escuchara clamor para eliminar la banca central misma, porque como las operaciones bancarias para la mayoría de la población son un misterio, no se tiene memoria de los daños que ha causado el Banco de Guatemala (por ej., la década perdida de 1970, las quiebras y paralización de la economía al final de la de 1990, y otras), ni se sabe cómo es un mundo sin banca central.

La reacción de los sectores que claman por más intromisión burocrática demuestra consistencia ideológica, pues piensan que si el Estado no regula habrá caos y por ello el “Estado debe cuidar las inversiones de la gente”.

Además, demuestra ignorancia de cómo, en ausencia de regulaciones, el mercado es más eficiente y drástico en regular, siempre y cuando el Gobierno mismo no desplace, inhiba y haga desaparecer los mecanismos de control espontáneos del mercado.

Por ejemplo, si el Gobierno garantiza depósitos, no es dable que surjan aseguradoras o calificadoras de riesgo bancario. Fue la garantía estatal lo que causó la crisis bancaria más seria del siglo pasado en EE.UU. (Savings and Loan Association), pues como los depósitos estaban garantizados por el Gobierno, la gente, confiada, invertía donde más rendimiento prometían y no importaban los mayores riesgos.

Si Ud. invierte ahorros en un negocio cualquiera, está consciente de que puede perder, porque el Gobierno no lo garantiza. Pero si el Gobierno le está creando falsas expectativas de seguridad, desalienta la cautela de los depositantes y los releva de responsabilidad. La consecuencia la están sufriendo los depositantes.

La función de un Gobierno no es garantizar inversiones sino derechos, y un depósito monetario con un banco es un contrato. Pero allí es donde falla nuestro sistema de gobierno, porque hacer valer un contrato judicialmente es un largo calvario.

En consecuencia, aumentan los riesgos y costos de las transacciones de mercado porque es el Gobierno -y no el mercado- quien fija las condiciones contractuales, incluidos el qué y el cuánto pueden hacer los bancos. El público está confiado en que el Gobierno lo protegerá.

La debilidad del Estado paternalista la están sufriendo los depositantes. Nuestro régimen jurídico y judicial no induce respeto a los derechos contractuales de las personas, y menos se presta para deducir responsabilidades. Sin ello, no hay mercado que funcione.

COLABORACIÓN
Embotellamientos
La falta de previsión de los técnicos en carreteras agrava problemas, en perjuicio de la población.
Por: Jaime Córdova

Estamos de acuerdo en que el lento desarrollo marcado por los gobiernos en el país origina dificultades de acoplamiento en la población. Ejemplo: trabajos en vías de comunicación importantes, con el respectivo beneficio final, por supuesto. También entendemos que los técnicos involucrados en diversas clases de obras tienen la obligación de minimizar los problemas.

Nos referiremos a la importante ruta Interamericana, región occidente, que cubre Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y frontera con México, sometida ahora a la ejecución de dos obras diferentes en un mismo tramo, lo cual es causa de serios embotellamientos de vehículos en diversas franjas, particularmente en las llamadas horas pico.

Igual calvario han sufrido y sufren quienes utilizan las rutas a El Salvador, al Atlántico y al Pacífico, precisamente por improvisaciones y falta de programas preventivos. Aunque podría decirse que su impacto social no es tan severo como la inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, robos millonarios y ahora la parcial crisis bancaria, la amolada población tiene derecho a bajar un poco su estrés, no aumentarlo.

En la autopista Guatemala-San Lucas Sacatepéquez (25 kilómetros) colocan una nueva capa -pero esta vez, de cemento-. Excelente, así tiene que ser, y construyen un paso a desnivel a inmediaciones de Mixco, en la interconexión con Ciudad San Cristóbal, qué bien.

Sin embargo, descuidos técnicos perjudican a millares de personas y vehículos que transitan por dicha ruta, incluido el turismo internacional, que deja considerables divisas al país.

Las partes debieron ponerse de acuerdo, pero no sucedió así. La primera obra la impulsa el Ministerio de Comunicaciones, y la otra, la Municipalidad de Mixco. La problemática está dada, hay que aguantarse o buscar soluciones inmediatas que hagan menos pesada la carga: pérdida de valioso tiempo, llegada tarde a los trabajos, cansadas filas bajo el sol o lluvia, vehículos averiados, cóleras, accidentes, gastos, etc.

Las imprevisiones nos hacen pensar en posibilidades; somos periodistas, no ingenieros, pero hay cuestiones prácticas entendibles por cualquier ciudadano común.

De manera organizada y con la orientación debida, se podrían utilizar las carreteras asfaltadas Guatemala-San Pedro Sacatepéquez-Santiago Sacatepéquez o Xenacoj, y Guatemala-Villa Nueva-Bárcenas-Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. Otra opción sería permitir el paso de vehículos en sólo dos carriles, lentos pero seguros, sin paradas.

Se suman ahora las paradas en San Lucas con considerables esperas de y hacia la capital, Antigua Guatemala y Chimaltenango, lo cual hace más pesado el tránsito.

COLABORACIONES
Veintisiete años después
El miércoles 31 de enero se cumplen 27 años de la quema de la Embajada de España, un aniversario que llega en medio de un estira y encoge legal que busca a los responsables de lo sucedido.

¿Por qué no se perdona?

La Embajada de España es símbolo del enfrentamiento de los polos ideológicos.

Por: Fernando Linares Beltranena *

Lo que pasó en la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980 siempre se ha visto por la lente de la ideología.

La izquierda culpa a la derecha; la derecha, a los izquierdosos. En los puntos más generales, los dos grupos están de acuerdo en que el embajador Cajal y López invitó a muchos personajes a estar presentes en la embajada ese día, entre los que estaban Eduardo Cáceres Lenhoff, Adolfo Molina Orantes, Mario Aguirre Godoy, Luis Beltranena Sinibaldi, Erick Ovalle y otros (no todos llegaron). El embajador, por medio de su secretaria, los llamó insistentemente, y se presume que quería testigos, como mínimo, o rehenes, como máximo, y lo coordinó con la llamada de un grupo de personas integrado por guerrilleros armados, campesinos y estudiantes.

Es muy difícil creer que Cajal y López no conspiró en preparar esta reunión, pero la lógica nos hace pensar que quería permitirle a la guerrilla un escenario para una conferencia de prensa, y el desenlace no lo previó cuando se le salió de las manos con la muerte de casi todos.

Es evidente que la Policía también pecó por impericia, pero en 1980 no existía ni el conocimiento ni la tecnología antisecuestros que se han desarrollado desde entonces, como lo vemos con los grupos modernos SWAT.

La lógica, los testigos presenciales y la toma de la televisión de Aquí el mundo indican y muestran que la Policía no pretendía matar a los ocupantes de la Embajada, sobre todo porque sabía que había rehenes, sino que fue por el nerviosismo de los guerrilleros armados con bombas molotov, quienes, voluntaria o accidentalmente, las hicieron estallar. Las puertas cerradas, las alfombras y cortinas inflamables hicieron lo demás.

Evidentemente, Cajal y López fue responsable de homicidio preterintencional, en algún grado, y la Policía actuó con culpa, con impericia, aunque acudió con la intención de salvar vidas.

Han pasado muchos años desde aquello, y la Embajada de España es símbolo del enfrentamiento de los polos ideológicos, de las extremas que han gobernado o querido gobernar nuestro país y, como se decía antes, de los chancles y de los pelados. Mi predicción es que mermará la confrontación.

Las nuevas generaciones ya no se acuerdan presencialmente de lo que ocurrió en 1980. Las camisetas con la imagen del Che Guevara cada vez se vuelven más pálidas y la prosperidad, por otro lado, ayuda a que a los dirigentes de izquierda les cueste cada vez más convencer a las masas.

Con el desarrollo económico hay también desarrollo emocional o psíquico, lo que hace que exista menos resentimiento y que, aunque exista, se desahogue por medios más civilizados como la democracia, y no por la violencia.

No será tanto por las firmas de la paz que cese la confrontación violenta, sino por la evolución psíquica de los fanáticos que volcarán su resentimiento por vías más civilizadas.

* Abogado penalista

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Ausencia de justicia

El sistema de justicia interno ha sido cobarde e incapaz de funcionar independientemente.

Por: Aura Elena Farfán *

Con el incendio de la Embajada de España y la quema viva de 39 personas, quedó claro de lo que era capaz el gobierno de Romeo Lucas García y quienes dirigían los aparatos represivos de la época. Con ese crimen no quedó ninguna duda del carácter represivo del régimen y su disposición de terminar con cualquier rasgo de organización y protesta.

Era la continuación desalmada del autoritarismo, del terrorismo de Estado que se había manifestado con las ejecuciones extrajudiciales de prominentes líderes de todos los sectores populares, profesionales y líderes políticos.

Se cumplen 27 años de ese hecho deleznable que dio la vuelta al mundo en pocos minutos y conmovió a la sociedad guatemalteca, sin que, hasta el momento, quienes tienen la obligación de la investigación y la persecución penal hayan hecho algo para resarcir a las víctimas y sus familiares, llevando a los tribunales a los responsables materiales e intelectuales para que sean juzgados y sentar precedentes para que crímenes de lesa humanidad no se repitan.

Veintisiete años después, la esperanza de justicia llega de afuera, porque el sistema de justicia interno ha sido cobarde e incapaz de funcionar independientemente, apegado a Derecho y no a intereses político-partidistas o de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que siguen provocando zozobra.

Esperamos que las órdenes del juez Pedraz, del tribunal español, se sigan ejecutando y que, por dignidad y vergüenza, los jueces apliquen la justicia a todos los responsables. La impunidad sólo puede combatirse con la aplicación de la justicia.

Hoy en día, los acusados de genocidio y los abogados defensores de militares siguen haciendo uso y abuso de recursos de amparo para impedir que, con base en la jurisdicción universal, otro Estado pueda juzgarlos.

Hablan de soberanía e intromisión, y al mismo tiempo bloquean y obstaculizan la aplicación de la justicia interna; tal el caso de la masacre de Dos Erres, por la que, desde 1995, se presentó denuncia y está en manos del Ministerio Publico, sin que hasta la fecha se llegue a la apertura a juicio, y existe un recurso sin resolver en la Corte de Constitucionalidad desde hace tres años, porque con ello se afectan los intereses políticos del general Ríos Montt, continuador de la política de exterminio iniciada en 1978 por el también general Romeo Lucas García.

Nos preguntamos, ¿cuándo tendremos los guatemaltecos la oportunidad de enfrentar nuestro pasado, encontrar la verdad, aplicar la justicia, reconciliarnos y vivir en un estado de Derecho?

Anhelamos heredar a las nuevas generaciones una Guatemala diferente, donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad.

* Activista de derechos humanos

LA BUENA NOTICIA
Perder el tiempo al rechazar la Verdad
Abrirse a lo que pide la Verdad.
Por: Víctor Hugo Palma Paúl

Se atribuye al filósofo Sören Kierkegaard haber dicho: “Si alguna vez me convierto, no me arrepentiré tanto de mis errores como del tiempo que perdí en no querer reconocerlos”.

Con ello indicaba el pensador que, lamentablemente, sí existen en el espíritu humano la actitud y el tiempo en que se rechaza la verdad: verdad de la situación en que se vive, verdad molesta sobre los desatinos cometidos que afectan no sólo al sujeto, sino a muchos más.

Es aquel tiempo en que puede más el peso de la propia historia negativa que la posible redención de sí mismo, quizás porque los intereses creados ya han bloqueado toda posibilidad de abrirse a lo que pide la Verdad.

Es el “todavía no” a la vida y felicidad auténticas. Tal es precisamente el drama humano y espiritual que denuncia la escena del Evangelio de este domingo.

Se trata de la continuación de otro momento donde todo parecía ir bien, no sólo para el Esperado que llegaba a su propia casa (“vino a Nazareth, donde se había creado”) sino para los escuchas emocionados por su solemne afirmación: “Esta Escritura se cumple hoy”.

Ahora, sin embargo, en la segunda parte de aquel encuentro, todo cambia: cuando la Verdad completa en la persona de Jesucristo toca los intereses de quien cree ya poseerla, cuando se revela a la propia conciencia que en fondo se sirve a ídolos que se han fabricado con el paso del tiempo, como lo son considerarse mejores que los demás, y hasta apropiarse de lo que es para todos... en ese momento la Verdad comienza a aborrecerse, e incluso a ser objeto de todos los atentados posibles por ser molesta a un modo de existencia sin el cual no se puede ya vivir: “Se llenaron de ira, lo sacaron de la ciudad e intentaron despeñarlo”.

Se inician así el tiempo y todos los tiempos de retraso a la vida en la historia humana; tiempo y tiempos que, sin embargo, desde la fe cristiana, no son insalvables o irredimibles, pues sí hay otra alternativa: abrirse a uno que actúa de modo diferente -elige a los extranjeros y pequeños para favorecerlos, como Naamán y la sirofenicia- y devolverle a Él la perspectiva de la existencia que ya han cerrado los privilegios practicados y que han corrompido los sentimientos de superioridad nunca justificados.

Ah, si esto se practicara un día dichoso... entonces, para sí mismo, para la familia, la sociedad y hasta para el mundo se recobrarían todos los años perdidos en la lucha contra la Verdad, y volvería a tener su frescura y actualidad la más hermosa afirmación que los anhelos humanos han escuchado: “Esta Escritura ya se cumple hoy”.