Aumentan sospechas en negocio de sindicalista
Antes del depósito de Q5 millones, Nery Barrios tenía Q95 en su cuenta
Por: Coralia Orantes

Movimientos sospechosos en cuentas bancarias y anomalías en la inscripción de una finca y en los desplegados registrales de ese inmueble son algunos de los puntos que aumentan las sospechas del Ministerio Público (MP) respecto de la vinculación del sindicalista Nery Barrios en el lavado de Q5 millones, provenientes de la Portuaria Quetzal.

En forma voluntaria, Barrios, presidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), se presentó ayer a declarar a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, con la finalidad de dar sus argumentos en relación con los hallazgos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) respecto de que en su cuenta bancaria fue depositado un dinero que sería utilizado para indemnizar a 172 familias campesinas que ocupaban terrenos de la Portuaria Quetzal.

Barrios manifestó a los fiscales que todo se trataba de un negocio lícito; para demostrarlo, dejó copia del documento que prueba el pago que efectuó a Nery Giovanny Cachupe (vendedor del terreno en Masagua, Escuintla), los documentos de promesa de compraventa y los movimientos registrales de la supuesta finca.

A pesar de ello, en la denuncia se demuestra que Barrios no sólo recibió dinero directamente de la entidad Asociación Campesina Once de Diciembre, sino de manos del abogado Walter Robles, fondos que fueron depositados en una cuenta que hasta el 22 de septiembre de 2006 tenía Q95.

Barrios, al recibir el dinero, lo distribuyó en tres partes: Q4 millones fueron a manos de Cachupe, otra parte fue para cancelar un préstamo, y la última, para abrir una cuenta.

El 20 de enero último, Barrios pagó a Cachupe Q650 mil, pero aún no se ha cancelado la totalidad del terreno.

Durante su declaración, más de 300 personas manifestaron en apoyo a Barrios frente a la sede del MP.

Investigaciones

Pero el movimiento del dinero no quedó allí, pues se ha logrado determinar que Cachupe, al recibir los Q4 millones de manos de Barrios, los distribuyó por lo menos a otras siete personas, entre ellos, a José Venancio Ruiz Solórzano y su esposa, Claudia Gramajo, supuestos antiguos dueños del inmueble en 2004.

Entre las pesquisas también sobresale que la escritura de inscripción de la finca es aparentemente legal, pero la finca, como tal, no tiene existencia física.

Para hoy, la Fiscalía tiene previsto hacer una inspección en los libros del Registro de la Propiedad y verificar la legalidad de dichas inscripciones.

Leopoldo Liu, fiscal del caso, explicó que no descarta citar a todas las personas que se hayan beneficiado con esos fondos.