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Guatemala, viernes 09 de febrero de 2007

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Opinión

EDITORIAL
Los comentarios vicepresidenciales

Los funcionarios públicos, en especial los de más alto rango, no pueden hacer comentarios ni apreciaciones personales sobre temas políticos sin que sean válidamente considerados una especie de intromisión en asuntos ajenos al ámbito de su competencia.

Esta verdad es necesario señalarla como consecuencia de lo expresado por el vicepresidente de la República, doctor Eduardo Stein, respecto de la presunta imposibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para impulsar 687 nuevos centros electorales en los comicios de este año, lo que originó una reacción de evidente molestia de los magistrados de esa institución.

La expresión pública de una opinión personal de quien ocupa la vicepresidencia del país es un hecho político, inconveniente porque puede provocar, como de hecho ocurrió, reacciones de rechazo del TSE, y con ello dar la impresión de un distanciamiento entre funcionarios que comparten el hecho de tener responsabilidades importantes, aunque por razones distintas, en la vida y el proceso políticos de la Nación.

Probablemente no llega a ser una falta de respeto, ya que esto último sobre todo es el resultado de la forma en que se expresan las ideas, pero lo mejor es guardar silencio, así como evitar reacciones de indignación que podrían no estar ciento por ciento justificadas.

El TSE tiene problemas más serios en este momento. Los partidos políticos han encontrado una forma de presionar por medio de la ampliación del número de mesas electorales, y por el otro, en no otorgar los fondos suficientes para eso. Acostumbrados a desconfiar de las acciones partidistas, a los guatemaltecos conscientes no les queda más remedio que pensar en cuáles serán las razones reales de aquella actitud.

Y entre éstas se encuentran el tener preparada algún tipo de crítica o de intento de descalificación a la tarea del TSE, sobre todo en los lugares donde los partidos, por falta de suficientes representantes, puedan hacer señalamientos de irregularidades.

Pero también la decisión de colocarse en una actitud de exagerado control de los fondos que son necesarios para mantener el nivel de aceptación popular, supuestamente para que la autoridad electoral proyecte suficiente confianza como para no tener sospechas de nada cuando anuncie el resultado de los comicios.

Es correcto el señalamiento de que las reformas a la Ley Electoral no debieron haber sido aprobadas en este momento, cuando la efervescencia en ese ámbito empieza a manifestarse. El aumento de las mesas electorales no puede ser decidido sin antes realizar una campaña masiva de convencimiento para que los ciudadanos tengan sus papeles en orden, sobre todo en lugares alejados, y además se decidan a ir a votar.

Es importante señalar qué se puede hacer si el Congreso no aprueba los fondos suficientes.

Deberá de haber una reducción de mesas, y en ese sentido las palabras del vicepresidente expresan la preocupación de muchos ciudadanos. Urge entonces trabajar conjuntamente en beneficio de una de las tareas más importantes de la democracia: elegir sin temor a la burla de la voluntad popular.

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