EDITORIAL
¿Quién juzga a los malos jueces?

Dos mil 924 denuncias, en sólo dos años, en contra de jueces y magistrados, por abusos cometidos en el desempeño de su trabajo, es una cifra demasiada abultada para verla como algo rutinario en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no darle la importancia debida, en especial, por tratarse de un sector bajo permanente crítica pública y señalamientos de contubernio con quienes tienen el poder y la fortuna suficientes para comprar voluntades.

El manifiesto poco interés de la cúpula de la justicia para sancionar esas denuncias de corrupción —y el secretismo con que las maneja, de suerte que se ocultan al escrutinio público— es una de las causas del acrecentamiento de la desconfianza de los guatemaltecos en la idoneidad de los jueces.

Existen, por cierto, casos extremos de tolerancia ante la podredumbre, como el de un juez de un departamento del norte del país, contra quien pesan 22 denuncias de arbitrariedades, algunas de las cuales fueron recientemente comprobadas por un magistrado, y por increíble que parezca, aún permanece en su puesto y causa grave daño social con sus resoluciones.

Pero tan penosa como el desempeño de ese togado —vergüenza para sus colegas— resulta la pretensión de la CSJ de buscar una salida a la creciente inconformidad social por las actuaciones de los malos jueces con sólo rotarlos hacia otras judicaturas, porque equivale a trasladar un cáncer de lugar, para que corrompa otras partes del cuerpo.

La ausencia de sanciones a tanto envilecimiento ha resultado en la virtual institucionalización de la ilegalidad y la exigencia de otro tipo de prebendas en la administración de justicia.

Esa generalizada práctica de vender los fallos al mejor postor es una posibilidad permanentemente abierta para poner precio a la voluntad de funcionarios venales.

Probablemente, la CSJ ve en la rotación una forma intermedia de dar respuesta a un sentimiento social, porque, ha de suponer, por un lado, retira al mal servidor del lugar donde lo rechazan, y por otro, no afecta la hoja de servicio ni deja desempleado a éste, en una malentendida solidaridad gremial, lamentablemente tolerada por una Ley de la Carrera Judicial redactada al gusto de quienes medran de la benignidad.

¿Cuántos magistrados, jueces y otros empleados de los tribunales han sido destituidos, sancionados o sometidos a proceso por sus fechorías? Probablemente muy pocos, si no es que ninguno, entre otras cosas, además de la señalada, porque no existe sobre ellos una fiscalización permanente, como sí ocurre con los empleados del Organismo Ejecutivo, aunque no por ello estén libres de señalamientos de perversión.

Resulta en tragedia la parsimonia de la CSJ para sanear otro de los poderes del Estado más desprestigiados, sin medir las consecuencias para ese estamento y para sus trabajadores honrados, y para la propia justicia, desde la perspectiva y el interés de los ciudadanos.