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EDITORIAL
Ante el asesinato de diputados
Todos los guatemaltecos conscientes condenamos en forma unánime el alevoso asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y del piloto que los acompañaba, ocurrido el lunes, a 36 kilómetros de la capital guatemalteca, en circunstancias que hacen pensar en toda una gama de conjeturas que de ninguna manera deben borrar o diluir siquiera la pena porque de nuevo el territorio de nuestro país se vea ensangrentado.
Los diputados Eduardo D’aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, todos del gobernante partido Arena, de El Salvador, eran personas ampliamente conocidas en los círculos políticos del vecino país. El primero de ellos era hijo de Roberto D’aubuisson, fundador del partido mencionado. Habían venido a Guatemala ese mismo día para asistir a una sesión del Parlacen, y por la noche fueron encontrados muertos en el interior de su automóvil, que fue incendiado por los asesinos.
El Gobierno de Guatemala, al haber presentado sus muestras de condolencia y consternación por el hecho, recogió el sentir nacional. Es preocupante, además, porque por desgracia la carretera que llega a la frontera salvadoreña y pasa por Cuilapa y otros lugares del oriente, ha sido escenario de varios crímenes y delitos en contra de ciudadanos salvadoreños, al punto que algunos de ellos hace dos años iniciaron una campaña en los medios informativos para instar a que los salvadoreños no visiten este país. Todo terminó luego de la intervención directa de los presidentes Óscar Berger y Francisco Flores.
Las autoridades guatemaltecas están obligadas a llevar a cabo investigaciones profundas para esclarecer el crimen, cuya explicación más obvia es que los asesinos son asaltantes guatemaltecos que los atacaron para robarles.
Pero las investigaciones de las autoridades nacionales no deben descartar cualquier otra posibilidad, entre ellas, la de que se trate de una operación criminal perpetrada por extranjeros en el territorio nacional, con el objetivo de desviar la atención de la opinión pública y de los investigadores.
Los asesinatos de personas que desarrollan actividad política importante pueden ser cometidos por una miríada de razones, desde las puramente políticas hasta las personales. La posibilidad de que este caso sea producto de la delincuencia común y que ellos se hayan encontrado a sus asesinos en forma casual, no parece tener muy sólidos argumentos al momento en que se escribe este editorial.
Todo apunta a que fue un crimen premeditado, y sólo queda establecer la identidad y la nacionalidad de los asesinos.
No cabe duda de que el prestigio de Guatemala se ve afectado con hechos de esta calaña, como ocurriría en cualquier país donde parlamentarios de repúblicas vecinas encuentran una muerte con las características de salvajismo y de violencia de este asesinato.
La tarea principal en estos momentos, para ambos gobiernos, es unificar esfuerzos de investigación y reiterar que las relaciones cordiales entre los ciudadanos no tienen motivo de verse afectadas por un crimen del que los guatemaltecos comunes y corrientes somos inocentes.
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Q 7.62134