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EDITORIAL Esclarecimiento de cuatro asesinatos
Gracias a una combinación afortunada de buena suerte y de tecnología, las autoridades guatemaltecas lograron aclarar el alevoso asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y de un acompañante, en una acción que deja abiertas las puertas de las investigaciones policiales tanto de Guatemala como de El Salvador, con el objetivo de establecer la autoría intelectual del hecho, relacionado, cada vez con más fuerza, con el crimen organizado.
Los gobiernos de los dos países coincidieron desde el principio en su apreciación de que este hecho criminal no es producto de un encuentro casual de las víctimas con los criminales. Pero pocas horas después, el interés de la Policía guatemalteca hizo que descubriera quiénes habían sido los criminales, cómo y dónde habían actuado.
El asunto queda entonces en manos de la justicia, que tiene un caso que puede terminar con la pena capital, a consecuencia de los numerosos agravantes.
Lo ocurrido, por otra parte, demuestra que la corrupción y el crimen se encuentran incrustados en algunos de los más altos niveles de las autoridades. Uno de los acusados era jefe de la Sección contra el Crimen Organizado, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía guatemalteca.
Demuestra, además, que los vínculos entre los criminales sobrepasan las fronteras nacionales, porque poca duda cabe de que la orden vino de El Salvador, lo que motiva que las investigaciones policiales sean realizadas por autoridades de ambos países trabajando en conjunto y con amplia colaboración.
Guatemala tiene, por su parte, la tarea de dejar muy claro que el hecho criminal mencionado tuvo lugar en su territorio, lamentablemente con la participación de personas relacionadas con el combate de la delincuencia, pero que ello no puede justificar que se promueva un cambio en la sede del Parlacen, lo que es positivo para el país, independientemente de la opinión acerca de la utilidad de esa entidad regional que por infortunio toma decisiones no vinculantes, es decir, de cumplimiento no obligatorio de parte de los países, lo que la ha convertido en refugio de algunos políticos de poco prestigio.
La muerte de los tres parlamentarios salvadoreños comprueba el nivel de penetración del crimen organizado, pero al mismo tiempo demuestra que en la actualidad las autoridades tienen equipos tecnológicos de primera que permitieron comprobar en forma científica la participación de los acusados, y hacerlo en un tiempo verdaderamente corto, a diferencia de como ocurre aquí en la mayoría de casos.
Se trata, indudablemente, de un caso sin precedentes en la historia criminal del istmo centroamericano. Nunca antes habían muerto, y sobre todo de manera tan violenta y por ello más repudiable, tres parlamentarios de un país, todos ampliamente conocidos por su participación política.
Las investigaciones exitosas de este asesinato pueden marcar el inicio de una etapa en la que los ciudadanos empiecen a quitarse el convencimiento de que la impunidad es el premio para los criminales.
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