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Policía mercenaria
Ha fracasado la depuración de las fuerzas de seguridad...
Por: Dina Fernández

El propio jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, Luis Arturo Herrera, ayudado por otros cinco detectives, fueron quienes asesinaron, con lujo de saña, a los tres diputados salvadoreños y el piloto que los acompañaba. “Esto le para el pelo a cualquiera”, comentó horrorizado el presidente salvadoreño Antonio Saca.

El mandatario vecino tiene la boca atorada de razón. Confirmar con pruebas científicas y contundentes, que en las estructuras de nuestra policía se esconden criminales sanguinarios, capaces de robar, secuestrar y asesinar, es motivo de alarma.

Las principales funciones del Estado radican en garantizar la seguridad y administrar justicia -esas son las razones mismas de la existencia del gobierno- porque de nada sirve construir escuelas ni hospitales, si no se protege la vida y no hay forma de exigir respeto a la ley. Por ello, cuando las fuerzas de seguridad del Estado hacen lo contrario de su deber y se dedican a cometer delitos en vez de combatirlos, la sociedad queda a merced de los malignos.

Así estamos en Guatemala: de rodillas ante los criminales. Ni siquiera podemos defendernos diciendo que es la primera vez que algo así de aberrante sucede. A finales de 2005, el jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Policía, Adán Castillo, también fue arrestado en Estados Unidos por dirigir una banda de narcotraficantes.

Según el presidente Óscar Berger, el grupo de seis policías que asesinó a los diputados salvadoreños también son gatilleros de los carteles de la droga, aunque no está claro todavía por qué recibieron órdenes de atacar a los dignatarios salvadoreños.

Existen varias teorías: que los contrataron como sicarios para cometer un asesinato político, que les pagaron para ejecutar una venganza o ajuste de cuentas entre rivales, que estuvieron buscando algún botín escondido en el carro (en drogas o efectivo) o que los policías matones se equivocaron de víctimas (algo que sucedió en la guerra).

Determinar el motivo real del asesinato será clave para llegar a los autores intelectuales y desenmarañar los vínculos existentes entre las mafias centroamericanas, convertidas en una industria transnacional, con operaciones y redes de distribución globales.

Mientras esos misterios se dilucidan, también llama poderosamente la atención esa celeridad casi milagrosa con la que se obtuvo evidencia sólida y concreta para dar con los responsables de este asesinato. Como podemos comprobar, no es que todos los policías sean mulas (o demasiado ineptos): a veces sólo se hacen.

Ahora nos han demostrado que sí cuentan con recursos para esclarecer los delitos: las patrullas nuevas tienen GPS, hay cámaras en las intersecciones de las calles y testigos serios que apuntan un número de placa y no se dedican al noble oficio de charamilero de la esquina.

A ver cuándo vuelven a hacer gala de semejante pericia, pero para resolver los robos, secuestros y asesinatos que no provocan un terremoto diplomático.

Nadie ignora que las actuales autoridades, con el pretexto de ser pobres desheredadas de la fortuna, sin medios técnicos ni apoyo judicial, han formado escuadrones de policías encargados de aniquilar pandilleros.

Abundan quienes defienden esta estrategia, o al menos la toleran, argumentando que estamos en una suerte de guerra contra los delincuentes, donde estorban las leyes.

La masacre de los diputados salvadoreños ha desnudado las consecuencias de este tipo de política: los esbirros con chapa de policía no tardan en ofrecer sus servicios al mejor postor para ir cancelando por ahí partidas de nacimiento. Sólo en las películas de James Bond resulta ascéptica una “licencia para matar”. En la realidad, acaba por engendrar monstruos como estos policías mercenarios, que en Guatemala conocemos demasiado bien.