Pistas señalan conspiración en asesinato de policías
Sospechas recaen en guardias, pandilleros y sicarios del narcotráfico; el alcaide de El Boquerón y 21 guardias de presidios, detenidos; quienes mataron a los policías abrieron cinco puertas, armados con AK-47, sin oposición de los guardias
Por: Lorena Seijo, Coralia Orantes

Los cadáveres de los cuatro policías asesinados fueron llevados a la morgue de Jutiapa. Foto Prensa Libre: Esbin García.

La principal hipótesis que maneja el MP sobre el asesinato de cuatro policías detenidos en la cárcel El Boquerón apunta a la existencia de una conspiración, para impedir que los detenidos confesaran quiénes eran los autores intelectuales del crimen -perpetrado el lunes 19 de febrero- contra diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y contra su chofer.

Después de las pesquisas llevadas a cabo en ese centro carcelario, el MP llegó a la conclusión de que el asesinato de los policías Luis Arturo Herrera López, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Lange Escobar y José Estuardo López Arriaga pudo haber estado a cargo de los denominados cholos o de un escuadrón contratado para eliminarlos, ambos con la complicidad de los guardias del penal armados con AK-47.

En las primeras pesquisas efectuadas ayer para determinar quiénes son los responsables, se ordenó la captura, por complicidad, de 24 personas: 21 guardias del Sistema Penitenciario asignados a esa prisión; Manuel Antonio Recinos Aguirre, director de esa cárcel; el alcaide Vladimir Russo, y un piloto.

Buscaban silenciarlos

Samuel Villalta, jefe de la Fiscalía Distrital de Cuilapa, Santa Rosa, en conferencia de prensa, reveló las hipótesis: “Se conoce que un grupo de personas ingresaron en forma violenta en el penal, por la puerta principal, con la complicidad del personal de turno en ese centro carcelario, y llegaron hasta donde estaban los agentes de la PNC. Los mataron utilizando armas de fuego de grueso calibre y armas blancas”.

Añadió: “El motivo era lograr la impunidad para los autores intelectuales del asesinato de los diputados y que los sindicados no declararan ante juez”.

Esa opinión era compartida en El Salvador, ya que Rodrigo Ávila, jefe de la Policía de ese país, afirmó: “Lo que se ha tratado de hacer es cerrarles la boca a estos sujetos para que no involucraran a otras estructuras similares”.

Mientras, Alfredo Vásquez, abogado defensor de los agentes, dijo que sus clientes estaban dispuestos a dar su primera declaración ante juez, pues era vital que ellos relataran lo que sabían.

Los familiares de los policías afirmaron que éstos les había informado que pronto tendrían una reunión con los delegados del Buró Federal de Investigaciones, de EE.UU. (FBI, en inglés), a quienes contarían detalles de lo sucedido.

El padre de uno de los agentes muertos dijo que vio todavía a su hijo el sábado último, y aunque no tuvo contacto con él, se comunicaron con mensajes por escrito.

Según indicó, su hijo le había dicho que si fuera culpable, él mismo pediría su fusilamiento, pero que era inocente. Sin embargo, el padre del agente -quien pidió omitir su nombre por temor- expresó que cree que su hijo sabía cosas, que probablemente contaría al FBI.

El presidente Óscar Berger no descartó que los autores intelectuales del asesinato de los diputados estuvieran detrás del ataque contra los policías, y aseguró que el crimen organizado y el narcotráfico están infiltrados en el Estado.

Con el poder durante 16 horas

El domingo último, los 165 reos que se encontraban en la cárcel El Boquerón tomaron el control de esa prisión y mantuvieron como rehenes a seis personas durante 16 horas. Desde el inicio, los reos advirtieron de la muerte de los policías.

Entre los rehenes se encontraba el alcaide, el llavero, un digitalizador y guardias del Sistema Penitenciario, lo que no permitía que se ingresara hasta el sector H, donde yacían los cuerpos inertes de los agentes acusados de haber asesinado a los diputados salvadoreños.

A las 21 horas del domingo último, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos ingresaron para comenzar las negociaciones con los reclusos, quienes únicamente solicitaban la presencia de los medios de comunicación, para desvincularse de los asesinatos.

Otra de sus peticiones fue que no se tomaran represalias contra ellos por lo sucedido, que se vedara el acceso de las fuerzas de seguridad y que se hiciera una requisa para demostrar que no eran responsables del crimen.

A las 7 horas de ayer se logró retomar el control del penal. Los fiscales encontraron como evidencia 32 cascabillos 9 mm en el lugar del crimen, y 15 cascabillos de fusiles de asalto esparcidos en los patios.

Los resultados de las necropsias revelan que los cuerpos tenían heridas de arma de fuego 9 mm en la cabeza y señales de que también se habían utilizado armas blancas (posiblemente, machetes).

Marco Aurelio Pineda, director de Investigaciones del MP, explicó que se presume que intentaron lavar el lugar del crimen, pues se encontraron rastros de agua.

Álvaro Matus, fiscal del caso de la muerte de los diputados salvadoreños, informó que con el crimen contra los presuntos autores materiales no se cierra el caso, debido a que hace falta la captura de otras personas, entre ellas, otros agentes de la PNC.

Preguntas sin respuestas

Después de la muerte de cuatro policías, en la cárcel El Boquerón, en el ambiente flotan algunas de estas dudas, sin respuesta.

¿Quién los mató?

¿Por qué no tenían seguridad especial, pese a que eran sindicados de tener vínculos con el crimen organizado y de haber dado muerte a tres diputados al Parlacen y su piloto?

¿Quién ingresó y quién disparó las armas usadas para matar a los policías?

¿Quién estaba interesado en silenciar a los agentes capturados?

¿Hasta qué punto estaban involucrados en el crimen organizado los agentes muertos en El Boquerón?

¿Se relacionan los crímenes con el hecho de que ayer serían interrogados por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), de Estados Unidos?

¿Por qué hubo tanto hermetismo el domingo último, cuando sucedieron los hechos?

¿Por qué no dio la cara Víctor Rosales, director del Sistema Penitenciario, pese a que pandilleros tenían tomado el presidio?

Existen cuatro hipótesis sobre la autoría del ataque
Por: Lorena Seijo

Aunque se plantean varias hipótesis sobre el asesinato de cuatro policías en la cárcel El Boquerón, existen elementos que las relacionan: la complicidad de los guardias, la planificación del crimen y el objetivo de impedir que se descubra a los autores intelectuales de la muerte de los diputados.

1.- Venganza: Ataque de mareros

La primera línea apunta a que los mareros, en venganza por las detenciones y ejecuciones que se han dado en las calles, decidieron vengarse de los policías y asesinarlos. Para ello necesitaron de la complicidad de la guardia.

2.- Ataque pagado: Pandilleros sicarios

La segunda es que un grupo de narcos pagó a los mareros para que ejecutaran a los agentes, y a los guardias del presidio, para que colaboraran. Después, éstos simularon que habían sido retenidos por los pandilleros.

3.- Ejecución: Comando especial

La tercera es que, con la complicidad de los guardias del presidio, un comando especial, supuestamente de la misma Policía, entró y ejecutó a los agentes, a fin de impedir que declararan.

4.- Matan a testigos: Trabajo del narco

La cuarta hipótesis plantea que un grupo de sicarios del narcotráfico entró en el penal para asesinar a los policías y evitar que revelaran el nombre de quien les pagó para que asesinaran a los diputados al Parlacen.

El crimen organizado, tras ataque
Pocos argumentos sustentan versión de asesinato de policías detenidos
Por: Lorena Seijo, Coralia Orantes

Los pandilleros son agrupados en el patio de la cárcel El Boquerón, durante la requisa que se efectuó en ese presidio, en busca de las armas usadas para dar muerte a los policías. Foto Prensa Libre: Mario Linares.

El Ministerio de Gobernación cree que detrás del asesinato de los policías está el crimen organizado, y que en la ejecución del hecho participaron tanto los reos como los guardias y funcionarios de la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, ya que no hubo sometimiento de los custodios ni enfrentamiento interno.

Pocas fueron las explicaciones que Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, dio ayer sobre lo sucedido el domingo último por la tarde en la cárcel El Boquerón, lo cual culminó con la ejecución de los cuatro policías acusados de haber dado muerte a los tres diputados salvadoreños y su chofer, el lunes 19 de febrero.

Lo único que pudo expresar con certeza fue que el crimen no se pudo haber ejecutado sin la complicidad de personal del Sistema Penitenciario, ya que entre los muertos y los pandilleros había cinco puertas con candado, las cuales estaban abiertas en el momento del ataque.

“La información de lo que estaba sucediendo en el penal llegó a las autoridades del Ministerio mucho tiempo después de que se dieran los hechos, lo que es un procedimiento anormal”, comentó Vielmann.

Según el ministro, el ataque es una respuesta del crimen organizado a las acciones policiales que se han efectuado y a la detención de los policías -que formaban parte de su estructura-. “El objetivo es llegar a las cabezas de toda esa organización, y no voy a descansar en el empeño”, afirmó el funcionario.

Respecto de la dificultad para continuar el proceso judicial por el asesinato de los parlamentarios salvadoreños, Vielmann respondió que falta capturar personas ligadas al hecho, y que el caso seguirá su curso.

No descartó que detrás de estas muertes haya policías que pertenezcan a la misma estructura de los ejecutados.

Otra de las irregularidades que se presentaron, y que apuntan a que hubo complicidad de personal del penal es que desde las 10 horas del domingo un policía que daba seguridad perimetral envió una carta a las autoridades de El Boquerón, en la cual solicitaba refuerzos, porque un familiar de un recluso le había informado que querían matar a los agentes detenidos.

Esta información nunca llegó a la Dirección de Presidios ni al Ministerio de Gobernación.

“No sabíamos que se había tenido un alerta de seguridad en el penal, porque no se nos avisó”, aseveró Carlos León, subdirector de Presidios.

Aunque Gobernación descartó la implicación criminal de un grupo ajeno a la prisión, no pudo explicar por qué, si el hecho se cometió adentro de ésta, durante la requisa no se hallaron las armas usadas en el ataque.

En la revisión efectuada en El Boquerón, desde las 7 horas de ayer, sólo se encontraron cuchillos, armas punzantes y una pistola calibre 40 milímetros, en el sector de los guardias, mientras, que en la escena del crimen la mayoría de cascabillos pertenecía a pistolas calibre 9 milímetros.

Las armas de los guardias muertos son AK-47, y quedaron a disposición del Ministerio Público cuando éstos fueron detenidos por su posible participación en el asesinato de los diputados.

Según Gobernación, el móvil del crimen pudo haber sido la venganza o el pago de un soborno, pues, aparentemente, ni los pandilleros ni los guardias -supuestos ejecutores materiales- parecen tener razones para haber eliminado a los policías.

Vielmann reconoció que este suceso es un duro golpe para la institución, pero recalcó que este es el único gobierno que encarceló a más de 200 policías vinculados a acciones delictivas. “Sea quien sea el que esté participando en estos hechos, del Ministerio o de Presidios, será procesado”, prometió.

Presidente: Es una guerra

“La violencia genera violencia (...). Los policías detenidos eran muy importantes, por lo que podían aportar al proceso, vinculado al crimen organizado y a las mafias. No dudamos que hay una guerra entre esos grupos. Eran testigos muy importantes para preservar el estado de Derecho”, dijo el presidente Óscar Berger.

Añadió: “Estamos muy preocupados porque hay una red del narcotráfico y crimen organizado que trasciende nuestras fronteras”.

El Salvador: Bloquean caso

Rodrigo Ávila, jefe de la Policía de El Salvador, informó en conferencia de prensa que el objetivo del crimen era acallar a los detenidos.

“Es obvio que las personas que cometieron los homicidios (dentro del penal) tienen un nivel de influencia en el interior de las estructuras policiales, o estructuras penitenciarias, o estructuras del Estado”, declaró.

Afirmó que el crimen tuvo como finalidad obstruir las investigaciones.

Procuraduría entrevista a reos

El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, consultado por teléfono acerca del crimen, dijo que sus auxiliares entrevistaron a reclusos, quienes negaron haber participado en el ataque contra los agentes.

“Los reos contaron, en las entrevistas que se les hicieron, que no querían que este ataque se les adjudicara a ellos, porque no eran los responsables de la muerte de los policías”, explicó Morales.

Contradicciones

Las versiones que manejan las diferentes instituciones resultan contradictorias.

Gobernación asegura que no hubo ningún comando que ingresara en la prisión para matar a los cuatro policías, y que los ejecutores fueron los pandilleros, con colaboración de los guardias.

El Ministerio Público apunta que existen las dos posibilidades: que fueron los pandilleros, o bien, un grupo de sicarios, que ingresó en el penal con apoyo de la guardia.

La PDH sostiene que ninguno de los pandilleros participó en el crimen, según las entrevistas hechas a los reclusos.

La Policía salvadoreña asegura que un grupo de sicarios -contratados para acallar a los policías detenidos- cometió el crimen en El Boquerón.

Indigna ejecución
Unos solicitan renuncias; otros, destituir e interpelar
Por: Grupo de Política y Poderes

La muerte de cuatro policías en la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, indignó a políticos y analistas. Algunos mencionan la existencia de escuadrones de la muerte; otros, que deben deducirse responsabilidades al más alto nivel.

Todos tenían algo que decir. Secretarios generales y jefes de bancadas de partidos coincidieron en que promoverán citaciones e iniciativas para que se aclarare lo ocurrido.

El Partido Patriota fue uno de los más fuertes en su postura, al afirmar que hay dos escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional Civil (PNC); además, que citará al Congreso a las autoridades encargadas de la seguridad.

A los políticos se sumaron civiles, quienes opinaron que Carlos Vielmann, ministro de Gobernación; Erwin Sperisen, director de la PNC, y Víctor Rosales, encargado de Presidios, tienen responsabilidad en el hecho.

Rubén Darío Morales, presidente del Congreso, informó que hoy podría reunirse con los presidentes de los organismos Ejecutivo y Judicial, para buscar soluciones conjuntas.

Sergio de la Torre, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, dijo que el sector industrial del país está indignado por lo sucedido.

“Dentro del clima de negocios es importante el mensaje de la seguridad, y esto es todo lo contrario; hay mucha incertidumbre, se debe devolver a la población la confianza en el sistema”, manifestó.

“Fue permitido”

Pedro Trujillo, analista, aseguró que, por omisión u acción, esos funcionarios son responsables: “El asesinato, al parecer, fue permitido, y hubo consentimiento de los altos mandos para que ingresara un grupo armado a matar a los recluidos”, manifestó.

Afirmó que el hecho repercutirá en el apoyo de la comunidad internacional. “Nadie querrá que sus impuestos sean invertidos en donaciones de áreas donde no hay resultados”, expuso.

Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, calificó el asesinato como un mensaje para cortar la investigación. Sugirió al presidente Óscar Berger que separe del cargo a las autoridades de Gobernación y Presidios, y que los someta a investigación. “Este Gobierno ha sido muy eficiente en consentir la impunidad, y eso es peligroso”, destacó.

“Está claro que en las filas de la PNC hay matones al servicio de la narcoactividad y el crimen organizado, y gente ligada a la delincuencia común”, expresó Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack. Añadió que las autoridades debieron resguardar a los agentes, para garantizar la investigación.

Interpelación: Cuestionarán a Vielmann

El Partido Patriota (PP) pedirá en la plenaria de hoy en el Congreso que se fije fecha para interpelar al ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, quien deberá ser acompañado por el director de la Policía, Edwin Sperisen, y el director de Presidios, Víctor Rosales.

El precandidato del PP, Otto Pérez Molina, exigió ayer que esos funcionarios sean destituidos.

También denunció la supuesta existencia de dos “escuadrones de la muerte” dentro de la PNC. “Pensaron que podían combatir la violencia con más violencia y crearon esos grupos, de los que eran parte los agentes asesinados”, aseveró.

Posición: Confirma a funcionarios

El presidente Óscar Berger aseguró ayer que está satisfecho con el trabajo que realiza Edwin Sperisen, director de la Policía Nacional Civil (PNC), y Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, por lo que los confirmó en el cargo.

Anunció que el próximo sábado manejará hasta Santa Ana, El Salvador, para reunirse con su homólogo Antonio Saca. “Queremos mandar el mensaje, a salvadoreños y guatemaltecos, de que tendrán seguridad, para que viajen en Semana Santa”, comentó.

También informó que el Ejecutivo trabaja en una iniciativa de ley para que las autoridades no reinstalen a los agentes que sean expulsados de la Policía Nacional Civil.

ANN: Renuncia

Pablo Monsanto, diputado, exigió la renuncia de Carlos Vielmann. “Ha mostrado ineptitud ante los hechos”, destacó, y dijo que es necesario depurar las fuerzas de seguridad.

FRG: “Vergüenza”

Efraín Ríos Montt, líder eferregista, aseguró que lo ocurrido “es vergonzoso para el país, el Estado y el Gobierno”. Su bancada citará hoy a las autoridades involucradas.

Gana: “Mensaje”

Según Alejandro Giammattei, lo que sucedió es “un mensaje del crimen organizado, y debemos leer entre líneas, especialmente los diputados, y aprobar la creación de la Cicig”.

PAN: “Impunidad”

Francisco Arredondo, precandidato, declaró que el Gobierno perdió autoridad con ese caso. “Fue sobrepasado por la impunidad”, expuso. Agregó que es necesario crear la Cicig.

EG: “Lamentable”

Nineth Montenegro dijo que sólo hubo ocho agentes de seguridad en El Boquerón. “Eso debe ser investigado”, manifestó.

Unionista: “Riesgo”

Según Fritz García-Gallont, precandidato, toda la población está en riesgo, por las acciones del crimen organizado.

UCN: Preocupados

Mario Estrada, diputado, afirmó que están preocupados. El bloque pedirá a Vielmann su versión de los hechos.

UNE: “Es un caos”

Roberto Kestler, jefe de bancada, expuso que la inseguridad sobrepasó los límites y que el país es un caos en materia de seguridad.

La incertidumbre es común entre diputados al Parlacen
Por: Conié Reynoso

Incertidumbre y temor prevalece entre los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), sobre todo en la bancada de El Salvador, y las reuniones de trabajo fueron suspendidas.

“Hay un ambiente de incertidumbre, de desestabilización y de desconfianza”, dijo Mauricio Aguilar, diputado del partido oficial de El Salvador.

Refirió que luego de la muerte de los policías acusados de la masacre de tres parlamentarios, sus compañeros tienen temor de lo que pueda pasar.

Aunque se había anunciado la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones, en la sede del Parlacen no hay actividades.

Carlos Duque, diputado por Panamá, dijo que su bancada se reunirá esta semana para analizar las demandas que harán a la Junta Directiva del Parlacen, ante los últimos acontecimientos.

Salvadoreños, en shock por muertes

Periódicos de El Salvador. Foto La Prensa Gráfica.

La noticia sobre la muerte de los cuatro policías acusados de la masacre de tres diputados salvadoreños y un piloto ha conmocionado a diversos sectores en El Salvador.

Agencias de noticias y foros de medios de comunicación electrónicos muestran las opiniones encontradas sobre este caso.

“Estoy en shock. Ahora no tenemos ni a los autores intelectuales ni a los materiales”, dijo María Silvia Guillén, de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho de El Salvador.

Héctor Dada Hirezi, del partido Centro Democrático, afirmó que están “anonadados y preocupados, al observar la penetración que ha tenido el crimen organizado en las estructuras estatales de Centroamérica”.

“Estamos impresionados por lo ocurrido (...) la impunidad ocurre cuando no existe investigación y no hay voluntad política”, resaltó Claudia Hernández, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana.

El diario Co Latino destacó declaraciones del diputado Salvador Sánchez, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quien resaltó que ya están revelándose “cosas raras”, y demandó a las autoridades investigar la muerte de los parlamentarios.

Buscan a otros tres policías
Nueve guatemaltecos y tres salvadoreños participaron en ataque a diputados
Por: Coralia Orantes

La banda que habría dado muerte a los tres diputados salvadoreños y a su piloto estaría integrada por lo menos por nueve personas guatemaltecas y unas tres salvadoreñas. Las pesquisas determinan que entre ellos figuran tres policías, más los cuatro detenidos y los dos prófugos.

Víctor Soto, jefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), explicó que el esquema delictivo demuestra la participación de otros tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de quienes se buscan todas las vinculaciones, para accionar contra ellos.

Cándido Bremer, subjefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, informó que la banda estaría integrada preliminarmente por una 12 personas.

Las autoridades salvadoreñas que apoyan en la investigación revelaron que han tenido información de que uno de los buscados es una persona que tiene cargo de subinspector.

A estas personas se les vincula porque habrían llevado el combustible hasta la escena del crimen y otros habrían informado la ruta que siguieron los parlamentarios; se estima que alguno de ellos condujo un automotor hacia el lugar donde mataron a los diputados. El vehículo podría ser un Land Cruiser de color beige.

Celular era de la PNC

Luis Arturo Herrera, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, del Dinc, capturado el jueves último, usaba el celular 53064180, el cual estaba a nombre de la Policía.

En este número es donde se ha establecido que Herrera recibió comunicación de personas de El Salvador, quienes le dieron la descripción y matrícula del vehículo en dondese conducían Eduardo José D’aubuisson, Wiliam Rizzier Pichinte y José Ramón González, diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), y el piloto Gerardo Ramírez Castellanos, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en la finca Las Conchas, Villa Canales, el lunes último.

Alfredo Vásquez, uno de los abogados defensores de los policías acusados de ser los autores materiales del caso, manifestó que sus clientes eran chivos expiatorios.

Sin embargo, Álvaro Matus, fiscal del caso, afirmó: “Los policías no eran chivos expiatorios, ya que teníamos una investigación muy completa al respecto, donde se comprueba el grado de participación que ellos tenían; lo mismo queremos que se dé con los que aún son investigados”.

FBI, en pesquisa

Juan Luis Florido, fiscal general, expresó que la presencia de un equipo del Buró Federal de Investigaciones, de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), en el país tiene la finalidad de participar en las investigaciones.

“Nos reunimos para determinar la forma de participación científica del caso”, afirmó.

Mientras se trata de atar los cabos que conduzcan a todos los responsables del caso, los cuerpos del diputado González y su piloto aún se encuentran en la morgue.

Rodolfo Delgado, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, de El Salvador, explicó que el Instituto de Medicina Legal de ese país trabajó, el fin de semana último, para tener listos los resultados de ADN, tomado de los cuerpos de los muertos.

Opinión: ¿Capturado?

Rodrigo Ávila, director de la Policía de El Salvador, en conferencia de prensa, expresó ayer que tenía información de que se logró la captura del policía guatemalteco Marvin Roberto Contreras.

Añadió: “Tuve información de que se capturó a esa persona, pero en Guatemala nadie lo quiere confirmar”.

En respuesta, Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, dijo: “No sé de dónde sacaron esa información las autoridades salvadoreñas, pero aquí no hay otro detenido”.

Población desconfía del trabajo de agentes de la PNC
Por: Claudia Vásquez

PERIODISMO COMUNITARIO

Desconfianza del trabajo que efectúa la Policía Nacional Civil (PNC) expresaron ayer capitalinos consultados durante un sondeo, en referencia a la muerte de cuatro agentes de esa institución el domingo recién pasado, en la cárcel El Boquerón, Santa Rosa.

“Si mataron a los diputados y a los policías, ¿qué podemos esperar el resto de guatemaltecos?”, se preguntó Paulino Albizures, residente de la zona 18.

“Desconfío totalmente de la Policía, y cuando veo un retén, mejor no paro porque temo que me vayan a asaltar, incluso a matar”, expresó German Rojas, de la zona 6 de Mixco.

“Considero que la muerte de esos cuatro agentes vino a terminar de manchar la mala imagen de la Policía y generar más desconfianza”, afirmó Verónica Mejía, estudiante.

A criterio de Carlos Ortiz, de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, hechos violentos como los ocurridos en las últimas semanas -que involucran la muerte de personas que gozan de cierta seguridad- generan angustia, ansiedad, desconfianza y depresión en la ciudadanía.

Carmen Aída Martínez, psiquiatra y catedrática universitaria, afirmó que ante situaciones de violencia, miedo y angustia, la población pierde la confianza en las autoridades y adopta una actitud de indiferencia.

“La violencia se escucha todos los días en nuestro país, y cuando la gente ve que todo sigue igual, opta por actuar indiferente”, puntualizó.

La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que sólo en 2006 recibió unas 860 denuncias contra la PNC.

Una encuesta efectuada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2006, dio a conocer que 49 por ciento de los capitalinos tiene la percepción de que la PNC tiene un rendimiento bajo.

Noticia negativa para el país
Por: Conié Reynoso

Guatemala ha acaparado titulares de medios de comunicación por la noticia negativa de la muerte de los cuatro policías dentro del penal El Boquerón.

La BBC, de Londres, destacó que los policías fueron asesinados en circunstancias confusas en la prisión de máxima seguridad El Boquerón. Por su parte, El Universal, de México, tituló: Matan en prisión a cuatro presuntos asesinos de diputados.

El diario El País, de España, publicó: Un comando armado entra en la cárcel donde estaban recluidas las víctimas y las tirotean después de degollarlas.

Los matutinos centroamericanos han destacado a Guatemala, pero por los últimos hechos que empezaron con el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen y siguieron el domingo con la ejecución de cuatro policíasdetenidos como presuntos autores materiales del hecho.

Una de las noticias de El Diario de Hoy, del vecino país, es: “El Salvador se pronuncia”, y afirma que tras la muerte de los policías quieren cerrar la “Caja de Pandora”.

Destacados: Los titulares

Medios resaltaron el ataque en prisión:

CNN: Sospechosos de matar a políticos, muertos en cárcel.

El Clarín, de Argentina, destacó: Conmoción en Guatemala por el asesinato de cuatro policías acusados de matar a tres diputados salvadoreños.

Ministro de Finanzas, entrega lista de obras
Comisión de Finanzas ofrece dictaminar esta semana
Por: Ana Lucía Blas

Hugo Beteta durante la cita con la comisión de Finanzas del Congreso. Foto Prensa Libre: Kattia Vargas.

El ministro de Finanzas, Hugo Beteta, entregó ayer a la comisión respectiva en el Congreso la lista de obras que exigían los diputados como condición para entrar a conocer la solicitud de readecuación presupuestaria de 2007.

Ayer se puso fin a las diferencias que habían surgido desde hacía más de dos semanas, luego de que la sala legislativa de Finanzas exigiera la referida lista para saber qué iba a aprobar y cerciorarse de que no había obras repetidas, y el Ejecutivo se negara, con el argumento de que la ley prohíbe modificar aquellas acordadas por los consejos de Desarrollo.

La Comisión de Finanzas recibió la lista de obras de 18 departamentos y un documento en el que se detalla el destino de los fondos solicitados en el proyecto de ampliación presupuestaria.

El detalle de inversión de San Marcos, Baja Verapaz, Petén y Zacapa aún no está listo, ya que los gobernadores deben consensuarlo con las comunidades, explicó Beteta.

El diputado Manuel Baldizón, presidente de esa sala de trabajo, refirió que verificarán que no haya obras repetidas ni proyectos clientelistas.

Con anterioridad, el legislador había denunciado que el Consejo de Petén incluyó en su planificación la entrega de palas, piochas y otros instrumentos agrícolas, lo cual podría tener fines electoreros.

“Compartimos esa preocupación, por lo que entregamos el listado al Congreso, para que lo fiscalice. No permitiremos que los recursos se utilicen con fines electorales”, aseguró Beteta.

Baldizón dijo que podrían dictaminar el jueves próximo, y que buscarán aprobar la iniciativa de urgencia nacional.

Fondos para el TSE

Durante la reunión de ayer se acordó otorgar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q409 millones que ha solicitado para efectuar los comicios. En el proyecto pendiente de dictamen, el Ejecutivo proponía Q230 millones.

El Legislativo debe aprobar la ampliación del presupuesto, ya que en noviembre último no logró consenso para uno nuevo y quedó vigente el de 2006.

Ampliación

El Gobierno solicitó ampliación de Q1 mil 965 millones para el presupuesto de 2007, porque quedó vigente el de 2006.

Más de Q1 mil 300 millones se justificaban como “otros gastos prioritarios”, por lo que los congresistas tenían dudas. Ayer, el Ejecutivo entregó la información.

El Congreso debe aprobar el techo de inversión de los consejos departamentales de Desarrollo. Para ello, los diputados pidieron revisar la lista de obras. Petén, San Marcos, Baja Verapaz y Zacapa aún no tienen preparado el detalle de su inversión.

Encuentro por Guatemala agotó requerimientos

La dirigencia del comité Encuentro por Guatemala (EG) finalizó la jornada de asambleas departamentales que exige la ley previamente a inscribirse como partido político en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Nineth Montenegro, secretaria general, y los integrantes del comité ejecutivo provisional acudirán hoy al TSE para entregar la solicitud de inscripción como partido, pues ya cumplieron con los requisitos para consolidarse en el TSE.

EG logró establecer una alianza con el movimiento Winaq, de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, con miras a participar en la contienda presidencial de septiembre próximo.

Más opciones

Otro de los partidos que superaron la cantidad mínima de afiliados (15 mil 220) es el Frente de Convergencia Nacional, del militar retirado José Quilo Ayuso, con más de 15 mil registros.

FRG: Confirman a Luis Rabbé como precandidato

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) confirmó a Luis Rabbé como su precandidato a la Presidencia, para las próximas elecciones generales.

Rabbé asistió ayer a la reunión habitual del comité ejecutivo del FRG, en la casa de su secretario general, Efraín Ríos Montt.

Rabbé aseguró que nunca ha estado distanciado de este partido, y que se siente a gusto con la candidatura. Ríos Montt dijo que Rabbé tiene cualidades para ser candidato, y que es una persona muy cercana a los sectores vulnerables.

El FRG iniciará, en breve, su gira de trabajo para promover a su precandidato.

Diez organizaciones políticas inscribieron a fallecidos

Diez organizaciones políticas han inscrito como afiliados a personas fallecidas, desde febrero del año recién pasado, según registros de la Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Unión del Cambio Nacionalista, Frente de Convergencia Nacional, Unión Democrática, Alianza Nueva Nación, Desarrollo Integral Auténtico, Movimiento Reformador, Partido Socialdemócrata Guatemalteco, Centro de Acción Social, Encuentro por Guatemala y la Unidad Nacional de la Esperanza fueron denunciados en el Ministerio Público por afiliar o adherir a ciudadanos fallecidos.

Hugo Rivera, inspector general, explicó que previamente a presentar la denuncia en el Ministerio Público, se hacen las verificaciones y escuchan las versiones de los representantes legales de las agrupaciones involucradas.

Las autoridades del TSE han sumado 80 casos, distribuidos en 13 departamentos. El conteo finalizó el 6 de diciembre pasado.

Diputado Mario Salazar deja a la UNE

Ángel Mario Salazar anunció ayer su renuncia a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y su postulación como candidato a procurador de los Derechos Humanos.

Salazar explicó que decidió apartarse del partido “para garantizar imparcialidad”, de ser electo Procurador.

“Siempre me he preocupado por los derechos de la población. Llegó el momento de luchar por ella desde otra instancia”, expuso. El Congreso elegirá al nuevo procurador, que debe iniciar su período de cinco años en agosto próximo. Algunos candidatos son Arturo Rodas Ovalle, Nery Rodenas, Hilda Morales y Sergio Morales, que va por la reelección.

Drenajes de la ciudad son antiguos
Últimos grandes colectores de la capital datan de 1975
Por: Alberto Ramírez

Josué Chun, de 6 años, observó ayer un acto de payasos en el albergue. Foto Prensa Libre: Émerson Díaz.

PERIODISMO COMUNITARIO

La red principal de drenajes de la capital es una sucesión de sistemas, en algunos casos, muy antiguos, que -debido a la falta de mantenimiento técnico- pueden causar catástrofes como la ocurrida en la entrada del barrio San Antonio, zona 6.

Alfredo Trinidad, doctor en urbanismo, recordó que muchos sistemas de drenajes de la capital datan de la administración municipal de Manuel Colom Argueta (1970-74) y, sin mantenimiento adecuado, se corre riesgo de nuevos hundimientos.

El urbanista explicó que el mantenimiento consiste en aplicar nueva tecnología para detectar fugas, tanto de agua entubada como de drenajes, y cambiar tramos que pudieran estar deteriorados.

Hay lugares como el aeropuerto La Aurora que carecen de redes de drenajes municipales, dijo.

Muchas áreas de ese sector tienen fosas sépticas que no son revisadas, y nadie puede asegurar que no se repetirá lo ocurrido en el barrio San Antonio, agregó Trinidad.

Otro ejemplo es la colonia Justo Rufino Barrios, cuyos vecinos denunciaron que de los tres colectores, dos ya colapsaron y la tierra empieza a erosionarse, comentó.

Inconcluso

Alfonso Yurrita, arquitecto urbanista, destacó que el problema de la capital es que nunca se terminó de construir la red de grandes colectores, y los últimos datan de 1975.

A eso se suma que el sistema de drenajes es el mismo para aguas negras y para pluviales, lo cual imposibilita dar tratamiento a las aguas servidas.

Ese sistema ocasionó otros daños. Al lanzar las aguas servidas a los barrancos, no sólo contaminó las fuentes hídricas, sino que produjo efectos colaterales como inestabilidad y erosión a un suelo de origen volcánico, como el del valle capitalino, aseveró Yurrita.

Hugo Vásquez, subgerente técnico de la Empresa Municipal de Agua, aseguró que los sistemas de drenajes reciben mantenimiento preventivo.

Hay pequeñas redes de drenajes que se unen al colector madre por medio de un regulador de caudal, el cual hace que, cuando llueve en exceso, el líquido sea enviado por esas tuberías a los barrancos.

Vásquez comentó que los sistemas de drenajes de la urbe datan desde su fundación, y la red de colectores grandes, de 1960, como los de La Reformita, Mariscal y Roosevelt. Los que proceden de las zonas 3, 8 y 9 se conectan al colector madre oriente-poniente.

Se calcula que la capital tiene 112 kilómetros de alcantarillado, de los cuales, el colector oriente-poniente tiene unos 17 kilómetros de tubería de unos 2.25 metros de diámetro.

Hundimiento: Temen regresar a sus casas

La incertidumbre persiste entre los propietarios de viviendas cercanas al sector del hundimiento en el barrio San Antonio, zona 6.

Aunque sus viviendas están fuera del área temporalmente inhabitable y de riesgo moderado, los afectados pernoctan junto a otros vecinos.

Lo que más preocupa a los residentes del sector es que la zona de riesgo crece cada día.

También afirmaron que se siguen escuchando los retumbos, aunque ya no con la frecuencia de los primeros días.

“Primero me dijeron que mi casa estaba a salvo; el domingo cambiaron la versión y me dijeron que sí hay riesgo”, reprochó Magdaleno Paz, cuya casa se sitúa en 10a. calle y 24 avenida.

Entre tanto, las 275 personas refugiadas en el albergue -y que en su mayoría eran inquilinos- aún no saben qué hacer.

“No tenemos a dónde irnos. El alquiler por el sector lo subieron de Q400 a Q600 a causa del hundimiento, y no tenemos para pagarlo”, expresó Ana Hernández.

El presidente Óscar Berger llegó ayer a la zona del impacto y ordenó que a todos los afectados que alquilaban se les ayude con un financiamiento de Q20 mil, del Fondo Guatemalteco de Vivienda (Foguavi), para la compra de casas. Respecto de los propietarios, se evaluará el estado de sus viviendas y si en definitiva deben declararse inhabitables sus inmuebles, dijo.

También dispuso que dos excavadoras y cinco camiones ayuden a desviar las aguas servidas de la zona del hundimiento.

Aclaración: La Cañada, no

En la entrevista de ayer con el arquitecto José Asturias, se dice que en la colonia La Cañada, zona 14, hubo un hundimiento similar al del barrio San Antonio.

Esa información es inexacta, pues en la década de 1980 se registró un derrumbe entre la 10a. y 14 avenidas, y entre la 2a. y 9a. calles, zona 14, que produjo la prolongación de un barranco fuera de la zona poblada actualmente.

Declaran zona de alto riesgo área de zona 6
Por: Claudia Méndez Villaseñor

PERIODISMO COMUNITARIO

Con el propósito de prevenir una tragedia igual a la del pasado 23 de febrero, el Concejo capitalino aprobó ayer un acuerdo que declara zona de alto riesgo la 26 calle y 6a. avenida de la zona 6, donde ocurrió un hundimiento de suelo, de gran magnitud.

Héctor Cifuentes, secretario general de la comuna capitalina, solicitó en la sesión de ayer la aprobación de un acuerdo municipal para declarar zona de riesgo el área damnificada del barrio San Antonio, zona 6.

Cifuentes recordó a los concejales que el documento estaba sustentando en la resolución de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en la cual declara el lugar como un sitio peligroso para vivir.

Treinta metros

El funcionario explicó que el área de alto riesgo está comprendida en un radio de 30 metros del sitio donde se produjo el derrumbe.

También establece que en el lugar queda prohibida cualquier construcción, salvo las obras para reestructurar el suelo y las complementarias para concluir el nuevo sistema de drenajes.

El Concejo también dio luz verde ayer a otro acuerdo que declara de urgencia municipal la construcción del colector de aguas servidas para la zona 6.

Para concluir los trabajos, pidió que la Municipalidad coordine las obras con la Empresa Municipal de Agua (Empagua). Por unanimidad, los dos acuerdos fueron aprobados por el pleno del Concejo.

Hechos

El pasado 23 de febrero se hundió el suelo de la 26 calle y 6a. avenida de la zona 6, lo cual causó la muerte de tres personas. Los vecinos del área circundante fueron obligados a abandonar sus residencias y permanecer en un albergue mientras son evaluados los daños en la zona.

Reconstrucción: Energía acumulada

La comuna instaló nueva tubería.

Según la municipalidad, el colector principal y la red de drenajes se encontraban intactos.

Confirmó que se produjo una liberación de energía en ese punto, lo que causó el hundimiento.

La comuna instaló tubería PVC de 250 metros lineales, para desviar las aguas negras que se acumularon en ese lugar.

Cambio de jueces en tribunales y juzgados
Lo que se busca es mejorar el sistema de justicia
Por: Olga López

Rostros nuevos se observaron ayer en 27 juzgados y tribunales del país, pues ayer se efectuaron las primeras rotaciones de jueces. Cinco más fueron destituidos.

La rotación es parte de los cambios que implementa la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de 49 jueces de primera instancia de los ramos Penal, Civil y Laboral.

Los primeros cambios tuvieron lugar en los tribunales de Sentencia de la provincia, y en los juzgados civiles y de Trabajo capitalinos.

El presidente de la CSJ, Eliú Higueros, dijo que la Constitución y la Ley de la Carrera Judicial los facultan a rotar a los jueces que han permanecido durante más de cinco años en una judicatura.

Agregó que, en algunos casos, el cambio se basó en quejas contra los jueces.

Por ello, cinco jueces no pasaron la prueba y fueron destituidos, como el caso de la jueza de Sentencia de Quiché, Soria Toledo, y de Jaime Hernández, juez de Huehuetenango, quienes apelaron la decisión judicial.

El resto de este grupo no ha sido notificado, por lo cual no se dieron a conocer los nombres.

Desde noviembre de 2006, los magistrados evaluaron a los 49 jueces de las diferentes áreas.

“Con estos cambios lo que se busca es mejorar el sistema de justicia en el país”, afirmó Higueros.

Otras rotaciones

Trece jueces han sido trasladados en los últimos cuatro meses porque la CSJ consideró que corrían peligro.

Entre los cambios se menciona el de Víctor Manuel Arriola, que de Baja Verapaz pasará a Chimaltenango. También, los jueces de San Miguel Acatán, San Mateo Ixtatán y San Rafael Independencia, en Huehuetenango; los de Flores, en Petén, y San Bartolomé Jocotenango, y Canillá, en Quiché. En San Marcos, los jueces de El Tumbador y Sibilia, y en Suchitepéquez, el juez de Paz de San Antonio.

Jueces de primera instancia de Chiquimula, El Progreso y Zacapa también fueron trasladados.

Traslados

Tribunales y juzgados quedaron de la siguiente manera:

Ana María Rodríguez Cortez, jueza vocal del Tribunal Segundo de Sentencia Penal.

Miguel Ángel Noriega Sánchez, juez vocal del Tribunal de Sentencia Penal de Totonicapán.

René Otoniel López Girón, juez vocal del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal.

Patricia Veras Castillo, jueza vocal del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal.

Wilfredo Porras Escobar, juez segundo de ejecución Penal.

Miguel Canastuj Gutiérrez, juez presidente del Tribunal de Sentencia de Totonicapán.

Lilian Noriega Lucas, jueza de la Niñez y Adolescencia de Quetzaltenango.

Humberto de Paz Hernández, juez de primera instancia de Malacatán, San Marcos.

Miguel Villatoro Schunimann, juez de primera instancia Civil de Santa Rosa.

Manuel Ángel Ponce Valdez, juez de primera instancia Civil de Alta Verapaz.

Édgar Francisco Payés, juez de primera instancia de Trabajo y de Familia de Jutiapa.

Carlos Sosa Marroquín, juez de primera instancia de Trabajo de El Progreso.

Edy Cáceres Rodríguez, juez de primera instancia Civil de Petén.

Rubi Gamboa Barrera, juez séptimo de primera instancia Civil.

Silvia Valdez Quezada, jueza primera de primera instancia Civil.

César García Cu, juez presidente del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal.

Marvin Herrera Solares, juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia Penal.

Irma Valdez Rodas de Montoya, jueza vocal del Tribunal Sexto de Sentencia Penal.

Oly González Donis, jueza vocal del Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

Carlos Borromeo Mendoza Girón, juez tercero de ejecución Penal.

Jorge Luis Nufio Vicente, juez vocal del Tribunal de Sentencia de Huehuetenango.

Clara Esquivel García, jueza de primera instancia de Trabajo de Quetzaltenango.

René Solís Ovalle, juez noveno de primera instancia Civil.

Ovidio Marroquín Estrada, juez de primera instancia Civil de Escuintla.

Mayra Ortega Letona, jueza tercera de lo Económico Coactivo.

Javier Sotomora Chacón, juez de primera instancia Civil de Chimaltenango.

Edwin Segura Morales, juez de primera instancia de Trabajo de Alta Verapaz.

Asume nueva embajadora de Venezuela en Guatemala

La República Bolivariana de Venezuela designó como embajadora en Guatemala a la doctora Jeny Figueredo Frías, quien ayer entregó sus cartas credenciales al presidente Óscar Berger.

De acuerdo con una nota de prensa enviada por esa delegación diplomática, la designación es un hecho histórico para el relanzamiento de las relaciones diplomáticas y el fortalecimiento de la cooperación entre Guatemala y Venezuela.

La nueva embajadora se refirió a las iniciativas bilaterales de cooperación, de la inclusión social, complementariedad, el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, el desarrollo humano, protección al medio ambiente, preservación de recursos naturales y lucha contra la pobreza.

Las cartas credenciales presentadas a las autoridades guatemaltecas acreditan a Figueredo Frías como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela.

PDH buscará a activistas

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) investigará el paradero de los ecologistas Mario Pop Maquín y Julio Santiago Vásquez, quienes desaparecieron el 11 de noviembre de 2005 en las faldas del volcán Atitlán, Sololá.

La Corte Suprema de Justicia otorgó ayer a la PDH un mandato especial para que investigue, por una solicitud de la agrupación ecologista Calas.

La procuradora adjunta, María Eugenia Morales, informó que primero recabarán testimonios de autoridades locales y de familiares.

CC suspende artículo de ley

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el artículo que establece el retiro obligatorio de jueces, en la Ley de la Carrera Judicial, por considerar que es discriminatorio.

El artículo 30 de esa normativa fue declarado inconstitucional y suspendido por la CC, porque los magistrados consideraron que discrimina a las personas de la tercera edad.

El referido artículo establecía que los magistrados o jueces mayores de 75 años pierden su calidad para ejercer, y que en ese momento deben obligatoriamente retirarse de sus cargos.

La CC consideró que el artículo, en su inciso (d), es notoriamente discriminador, y optaron por retirarlo.

La Ley de la Carrera Judicial fue promulgada para establecer un sistema regulador del ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados del Organismo Judicial.

Otras víctimas de la violencia

Dos personas fueron asesinadas ayer por la tarde en distintos lugares del departamento de Guatemala.

En la 4a. avenida y 12 calle “C”, barrio El Gallito, fue acribillado Francisco García, de 21 años, a quien un grupo de sujetos disparó cuando conducía su bicitaxi. La víctima fue identificada por su esposa, Laura Noemí García.

Por la noche, fue asesinado otro hombre, en Villa Hermosa 1.