Pocos logros en lucha contra la corrupción
Estudio resalta conflictos de intereses y falta de controles
Por: Conié Reynoso

A criterio de Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), urge hacer reformas para combatir la corrupción. Foto Prensa Libre: Archivo.

En Guatemala se incumplen los compromisos internacionales contra la corrupción, las plazas se entregan por influencias y hay conflicto de intereses, según un estudio hecho por organizaciones de la sociedad civil, el cual también indica que, aunque se ha avanzado en leyes, éstas se cumplen poco.

El informe fue presentado ayer por Acción Ciudadana (AC), una de las siete organizaciones que integran el equipo de la sociedad civil de seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).

Resalta que no hay controles para evitar el conflicto de intereses, por ejemplo que los funcionarios se aprovechen del Estado a través de la contratación de empresas allegadas.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) no cumple con prevenir el enriquecimiento ilícito, por medio del sistema de declaraciones patrimoniales de los funcionarios que asumen y entregan cargos, refiere.

El estudio fue realizado de septiembre de 2006 a febrero recién pasado, en instituciones del Organismo Ejecutivo, Ministerio Público, CGC y Oficina Nacional de Servicio Civil.

También se evaluaron las normas legales en esta materia, entre ellas, la Ley de la Contraloría, Ley de Probidad, Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones y Código Procesal Penal.

Cargos, por influencias

La Ley de Servicio Civil es inadecuada y debe ser reformada, porque no permite que existan procesos competitivos para que los mejores profesionales ingresen en puestos públicos, pues los cargos se asignan por influencias, afirma.

“Todavía se da mucho el clientelismo en las instituciones, y un ejemplo es el Fondo Guatemalteco para la Vivienda, con la intermediación de los diputados para otorgar subsidios”, comentó Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo y del equipo de seguimiento.

Leyes no se cumplen

Alejandro Urízar, de AC y coordinador del informe, explicó que se evaluó el cumplimiento de las instituciones en el combate de la corrupción.

“La distancia abismal entre los indicadores de implementación de las normas y la práctica revela que las leyes para combatir la corrupción no se están cumpliendo”, expresó.

También reconoció los esfuerzos hechos por el Ejecutivo, entre éstos, el Acuerdo Gubernativo de Acceso a Información, el Código de Ética para Funcionarios y la propuesta de reformas legales para tipificar el enriquecimiento ilícito, esta última no se ha aprobado en el Congreso.

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue suscrita por Guatemala en 1996, pero fue ratificada hasta 2001, con lo cual se convirtió en uno de los últimos países en hacerlo.

Opinión: Urgen reformas legislativas

A criterio de Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), urge hacer reformas para combatir la corrupción. “Cuando Guatemala ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción se planteaba tomar medidas drásticas, entre éstas, la tipificación del enriquecimiento ilícito, poner controles presupuestarios para evitar traslados financieros a organismos internacionales y aprobar la ley de acceso a la libre información”, afirmó.

“Lamentablemente, ninguna de estas medidas se adoptó; no se hicieron las reformas que se necesitaban para castigar a los corruptos, y tampoco se le han dado recursos a la Fiscalía contra la Corrupción”, reclamó.

“Donde más se da la corrupción es en el Ejecutivo, porque es donde el presupuesto es más elevado, pero la voluntad más grande para combatirla debería venir del Congreso”, añadió.