Ganan premio por investigación
Trabajo de reporteros Martín Rodríguez y Jennyffer Paredes
Por: Ana Lucía Blas

La investigación de Prensa Libre que sacó a luz la existencia del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (Pacur), con el que se beneficiaba a diputados, fue reconocida por Transparencia Internacional (TI), por contribuir al combate de la corrupción.

El trabajo de los reporteros Martín Rodríguez y Jennyffer Paredes resultó ganador del tercer lugar del Premio a la mejor investigación periodística de un caso de corrupción en el 2006. En el concurso participaron 175 investigaciones, de 18 países latinoamericanos.

En el primer lugar quedaron empatados los trabajos de Lucio Vaz, de Correio Braziliense, de Brasil -que revela uno de los mayores casos de corrupción parlamentaria en ese país-, y el de 11 periodistas de la Revista Semana, de Colombia -sobre la penetración de paramilitares en la política nacional-.

El segundo lugar fue para un trabajo de El Comercio, de Perú, cuyo autor, Miguel Ramírez, investigó durante 12 años una red de narcotráfico dirigida por Fernando Zevallos, actualmente preso.

Incentivo

Ese premio distingue anualmente (desde 2005) a las mejores investigaciones sobre corrupción en América Latina y el Caribe, tomando en cuenta el impacto de las mismas.

“Es una forma de incentivar a los periodistas a involucrarse en la lucha contra ese flagelo”, expuso ayer Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (capítulo nacional de TI).

Enfatizó la necesidad de que los medios de comunicación asuman un papel más activo en esa materia, “en especial, en países como Guatemala, donde prevalece la impunidad y la debilidad del Estado para investigar y sancionar actos ilícitos de los funcionarios”.

El jurado estuvo integrado por reconocidos periodistas, entre ellos, Gerardo Reyes, de El Nuevo Herald; y Tina Rosenberg, de The New York Times.

Pacur

Programa benefició a legisladores.

La Secretaría Ejecutiva y la oposición en el Congreso crearon el Pacur a finales de 2004, para que diputados pudieran decidir el gasto de Q200 millones en 2005, a cambio de votos en el pleno.

Para evitar licitaciones, se usó a la Organización Internacional para las Migraciones como intermediaria.

Tras la denuncia de Prensa Libre, el programa fue cancelado.