EDITORIAL
Efectos de un Estado fallido

A ninguna persona cuerda le debe resultar agradable compartir el escenario de un Estado amenazado de colapso, porque los efectos de la ingobernabilidad se extienden, por igual, sobre todo el tejido social.

Más allá del efecto político sobre quienes de manera pasajera ostentan el control del Gobierno, el escenario para un Estado fallido, como parece ocurrir en Guatemala, tiene un impacto negativo muy alto en la población, porque aquel fracaso significaría la virtual paralización de las instituciones encargadas de la administración de la seguridad, la justicia, la fiscalización para el uso correcto del tesoro público, de los servicios básicos confiados al monopolio del poder, y hasta de la capacidad misma de llevar adelante la obra de infraestructura.

No se llega a esa condición de inviabilidad en el cuatrienio de un gobierno. Se trata de un proceso histórico caracterizado por el incumplimiento de obligaciones en todos los niveles. Ciertamente, el ciudadano común tiene responsabilidad por la mala elección de sus autoridades, pero son éstas las que con sus actitudes y su desempeño, a lo largo de muchos años, han ido cavando la tumba que amenaza con engullir a la Patria.

Cuando la burocracia, comenzando con los presidentes de los organismos estatales, se empeña en burlar sus responsabilidades, la suma de actitudes va erosionando la confianza ciudadana en las instituciones, y esa debilidad es aprovechada por los poderes fácticos para ocupar espacios de decisión.

El denominador común para llegar a aquel escenario es el escarnio de la ley, y esto ocurre especialmente cuando los órganos públicos demuestran de manera reiterada que el estado de Derecho se puede burlar, manipular y poner en subasta, al servicio del mejor postor.

No es un secreto que eso es común en Guatemala en decisiones administrativas; con leyes y otro tipo de normativas; con posturas oficiales claramente dedicadas a intereses específicos; en las inequidades propias de los órganos de investigación y sanción del delito; en la corrupción en el manejo del erario y en la posibilidad de burlar el control y la fiscalización, ya sea por medio del soborno o por el empleo de la picardía; y en los atropellos constantes de agentes de la Policía en contra de los guatemaltecos, de suerte que con su vesania han llegado a constituirse en la mayor amenaza para la democracia.

Como si no fuera suficiente con aquella tragedia, también en la vida privada se pisotea la ley y el derecho ajeno, pues en la medida en que el Estado da malos ejemplos y, además, es incapaz de defender a los ciudadanos, los pícaros encuentran en su debilidad un espacio para el lucro desmedido, el enriquecimiento ilícito y hasta para ajustar la ley al tamaño de su venganza y de sus apetitos inmorales.

La anarquía ha llegado a tal grado de peligro que exige una acción social resuelta para ponerle atajo. En ese esfuerzo no debe quedar excluido ningún sector, porque el daño irreversible del virtual colapso del Estado es colectivo. No cabe, por lo tanto, el gozo patológico por el mal ajeno, propio de aquellos políticos acostumbrados a medrar de las calamidades del país, porque ellos son, por cierto, los mayores responsables de esta debacle.

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