Presidios, una crisis por detonar
Tras el colapso anunciado, lo que menos se espera en las cárceles son buenas noticias
Por: Corresponsales, Carlos Menocal

Los reclusos de Salamá comparten y efectúan varias actividades en un solo ambiente. (Foto Prensa Libre).

Las cárceles de Guatemala están en coma, debido a la falta de atención y de políticas estatales encaminadas a resolver los males que aquejan al Sistema Penitenciario, como corrupción, hacinamiento, violencia, bajo presupuesto, deficiente preparación del personal e infraestructura obsoleta.

Esta situación fue comprobada por corresponsales de Prensa Libre, quienes, además de constatar el abandono de las instalaciones carcelarias, recogieron testimonios de los reos sobre amenazas latentes de fugas y motines, especialmente en Puerto Barrios, Izabal; Escuintla, Quetzaltenango, Santa Rosa y el Preventivo de la zona 18.

En Guatemala hay 19 prisiones que albergaban a seis mil 892 presidiarios hasta el 14 de mayo. Nueve de ellas tienen sobrepoblación de más del 50 por ciento. La causa principal es que la mayoría de reos –siete de cada 10– aún no han sido sentenciados.

El escenario, estiman los expertos en materia penal, provoca que las cárceles estén al borde del colapso y que sea latente la amenaza de motines, revueltas, asesinatos en serie –46 en el 2006– y fugas masivas, tal y como lo advirtiera la semana recién pasada Adela Camacho de Torrebiarte, ministra de Gobernación.

“En agosto del 2005 hubo una acción criminal en serie, cuando, en cuatro prisiones del país, una pandilla arremetió contra la otra. Lo mismo puede ocurrir en una fuga. Las bandas están en todas las prisiones, al igual que el crimen organizado”, recuerda el doctor en derecho penal Armando Secaida, ex juez.

El hecho al que se refiere Secaida ocurrió el 15 de ese mes, cuando miembros de la Mara Salvatrucha asesinaron a 30 de la Mara 18. Las autoridades policiales encontraron indicios de que hubo comunicación entre los pandilleros recluidos en El Hoyón, Escuintla; Pavón, Fraijanes, y Mazatenango.

Diagnóstico y petición

Margarita Castillo, directora de Presidios, explica que una de las mayores preocupaciones de esta crisis es la infraestructura. “Tenemos problemas serios para proveer agua, en los desagües y pozos; la energía eléctrica y las plantas están sobrecargadas. Además, los sistemas no han sido revisados y reparados correctamente”, refiere.

La funcionaria afirma que el presupuesto que les fue asignado no es suficiente. Esa dirección maneja Q171.5 millones anuales, de los cuales, Q151.9 millones se invierten en seguridad.

Las cárceles que más gastan (Q156.2 millones) son las del departamento de Guatemala: Pavón, Pavoncito, el Preventivo para Hombres, de la zona 18, y Santa Teresa, para mujeres.

Presidios modificó el presupuesto a principios de este año y quitó Q8 millones a las prisiones de Escuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango e Izabal –justo donde hay más amenazas–, para fortalecer la seguridad en el departamento de Guatemala.

Patricia de Chea, ex directora penitenciaria, asegura que el problema de la infraestructura no es nuevo. “Unos israelíes me dijeron que las paredes del Preventivo de la zona 18 no eran las adecuadas, y que son porosas”, recuerda.

Secaida opina que a la mala estructura de las cárceles se debe agregar que el 80 por ciento de los reclusos no está inmerso en los programas de redención de penas, lo que hace que piensen casi las 24 horas del día en cómo fugarse, cómo asociarse para delinquir y cómo obtener dinero sin trabajar.

Un miembro de la Mara 18 entrevistado por este diario, por teléfono, cuenta cómo funciona una prisión: “Te levantás a las 6 de la mañana, para el conteo; ponés a otros a hacer talacha (limpieza), hacés ejercicio toda la mañana, hablás con los homies (compañeros) y empezás a llamar para extorsionar. Te drogás y esperás el día de visita. Los 200 pandilleros mandamos en esta cárcel”.

La corrupción, según una investigación del Centro de Estudios de Guatemala, ha superado la autoridad de las cárceles y se ha apoderado de la voluntad de muchos jueces, con lo cual se han beneficiado las fuerzas del crimen organizado y mantenido en la impunidad numerosas acciones delictivas que se cometen dentro de los reclusorios.

Armas de fuego de todo calibre, granadas, objetos cortopunzantes, teléfonos celulares y drogas de todo tipo, son introducidos en los presidios, ante la inacción de las autoridades. Desde las cárceles se dirigen operaciones delictivas como secuestros, extorsiones, robos, asaltos a mano armada y otras actividades delincuenciales.

Para obtener una ubicación más ventajosa, un reo debe pagar de Q200 a Q2 mil; para ingresar teléfono celular o electrodomésticos, hasta Q500, y una llamada telefónica puede costar Q25.

Connotados criminales de cuello blanco permanecen separados del resto de presos, en condiciones de gran comodidad, lujos y prerrogativas, gracias, fundamentalmente, a su capacidad económica, lo que demuestra que la ley no se aplica con equidad y que la corrupción está institucionalizada.

Para paliar esta crisis, Castillo admite que la única solución es reestructurar el Sistema Penitenciario y buscar acercamientos con el Congreso de la República, para pedir de nuevo una ampliación presupuestaria, a fin de construir, al menos, cuatro prisiones más.

Sin embargo, las puertas parlamentarias no estarán del todo abiertas para Presidios, pues, según Rubén Darío Morales, presidente del Congreso, primero deberán informar en qué han gastado las ampliaciones presupuestarias que les otorgaron.

En el 2007, Presidios recibió un incremento presupuestario de Q19.5 millones, para la construcción de dos nuevas cárceles y la reparación de otras. En 2006 se le otorgaron Q26 millones.

En servicios personales con cargos fijos, el Sistema Penitenciario tiene una asignación para este año de Q28.8 millones, y para personal temporal o por contrato, Q9.3 millones.

“Ya le dimos prioridad al sistema carcelario. Eso demuestra que no se hizo un enfoque de toda la problemática penitenciaria. Creo que la voluntad política ya fue demostrada, y a estas alturas (año electoral) no creo que alguien en el Congreso tenga confianza de hacer ampliaciones presupuestarias”, dice Morales.

De Chea no cree que deban hacerse remodelaciones, ya que, en su opinión: “Las prisiones están en tan malas condiciones que no vale la pena”.

El reporte de los corresponsales indica que la mayoría de prisiones fueron construidas de piedra caliza, block, madera y mallas, y que ninguna cuenta con cámaras de video y detectores de metales.

Luis Ramírez, del Instituto Comparado en Estudios Penales, cree que el problema del hacinamiento en las prisiones se resolvería con un sistema de justicia más ágil y eficiente.

No avanzan los procesos

La parsimonia en los procesos judiciales se refleja en los números: pese a que el país registra una tasa de 65 mil reos por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de América Latina, el 43 por ciento de presos lo están porque sus casos no han sido resueltos.

Según Ramírez, el problema es que el 95 por ciento de reos fueron detenidos flagrantemente, y, aún así, no existen pruebas sustentadas en su contra.

“La Policía tiene una filosofía de intervención, y cree que con la detención se acaba su trabajo. Entonces su consigna es incrementar las aprehensiones, pero la mayoría no tiene sustento. Esa falta de pruebas hace más lentos los procesos y que al año se conozcan sólo unos mil 200 casos en los tribunales”, explica.

Los números respaldan a Ramírez. Según los registros penitenciarios, dos mil 814 reos tienen sus expedientes judiciales en trámite, y unos 700 fueron detenidos por faltas que pueden pagar con una multa, pero nadie les ha informado de esa posibilidad.

“En el 2001 hubo 77 mil detenidos. Seis años después hay 46 mil, y, pese a ello, los juicios no superan los mil 500 anuales. De estos casos, sólo 800 reciben condenas”, afirma Ramírez.

Para Secaida, el Estado mide la eficacia de la justicia por las detenciones, pero nunca es capaz de sustentarlas con pruebas. “Eso genera saturación en las cárceles”, asevera.

Al parecer, este año electoral el problema continuará, y será el nuevo gobierno el que deba enfrentar el problema. De no hacerlo de inmediato, podría estallar y provocar una crisis nacional.