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Queda en suspenso directorio de CNEE
Por:
Eduardo Smith, Coralia Orantes, Hugo Alvarado
El Ejecutivo pospuso ayer la juramentación de los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y dio a su presidente electo, José Toledo, 36 horas para que clarifique su situación legal.
El viceministro de Energía y Minas, Mario García Chiú, informó ayer que esa dependencia pidió al presidente Óscar Berger que dejara sin efecto la juramentación de los miembros, luego que se corroborara que Toledo tiene un juicio de cuentas pendientes que data de 2006.
La Ley General de Electricidad impide que cualquier miembro electo de la CNEE, ente regulador del sector eléctrico en el país, tenga juicios pendientes u otras demandas.
“Se le sugirió al presidente suspender la juramentación hasta que Toledo desvanezca los procesos en su contra”, expresó el viceministro. El próximo jueves se definirá si Toledo asume el cargo.
No lo conoce a fondo
Elsa Falla, jueza de Primera Instancia de Cuentas, explicó que no han podido entrar a conocer el fondo de la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas contra Toledo en 2006.
“No hemos podido entrar a conocer el proceso, pues desde que se interpuso la acción éste ha planteado diversas acciones entre las que se detalla amparos, recursos de queja, pero ninguno de ellos atacando el fondo”, explicó Falla.
En dicho juzgado se lleva la causa 4-2006 planteada por la Contraloría General de Cuentas el 23 de febrero de 2006 por un monto de Q1 millón 750 mil provenientes de las arcas del Estado a la fundación Mario Monteforte Toledo, que preside el actual presidente de la CNEE.
Toledo planteó un amparo el 6 de julio de 2006, pero de manera provisional no fue otorgado, y el Tribunal de Cuentas aún no lo tiene en estudio.
Se defiende
Sobre la demanda en su contra, el presidente de la CNEE, dijo que es un proceso “viciado que se montó con toda la mala intención”.
Agregó que es una demanda “mal dirigida”, porque, en su conocimiento fue contra una fundación y las fundaciones no son objeto de fiscalizaciones por la Contraloría.
El funcionario espera que, como otras acusaciones falsas en su contra, el caso sea descalificado.
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