Millonarias pérdidas dejan extorsiones generalizadas
Azote sobre transporte, comercio, empresas y vecinos de áreas con presencia delictiva; autoridades han identificado tres grupos que operan en todo el país
Por: Eduardo Smith, Lorena Seijo, Coralia Orantes

Seis pandilleros fueron condenados por el asesinato de una mujer que se opuso a una extorsión. Foto Prensa Libre: Esbin García.

Las extorsiones provocan pérdidas a la economía nacional por unos Q200 millones anuales, según cálculos realizados por Prensa Libre con base en consultas a expertos y colectivos afectados por este tipo de coacción económica. Esa cantidad, equivalente a unos Q16.62 millones diarios, es sólo Q50 millones más de lo que tiene asignado cada año como presupuesto el Sistema Penitenciario o lo que costaría contratar a cinco mil policías más.

En la cifra no se tiene en cuenta a las grandes empresas, ya que ni la Cámara de Comercio ni la de la Industria han querido proporcionar datos de cómo este delito afecta a sus afiliados. “Es por seguridad”, se justificaron sus representantes.

El país entero es víctima de las extorsiones, pero los más afectados son los comerciantes, transportistas, microempresarios y propietarios de viviendas ubicadas en áreas rojas.

Todos afectados

Luis Castro, consejero director de seguridad para Guatemala y Belice, de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que este tipo de violencia está mermando el nivel de vida del ciudadano común.

Castro explicó que se ha convertido en un coste adicional para las familias, y atenta contra su prosperidad, en la medida que reduce sus ingresos y aleja las fuentes de empleo.

“Desincentiva la inversión, ya que tan pronto como una familia guatemalteca prospera, rápido se convierte en posible víctima de los extorsionistas”, afirmó.

Edgardo Wagner Durán, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), reconoció que la extorsión se ensaña directamente con los pequeños comercios, y que el impacto económico podría ser aún mayor que el calculado, pues se carece de estadísticas completas u oficiales.

Algunos comerciantes han tenido que cerrar sus negocios, trasladarse a otros barrios o cambiar sus números telefónicos. Además, por el temor a ser detectados han dejado de hacer publicidad.

Los presidentes de la Asociación de Transporte Urbano y la de Extraurbano calculan en Q4 millones mensuales lo que tienen que entregar a los grupos delincuenciales para garantizar la vida de los pilotos. Veintiún trabajadores del transporte han sido asesinados este mes.

Pero también el transporte de mercancías se ha visto afectado por este flagelo. Leo Navarrete, representante del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en El Salvador, señaló que los delincuentes piden pagos incluso a vehículos comerciales que abastecen a tiendas en sectores estratégicos, como camiones de bebidas de soda, agua purificada, frituras, pan...

Sobre la base del promedio en las estadísticas centroamericanas, en Guatemala unos 600

vehículos de carga comercial que llevan mercadería a pequeñas tiendas en zonas rojas tienen que pagar Q20 al día para poder pasar.

Quiénes son los delincuentes

La ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, afirmó que este tipo de delitos son generados por tres grupos bien determinados: los pandilleros, integrantes del crimen organizado que están en prisión y delincuentes comunes que se han unido al lucrativo negocio de la intimidación.

“Hay que diferenciar entre la extorsión del pandillero, que siempre da la cara, que amenaza de muerte y que cumple sus promesas, y las del integrante del crimen organizado, que normalmente llama por teléfono y hasta negocia sobre el monto de la extorsión”, explicó la funcionaria.

Desde las diferentes unidades de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) se están buscando otras estrategias para detener a los delincuentes, como un método más efectivo para bloquear la señal de teléfono celular en las prisiones, que es desde donde se produce la mayoría de las extorsiones.

“El problema es que, como se ha convertido en un negocio rentable, hasta delincuentes comunes se han subido al carro”, añadió De Torrebiarte.

Esto lo corroboró también Óscar Albizúrez, presidente de la Asociación de Transporte Extraurbano, quien aseguró que “los delincuentes están acudiendo a las oficinas de los empresarios del transporte para solicitar el monto de forma directa, y algunos de ellos no son pandilleros”.

Lo mismo sucede si nos centramos en las extorsiones a viviendas, que en áreas rojas como El Mezquital o Villalobos sí corresponden a pandilleros. En colonias como La Reformita, zona 12, el hecho está más vinculado al crimen organizado.

En algunos casos el menoscabo ha sido tal que barrios enteros se han trasladado o han cerrado todos los negocios, porque el monto del pago y el temor eran insoportables.

Datos recabados por empresas de seguridad agrupadas en la Overseas Security Advisory Council (OSAC) indican que a finales del año pasado en las colonias El Mezquital y Villalobos había unas 3 mil 800 viviendas sujetas a extorsiones, que al mes pagaban más de Q19 mil entre todas.

La diferencia para determinar si se trata de crimen organizado o pandillas estriba también en los montos exigidos. Mientras los mareros solicitan cantidades relativamente pequeñas (Q200) y sostienen esta exigencia en el tiempo, casi de por vida; el crimen organizado demanda cantidades mayores, de hasta Q400 mil, pero normalmente se trata de un solo pago.

Donald Rodas, presidente de la Gremial de Pequeños y Medianos Confeccionistas, dijo que esta carga económica se está haciendo insostenible para los empresarios que no pueden contratar protección.

Un “negocio” floreciente

Todo parece indicar que la falta de recursos del Estado para combatir este flagelo ha envalentonado a los delincuentes. De 90 denuncias mensuales de extorsión que recibe la Policía, apenas nueve han sido trasladadas a la Fiscalía contra el Crimen Organizado este año. Este tipo de delitos requiere de que la víctima ratifique la denuncia, lo que complica la investigación, ya que la mayoría tiene miedo de hacerlo.

Jorge Luis Donado, fiscal contra el Crimen Organizado, explicó que aunque el delincuente sea detenido en delito fragrante, los jueces no aceptan sólo la versión policial. “Si hay un extorsionista, tiene que haber una víctima de esa extorsión; no basta con que el policía lo diga”, afirmó.

Otro caso es cuando los delincuentes que han sido detenidos asaltando un autobús o amenazando a un negocio son liberados a los pocos días, por falta de pruebas, lo que aumenta la desconfianza en el sistema judicial.

La necesidad de realizar modificaciones al Código Penal y mejorar las investigaciones de este tipo de casos se hace latente, ya que los perjudicados no quieren correr más riesgos.

Los entrevistados apuntaron que la solución de un problema de tal envergadura requiere de la participación de todos los sectores sociales y exige al Estado que retome sus funciones básicas: velar por la seguridad y el cumplimiento de la justicia y los derechos universales a la libertad y a la vida.

Mercados: Los más afectados

Edgar Bustamante, director del Instituto de Estudios en Seguridad, de la Universidad Galileo de Guatemala, explicó que el caso más escandaloso en extorsión a viviendas es el de Villa Nueva.

Según Bustamante, se ha documentado que en este lugar los pandilleros han llegado a extorsionar a más de dos mil inquilinos de los mercados con unos Q20 diarios. El fenómeno se ha repetido en otros centros de abasto en toda la capital, aunque con menos intensidad que en el citado municipio, pero se calcula que fuera de él hay unos 1 mil 300 tenderos que son extorsionados hasta por Q10 al día.

En total, estos pequeños comerciantes llegan a pagar de Q13 mil a Q40 mil diarios a miembros de estas pandillas, que los amenazan con represalias físicas y relativas a su seguridad si no acceden al pago.

Antigua: Cobro por vuelta

Los empresarios de buses de Antigua, Sacatepéquez, ya saben también lo que es sucumbir ante las amenazas. Según Óscar Albizúrez, presidente de la Asociación de Buses Extraurbanos, los empresarios de Antigua han tenido que pagar Q50 por cada vuelta de un bus.

“Como las camionetas de Antigua dan por lo menos tres vueltas al día, los pilotos han llegado a dar Q150 diarios”, comentó Albizúrez. Debido a que los delincuentes se sienten intocables, han tenido la arrogancia de presentarse en las oficinas de los empresarios del transporte a exigir el pago, ya no diario, sino mensual, lo que representa alrededor de Q800 mil al mes entre lo que se deroga en Antigua y Chimaltenango, los más afectados por las extorsiones. A esto hay que añadir los asaltos a las unidades en la ruta, que representa otro riesgo y otra pérdida económica.

IVE: Lavado de dinero

Otra forma de procesarlos.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero conoce dos denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que establecen movimientos sospechosos en dos cuentas de personas relacionadas con reos.

En estos casos la IVE y el Ministerio Público lograron determinar que se utilizó una cuenta bancaria para depositar el producto de las extorsiones que vía telefónica ejecutaron los reos.

La IVE determinó que las cuentas tenían en un principio movimientos de Q1 mil y Q500, pero de repente se incrementaron a Q40 mil. Las pesquisas establecieron que las personas intimidadas decidieron hacer los depósitos en las cuentas que les indicaron, luego de haber sido amenazadas de muerte.

Q20 mil por seguir abierto

El pequeño comerciante.

Eduardo* recibió varias llamadas telefónicas en su negocio, pero nunca les puso mucha atención, hasta que un día un niño pasó corriendo por su tienda y dejó un papel en el mostrador.

La nota le advertía que si no pagaba los Q20 mil que le estaban exigiendo, su familia pagaría las consecuencias. Eduardo dijo que sí, pero que no tenía el dinero en efectivo para poder efectuar el pago. Como tardó demasiado en pagar, un día, a las 9 horas, fue secuestrado por el grupo de extorsionadores.

Cuando su familia ya creía que tenían que empezar a buscarlo en la morgue, apareció vivo. Había pagado la extorsión. Temeroso por todo lo que había sucedido, cerró su negocio tres meses, pero por no encontrar otro modo de vida, volvió a abrirlo. Recientemente ha vuelto a recibir amenazas.

Ministerio Público: Tres delitos para un mismo mal

Las denuncias presentadas en el Ministerio Público sobre supuestas extorsiones cometidas por pandilleros o personas particulares pueden seguir varios caminos.

Los procesos son enviados a la Fiscalía de Desjudicialización, que los clasifica como delitos de coacción (imposición). Durante el año esta unidad ha recibido 1,200 denuncias por este delito.

El Código Penal establece que la coacción se da cuando una persona, sin estar autorizada y mediante procedimiento violento e intimidatorio, obliga a otro a que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe; este delito está penado con seis meses a dos años de cárcel. La fiscalía ha logrado determinar que la mayoría de casos registrados de coacción tienen como protagonistas a delincuentes que llaman por teléfono solicitando dinero.

Los procesos son remitidos a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, donde clasifican el delito como extorsión, de los cuales hasta el momento sólo se han registrado nueve casos.

La ley estipula que este delito se desarrolla cuando alguien, con fines de lucro o para defraudar a otro, obliga con violencia a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación, condonarla o renunciar a algún derecho; la sanción es de uno a seis años de prisión.

El tercer camino es cuando se aplica la nueva ley contra la delincuencia organizada. En los casos en que se extorsione a pilotos y personas particulares de forma continua, se les puede aplicar el delito de exacciones intimidatorias, cuya pena de prisión es de seis a ocho años.

Jorge Luis Donado, jefe de dicha fiscalía, explicó que con la vigencia de la nueva ley se busca mayor castigo para los extorsionistas.

Recomendaciones: Qué se debe hacer

Según las autoridades, deben seguirse ciertas pautas para evitar ser víctima de extorsión.

Al contestar el teléfono, si el que llama es un extraño, no dar ningún dato personal, familiar o laboral al interlocutor.

No confiar en premios que ofrecen por teléfono, ya que la mayoría de las veces quieren que la víctima les dé su número de cédula, dirección... para poder llamarla después y chantajearla.

Si la llamada es recibida en su teléfono celular, puede ser que el número haya sido escogido al azar o que el extorsionista lo conozca, un familiar, alguien del barrio.

Si tiene datos suficientes sobre usted, y teme por su vida, no diga que dispone del dinero en efectivo que le solicitan, ya que el delincuente nunca tiene acceso a su cuenta corriente o a ese tipo de información.

Si la persona se presenta directamente a su negocio a amenazarlo, contacte con el número 110 de la Policía o la comisaría más cercana, para que la unidad especializada en este tema se ocupe de su caso.

Denuncie el caso al Ministerio Público y acuda a ratificar la denuncia, para que su victimario pueda ser condenado.