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Guatemala, viernes 02 de noviembre de 2007

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Opinión

EDITORIAL
Estado de Derecho frente a impunidad

El estado de Derecho debe propiciar la estabilidad de una sociedad, y actúa directamente en contra de la inseguridad, la injusticia y, sobre todo, la impunidad.

¿Qué está sucediendo en nuestro país? Lamentablemente, que el estado de Derecho no está funcionando, y la ciudadanía en general vive en zozobra, porque los delincuentes, los corruptos y el crimen organizado se imponen ante la falta de aplicación de la ley.

El problema que más preocupa a la mayoría de guatemaltecos es la inseguridad imperante, pero, en el fondo, lo que estamos viviendo a diario es la absoluta falta de eficiencia del estado de Derecho, y la impunidad fomenta aceleradamente la violencia.

La violencia y la delincuencia son dos fenómenos que existen en todas las sociedades del mundo. Sin embargo, en aquellas donde funciona mejor el estado de Derecho, donde se combate la impunidad, es posible reducir estos terribles males que han acompañado al ser humano a lo largo de los siglos.

Si queremos que disminuyan los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y robos, no bastan fuerzas de seguridad eficientes. Se necesita, obligatoriamente, que la impunidad no persista, y que los responsables de esos delitos vayan a juicio y reciban las sentencias condenatorias que merecen por actuar en contra de la ley.

La impunidad, como hemos mencionado, se convierte en un ingrediente que promueve con fuerza la persistencia del delito, lo que induce, por decirlo de alguna manera, a que los delincuentes actúen a sus anchas, porque saben que, al fin y al cabo, no se castiga a los malos ciudadanos, a pesar del daño que infligen al resto de la sociedad.

En los últimos ocho años se ha disparado el índice de criminalidad en el país. Esto haría suponer a cualquier persona que, a más delitos cometidos, mayor es el número de casos que llegan a los tribunales, y mayor, también, el número de sentencias condenatorias.

Esto lo dicta la lógica más elemental, pero no es lo que ahora ocurre en el país. Todo lo contrario: mientras que el número de hechos delictivos aumenta y la población se siente más acosada por los malhechores, éstos parecen poder caminar por las calles con mayor impunidad que antes.

Las estadísticas no mienten. Mientras que hace dos años el promedio de condenas legales superaba las 400 al mes, ahora apenas si se registran unas 225 cada 30 días, es decir, casi la mitad de las que se dictaban en aquel entonces.

No hay, para eso, explicación que pueda tener sustento. Es claro que el estado de Derecho en Guatemala es hoy inoperante, aunque los guatemaltecos no pierden la esperanza de observar un cambio.

Es una pena que, cuando los candidatos presidenciales hablan del tema de seguridad, se limiten a pensar en lo que harán con sus fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia. Esto es necesario y urgente, pero si no se acompaña con una mejora del sistema judicial, que incluye Ministerio Público (MP) y tribunales, no es mucho lo que podemos esperar.

Si las investigaciones del MP siguen mostrando tal debilidad y si los tribunales continúan exhibiendo tal ineficiencia, la impunidad prevalecerá.

La situación es más que dramática. Si el estado de Derecho no funciona y persiste la falta de castigo a quien delinque, nada hará disminuir la inseguridad.

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