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EDITORIAL
Inmoral forma de financiarse
Desde que en el artículo 257 de la Constitución de la República, aprobada en mayo de 1985, fue creado el aporte constitucional del Estado para las municipalidades, los alcaldes han mantenido una lucha constante para recibir la mejor tajada de esos fondos, en la mayoría de casos, de manera correcta y hasta encomiable, pero en otras, mediante ardides que lindan en actos delictivos.
Uno de los criterios para calcular la asignación se relaciona con los ingresos propios de cada comuna. Aparentemente, el espíritu de esta disposición es el de premiar el esfuerzo de recaudación en una forma proporcional: a mayor generación de fondos privativos, mayor aporte del Estado.
Pero a lo largo de la vigencia de esa asistencia ha existido preocupación acerca de la falsificación de informes contables para recibir más recursos, y sobre la injusticia de que municipios con alto número de habitantes en el área urbana, pero con pocas aldeas, vean, por eso, restringido su ingreso.
Reciente investigación de la Contraloría de Cuentas ha venido a corroborar la primera sospecha sobre inmoralidad. Si de una muestra de 52 comunas, 29 alteraron sus ingresos, es probable que en el 56 por ciento de ellas se incurra en esa anomalía, con la asesoría de pícaros cuya experiencia en el manejo de tesorerías y hacienda edilicias los ha hecho expertos en el fraude contable tanto para ese propósito como para dar apariencia de legalidad a los negocios sucios que se cocinan en los gobiernos locales.
La debilidad contralora y fiscalizadora del Estado sobre aquellos recursos lo demuestra el hecho de que, en 22 años de vigencia del aporte, no se ha sancionado a ningún alcalde, y este es la primera vez que la Contraloría toca el tema.
En ese tiempo, solo ha existido una denuncia, presentada por un diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, en contra de un alcalde del norte, quien en 2004 se fabricó el pintoresco concepto de “Producto Interno Bruto local” y reportó Q18.1 millones de ingresos, contra los reales Q8 millones percibidos. El diputado lo acusó de desfalco y falsedad ideológica, y le exige que devuelva el dinero que dio por ingresado en las arcas edilicias.
El hallazgo de la Contraloría debe traducirse en dos acciones necesarias para el escarnio público: la determinación de los montos robados al Estado y la deducción de responsabilidades punitivas para quienes urdieron esas maniobras vergonzosas. A este esfuerzo de defensa del interés social debería unirse la Procuraduría General de la Nación.
Es importante el castigo para estos defraudadores investidos de autoridad, no solo porque quien miente en un aspecto miente en todo -y eso es peligroso en la posición de funcionario público- sino porque el afán de contar con más fondos en las comunas no siempre obedece al propósito de satisfacer las necesidades sociales más sentidas. No es raro que el fin sea el de apropiarse de ellos por medio de la infinidad de medios que permite un Estado fallido en controles y fiscalización.
Además, la responsabilidad alcanza a quienes, sin mayores averiguaciones, aceptaron documentación falsa para la erogación de fondos públicos.
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Q 7.62134