EDITORIAL
Persistencia de petición absurda

Aunque a cualquier persona con dos dedos de frente le cueste creerlo, los 90 diputados que no fueron reelectos para el período 2008-2012 insisten en su descabellada idea de recibir indemnización por sus servicios como integrantes del Organismo Legislativo.

Con esto, otra vez se demuestra que, cuando se ejerce el poder político de manera irresponsable y ello provoca reacción negativa en la ciudadanía, el sistema democrático tiene en su entraña el germen de su propia destrucción.

En efecto, son muchos los ejemplos de países donde estos abusos generalizados hicieron que los ciudadanos escucharan cantos de sirenas. Un ejemplo claro –pero no el único– es el de Venezuela, cuya clase política no supo comportarse de manera responsable, lo cual pavimentó el camino para el actual mandatario.

En Guatemala, tradicionalmente, el Congreso es una institución que ha sido objeto de desprestigio generalizado. La población percibe la actividad del parlamento como innecesaria, onerosa e inútil, y quienes lo integran son vistos, de manera general, como personas desinteresadas en el bien común.

Es por ello que la petición de indemnizaciones, además de su total incongruencia con la realidad, tiene como principal resultado aumentar el rechazo popular a ese organismo.

El monto total de lo que gastaría el Legislativo “de sus ahorros” –es decir, del dinero de los impuestos– sería, en números redondos, de Q15 millones, suma que arroja un promedio de Q160 mil para cada uno.

A efecto de tener derecho a una cantidad similar, un trabajador que gane Q5 mil mensuales debería laborar, sin interrupción, durante 30 años. Al analizar así esta suma, se puede comprender por qué la aprobación de semejante idea causaría rechazo generalizado.

Ha llegado el momento de que se hable con toda seriedad de este asunto. Las personas que desempeñan cargos de elección popular, o que han sido electas para puestos en entidades como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no tienen derecho a indemnización porque se sabe de antemano cuándo terminará el trabajo, y porque esos cargos son, de alguna manera, distintos de los empleos que otorgan el mismo Estado y la iniciativa privada.

En el caso del TSE, las indemnizaciones llegan en dos casos a Q267 mil y Q303 mil. Los comentarios sobran.

Este tipo de acciones de los diputados es el que suscita el apoyo ciudadano hacia los sectores que promueven la necesaria reducción del número de legisladores.

La superpoblación de ellos ocasionará una justificada e inevitable reacción de molestia entre los ciudadanos. Constituyen parte del conjunto de motivos para que los regímenes y candidatos populistas –valga la redundancia– sean populares.

El Código de Trabajo no reconoce retribuciones por el tiempo de servicio a estas personas. Tanto el Congreso como el TSE tienen la obligación de obedecer la ley, que en este caso coincide plenamente con la exigencia de la población. Cabildear por esta indemnización no tiene sentido, es extravagante y llega a la categoría de chocante.