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EDITORIAL
Veinte años con el enemigo en casa
La carcelera Irma Barrientos, quien cobró notoriedad de la mala, esta semana, al desvelarse que obligaba a prostituirse a las reclusas bajo su vigilancia, no es, empero una simple proxeneta, sino una burócrata audaz que durante 20 años logró ocultar a sus superiores tanto aquel recurrente chantaje, del cual obtuvo pingües ganancias, como su parentesco con un asaltabancos condenado a 65 años de cárcel, y a quien sirvió de enlace para extorsiones y otro tipo de delitos urdidos desde la granja penal Pavón.
Desde su puesto de celadora en el Sistema Penitenciario, Barrientos entretejió la red utilizada por su cónyuge para intermediar entre los reos y sus familias para el envío de dinero a Pavón, mediante el cobro de leoninas comisiones, en un mecanismo parecido al que utilizan extorsionadores recluidos en ese y otros penales, para el manejo de fondos provenientes de chantajes telefónicos.
Resultan asqueantes las andanzas de la señora Barrientos, tanto desde su puesto en el Sistema Penitenciario, como de cómplice de un delincuente de la peor calaña, y sorprenden hasta el límite de lo inaudito que no hayan sido del conocimiento de las autoridades en el largo tiempo de dos décadas.
Ahora, si se enteraron y optaron por el silencio cómplice, ya sea por temor o por connivencia, el hecho se convierte en temerario, porque con conocimiento de causa uno de los principales órganos de seguridad del país ha convivido con el enemigo por el tiempo que duran cinco mandatos presidenciales.
En los aparatos de seguridad de cualquier nación es elemental la existencia de órganos de investigación y control de su personal, para atenuar los riesgos de infiltración criminal. Pero en Guatemala, esta bochornosa realidad desnuda la deficiencia patética en esta materia, y la posible complicidad de funcionarios.
Por otra parte, este vergonzoso episodio explica por qué operan con tanta libertad, desde las cárceles, bandas dedicadas al secuestro, la extorsión y otros delitos: porque existen personas externas, a menudo ligadas a las fuerzas de seguridad, que les facilitan el manejo del dinero, y probablemente, cuando la situación lo amerita, de otras infamias para doblegar la moral de sus víctimas.
Pese a todo cuanto se conoce de la conducta de Barrientos, ésta continúa en su cargo, impasible, porque el tortuguismo de la burocracia le permite el privilegio de disfrutar, en el puesto, de las vilezas cometidas, y de burlarse con ello de una sociedad perpleja por los niveles de permisividad pública.
Y no es remota la posibilidad de que obtenga una remoción honrosa en la que, como se acostumbra con los funcionarios delincuentes, no le deduzcan responsabilidades civiles ni penales, sino más bien el retiro implique un premio de perdón y olvido.
Si así brilla la buena estrella de la señora Barrientos, es fácil imaginar la anticipada buena suerte de los policías y otros funcionarios que participaron de su perversión. Al fin y al cabo, esa práctica en contra de la dignidad de las reclusas no es ninguna novedad en este país, menos aún en los calabozos bajo la responsabilidad de la Policía Nacional Civil, en donde es una rutina oprobiosa.
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Q 7.62134