EDITORIAL
Una campaña de poca altura

Cuando apenas faltan 20 días para la realización de la segunda vuelta electoral, la característica más notoria de esta etapa es la falta de altura que han mantenido los dos contendientes y de quienes ocupan las posiciones más destacadas, por haberse embarcado en un lamentable e inaceptable intercambio de insultos, acusaciones de todo tipo y descalificaciones personales. El asunto se salió del límite. Es objeto de editoriales, columnas y programas radiales críticos. El 87 por ciento de los lectores encuestados de Prensa Libre, están hartos de esa virulencia verbal.

Los presidenciables y los partidos políticos son responsables de esta prueba de inmadurez política, al permitirle a sus “fuerzas de choque verbal” lanzarse al ataque. Una elemental regla de la participación política es el control de la forma y el fondo de las declaraciones públicas. No se puede aceptar que los partidos permitan una libre expresión interna si se convierte en diatriba.

Ello no significa que no se pueda o no se deba criticar al adversario. La crítica es parte esencial de toda lucha política. Pero es muy distinta al insulto simple, llano y, por eso, bajo.

Durante la primera etapa, se pensó que las declaraciones destempladas y altisonantes eran producto colateral de la participación de políticos que, seguros de su derrota, trataban de obtener notoriedad con base, muchas veces, en ataques dirigidos a nivel personal. La segunda vuelta ha demostrado que los políticos, sin importar la posibilidad que tengan de ganar la Presidencia, consideran al insulto como un arma válida de la lucha electoral.

Con ese tipo de actitudes, los políticos contribuyen a quitarle la legitimidad a las elecciones, condición que sólo se adquiere cuando participa al menos la mitad más uno de los votantes inscritos. Pero no causan sólo ese problema. Al reducirse el número de participantes, puede aumentar, al mismo tiempo, el porcentaje de votos nulos o en blanco, y con ello los sufragios necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los participantes.

En una elección como esta, casi con toda seguridad muy reñida, todo eso significa una reducción del número de votos. Por ello, una victoria ajustada, de combinación 52 por ciento para el ganador y 48 por ciento para el perdedor, aumenta las posibilidades de problemas de rechazo a los resultados y del empleo de las armas legales, pero también de los subterfugios empleados para exigir cambios, anulaciones, etcétera. En otras palabras, puede significar que en Guatemala ocurran los problemas de México en la anterior elección.

Si los políticos participantes en ambos bandos no cambian de actitud, tampoco pueden esperar respeto popular cuando se enfrenten en el Congreso. Pero, además, demostrarán que la madurez de los votantes es superior a la de los aspirantes, y por ello se comprueben las viejas ideas de que en Guatemala sí se vota, pero no se elige. El sufragio en demasiados casos no es a favor de alguien, porque se le considera malo, sino contra otro, al que se le cree peor, o rodeado de peor clase de gente.

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