Mientras el Registro Nacional de las Personas (Renap) pide en el Congreso Q200 millones más, se supo que en el 2007 esa dependencia compró 12 vehículos por Q2 millones 22 mil, por medio de cotización, pese a que la ley obliga a licitación pública. Además, una de las empresas contratadas para reparaciones fue investigada por lavado de dinero en el caso del hermano del alcalde prófugo Manolo Castillo.

La compra de vehículos fue distribuida en cinco eventos, en el portal Guatecompras, lo anterior cual se conoce como fraccionamiento, una mala práctica, de acuerdo con especialistas de Acción Ciudadana (AC).

La primera adjudicación se hizo el 29 de agosto del 2007, por la compra de dos picops de doble cabina, por Q309 mil 958. Siete días después fueron adquiridos dos vehículos tipo sedán, por Q220 mil, y ese mismo mes se compraron dos camionetas agrícolas, por Q510 mil 556.

El 15 de octubre del mismo año se adjudicó un concurso de otros cuatro picops de doble cabina, por Q650 mil, y un día después, dos microbuses, por un valor de Q332 mil.

Alejandro Urízar, analista de AC, refirió que cuando en un mismo año fiscal se compran varios productos de características similares —en este caso, vehículos—, por un valor, en conjunto, superior a los Q900 mil, debe abrirse un proceso de licitación pública, y no de cotización, como lo manejaron las autoridades del Renap.

En otro caso se contrataron los servicios de dos empresas constructoras, de Guastatoya, El Progreso, ambas ubicadas en el barrio El Porvenir.

La primera, denominada Constructora Técnica Orellana, propiedad de Aroldo Archila Orellana, se encargó de la reparación y mantenimiento de la sede del Renap en San Andrés Petén, por un valor de Q22 mil 850.

Coincidentemente, la Constructora Orellana, propiedad de Edvin Antonio Archila Orellana, hermano de aquél, se encargó de efectuar reparaciones en las oficinas del Renap de Sanarate, El Progreso.

El propietario de esta empresa fue investigado por supuesto lavado de Q1.3 millones en la Municipalidad de San José Atescatempa, Jutiapa, que involucró a Carlos Castillo Medrano, hermano del ahora prófugo Manolo Castillo.

En el segundo caso se canceló la cantidad de Q16 mil 500 por esos servicios. Las contrataciones suscritas incluyen pintura, instalaciones eléctricas y astas para banderas.