Los centros para jóvenes en conflicto con la ley se extenderán a los departamentos, y se modificará su enfoque para favorecer la reinserción de esos menores.

Hasta ahora, todos los menores de edad que habían delinquido debían cumplir su sanción en preventivos de la capital que no tienen capacidad para ubicar a todos los jóvenes detenidos, y que tampoco cuentan con las condiciones para favorecer su rehabilitación.

La Secretaría de Bienestar Social, institución a cargo de esos jóvenes, tiene programada la construcción de ocho más de esos correccionales en la provincia, en los lugares donde hay juzgados para menores.

Los primeros serán habilitados en Petén, Quetzaltenango y Zacapa.

Tal proyecto contará con el apoyo de la Unión Europea, que destinará Q1 millón a la iniciativa, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que aportará capacitación y asesoramiento. Las tres entidades firmaron ayer una carta de entendimiento.

Rescate de su vida

“Hay que cambiar el mecanismo de atender a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Tienen la posibilidad de rescatar su vida si se les da la oportunidad, y en otros países hay experiencias exitosas”, expresó Manuel Manrique, representante de Unicef.

Afirmó que se debe evitar el manejo represivo, porque si aquellos centros funcionan como cárceles para jóvenes, se convertirán en escuelas del crimen.

Con el programa de descentralización también se evitará el desarraigo que sufren dichos menores al tener que trasladarse a la capital, lo que dificulta su reinserción, explicó Norma Palacios, secretaria de Bienestar Social.

Sandra Torres de Colom asistió a la firma del acuerdo de creación de esos correccionales, y dijo que el Gobierno favorecerá programas preventivos.

Aseguró que tomará ideas exitosas ejecutadas en otros países, y aprovechará el viaje a Brasil, junto al presidente Álvaro Colom, para conocer el Programa de Escuelas Abiertas, que ofrece formación alternativa a jóvenes, en deportes o música.