COMO PARTE DE LA Conferencia sobre la Libertad de Prensa en Guatemala, organizada ayer por la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los temas desarrollados fue el de la Ley de Libre Acceso a la Información, en la actualidad dentro del Congreso de la República. Las diputadas Rosa María de Frade y Nineth Montenegro tienen activa participación en hacerla realidad y a mi parecer se encuentra a poca distancia un instrumento gracias al cual los guatemaltecos podremos exigir ser informados de temas relacionados de manera directa con la manera de gobernar de un partido o de una determinada persona, lo cual tiene relación también directa con uno de los temas relacionados con la democracia, como es la transparencia.

ESTA LEY PERMITIRÁ a todo ciudadano solicitar información de la calidad y la cantidad de los gastos de las instituciones públicas, así como de los ahora tan populares fideicomisos, realizados con el evidente fin de incumplir las leyes de la materia. Igualmente impedirá los ahora comunes casos de impunidad, amañados con el pretexto de la seguridad nacional y del secreto de Estado, figura cuya justificación es cada día más difícil en un país como Guatemala y en un mundo como el actual. Es importante señalar algo: así como la Ley de Emisión del Pensamiento, aplicable en todos los ciudadanos, no solo los periodistas, esta nueva ley es un derecho similar. Los periodistas, en todo caso, son quienes por razones de oficio la emplearán más. Pero es de todos.

UNA VENTAJA PARA GUATEMALA es la posibilidad de hacer comparaciones con las leyes de la misma materia en otros países. Es posible entonces evitar los errores o los párrafos confusos de estas leyes, y por eso la de nuestro país tendrá mayores posibilidades de ser aplicable. Sin embargo, esta ley propuesta en el Congreso necesita de otras igualmente importantes y relacionadas. Me refiero a la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito. Actualmente, en nuestro país alguien puede saltar de la bicicleta al convertible de lujo, o de un área marginal a una edificio de apartamentos de costo millonario, sin temer una investigación gubernativa, ni siquiera una sanción social.

EN LA ACTIVIDAD, EL AMIGO Mario Fuentes Destarac señaló algunos hechos positivos: las declaratorias de inconstitucionalidad por la corte respectiva, de la ley de colegiación obligatoria, en el 2001 y en el 2006 de la supresión del desacato, es decir del castigo legal a quien, a criterio de un funcionario, lo ha insultado. Igualmente, el castigo a por lo menos uno de los culpables del allanamiento de la casa de Jose Rubén Zamora hace cinco años. También fue señalada por los participantes la necesidad de educar a la población y de divulgar en todo el país los derechos de los ciudadanos. Por eso, al nacer la nueva ley, en realidad nace la ardua tarea de convertirla en parte del derecho positivo, no de solo una ley más de las no cumplidas.

EL PRESIDENTE ÁLVARO COLOM, al firmar la adhesión a la Declaración de Chapultepec, expresó una frase importante: la verdad emerge tarde o temprano, y el Estado no debe tener nada secreto. Esto abre la esperanza de una actitud de comprensión al beneficio para todos de las investigaciones realizadas por la Prensa o por las instituciones sociales, gracias a los datos obtenidos de las propias fuentes oficiales. Pero lo más importante de todo, a fin de no ser otra promesa vacía, es la necesidad de planificar las sanciones legales y económicas para quienes, estando en el sector público, se nieguen a proporcionar información solicitada. Si no hay sanciones, todo es inútil. Por eso, éstas son parte integrante del andamiaje de esa ley.