La mayoría de ciudadanos ha oído hablar de los países amigos, cooperantes y organismos internacionales, pero el monto fidedigno de la ayuda internacional que recibe el país nadie lo sabe.

Óscar Figueroa, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, y Carlos Enrique Morataya, subsecretario de Cooperación Internacional de esa dependencia, aseguran que solo un 50 por ciento de esos fondos son canalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de esa secretaría.

“La suma es de unos mil millones de quetzales, pero es solo el 50 por ciento del total que calculamos recibir”, explicó Figueroa.

El funcionario añade que la falta de credibilidad en el Estado promovió que los cooperantes y las organizaciones no gubernamentales (ONG) buscaran otras instituciones para otorgar el dinero.

Con ello, lamenta, se debilita al Estado y se multiplican las instituciones que utilizan, sin mayor control, fondos internacionales.

Para ambos funcionarios es lamentable que en el pasado las autoridades no hayan promovido mecanismos de atención, control y fiscalización de los recursos, los cuales, en algunos casos, han sido mal administrados, con lo que se ha dado lugar a que los cooperantes busquen fuentes alternativas para hacer eficiente su apoyo.

Desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, la cooperación internacional se hizo “vital” para miles de poblaciones, que no recibieron del Estado servicios básicos ni garantías para su seguridad.

Según un informe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), los 29 países amigos tienen proyectos de desarrollo y atención técnica en el país. Más de dos mil ONG operan con fondos internacionales, y en miles de comunidades son éstas las encargadas de atender a la comunidad.

Con los años, aunque el apoyo económico se ha reducido de casi US$2 mil millones anuales a US$1 mil millones, la presencia de la comunidad internacional ha continuado en el país.

Francisco Ou, embajador de Taiwán en Guatemala, asegura que a su escritorio han llegado algunas solicitudes particulares de proyectos, ya sea de alcaldes o instituciones, pero han optado por canalizar la ayuda por la Cancillería.

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, comenta que hay mucha debilidad en el Estado y que esto promueve la falta de transparencia y la corrupción.

“Existe una reforma pendiente que fortalezca las capacidades de la Oficina de Servicio Civil, para que se pueda a contratar a profesionales con mejores sueldos, evitar que el Estado no pueda administrar sus propios recursos y conocer a detalle el monto que recibe del extranjero”, explica Marroquín.