El suroriente del país está plagado de narcos. Me refiero a esta región porque la conozco, pero seguramente es un flagelo que está presente en todo el país, “como una mancha de aceite que invade todo. No reconoce fronteras, ni geográficas ni humanas. Ataca por igual a ricos y pobres, a niños, jóvenes, adultos y ancianos, a hombres y mujeres”, dijeron los obispos en Aparecida. Las noticias que nos ofrecen los medios de comunicación, sobre todo capitalinos, es solo la punta del iceberg. Reportan hechos esporádicos, pero no hacen gala de un periodismo investigativo de profundidad y crítico, que permita desenmascarar la podredumbre que ello encierra y lanzar alternativas para “una lucha frontal contra el consumo y tráfico de droga”.

Constatamos que la autoridad local y estatal lo sabe, pero son incapaces; la población los conoce, y suscitan admiración en algunos sectores; empresarios y comunicadores de los medios les temen, y evitan investigar e informar de sus acciones ilícitas; ciertas iglesias evangélicas los acogen, porque garantizan su prosperidad económica y tranquilizan sus conciencias asesinas con narco-diezmos; los políticos buscan ser sus aliados, para perpetuarse en el poder y favorecer la impunidad.

Estamos llegando al grado de que los narcos se están convirtiendo en un ideal para las jóvenes generaciones y para ciertas familias y negocios que ven allí una alternativa para salir de deudas o superar la pobreza, o para los políticos, con el fin de alcanzar el poder. Ellos son el prototipo de personas que triunfan y lo tienen todo, que abundan en la riqueza y son famosos, que son admirados y vale la pena granjearse su amistad. Una sociedad con tal parámetro de referencia colapsa. Urge hacer algo, antes de que sea demasiado tarde, Estado, sociedad civil, comunidad internacional e iglesias no pueden permanecer indiferentes ante este flagelo, que está destruyendo a la humanidad, especialmente a los jóvenes.

La Iglesia católica, siguiendo las orientaciones de Aparecida, asume su compromiso en tres direcciones: “Prevención, acompañamiento y sostén de las políticas gubernamentales para reprimir esta pandemia”. La primera va en la línea de una educación en valores a toda la sociedad, y en particular, a las nuevas generaciones, “especialmente el valor de la vida y del amor, la propia responsabilidad y la dignidad humana”. El acompañamiento se centra en las víctimas, como “el drogadicto para ayudarle a recuperar su dignidad y vencer esta enfermedad”; como las familias que han sido intimidadas, extorsionadas o les han asesinado a alguno de sus miembros para ayudarles a vencer el miedo y toda clase de trauma; como los que deciden abandonar esas bandas criminales para reinsertarlos en la sociedad.

El apoyo a las políticas gubernamentales va en la dirección de la erradicación de la droga, su consumo y comercialización; en la denuncia de la criminalidad de los narcos que negocian con vidas humanas y tienen “como meta el lucro y la fuerza en sus más bajas expresiones”. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad con firmeza y legítimamente para erradicar el poder de los narcos, que son la vergüenza de este país.

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