El asesinato del investigador Víctor Rivera, quien había sido destituido recientemente como asesor del Ministerio de Gobernación, a cargo de una unidad de élite, generó condena y rechazo por parte de distintos sectores, que interpretan ese crimen como un mensaje negativo para la seguridad nacional.

El lunes por la noche, al salir de un restaurante ubicado en la zona 15, el comisario Víctor Rivera, quien hasta hacía muy poco dirigía una unidad investigativa de élite en el Gobernación —la misma que durante 13 años investigó casos de alto impacto—, fue asesinado, mientras que su asistente personal, María del Rosario Melgar, sobrevivió al ataque pero quedó herida.

Aunque el Gobierno optó por la estrategia del silencio, el presidente Álvaro Colom hizo público el nombre del sustituto de Rivera, horas después del asesinato de éste, y anunció que Alfredo Ruano Tejeda ocuparía el cargo. Gobernación, hasta este momento, no ha emitido una sola declaración en torno del hecho, en medio del rechazo y la condena inmediatos de sectores políticos, económicos y sociales.

Si bien Rivera era un personaje polémico en el tema de seguridad y su trabajo había sido cuestionado, su asesinato fue catalogado como evidencia de la debilidad del Estado, pues aquél había resuelto innumerables casos de secuestro, y las tareas de su unidad llevaron a desarticular bandas del crimen organizado.

La activista Helen Mack afirmó, el viernes último, que el Gobierno es el principal sospechoso del asesinato de Rivera, y que a eso se debe el silencio que han guardado.

La investigación está a cargo del Ministerio Público, que ya tiene en su poder la grabación de siete cámaras de video de empresas y edificios de apartamentos ubicados en el área donde Rivera fue ultimado.