La Contraloría General de Cuentas (CGC), Acción Ciudadana (AC) y la Comisión de Probidad del Congreso proponen 12 reformas a la Ley de Contrataciones, para mejorar los mecanismos de transparencia gubernamental.

Luego de revisión y monitoreo al portal Guatecompras —en el cual se colocan los concursos para adquirir bienes y servicios del Estado, con el propósito de transparentar procesos—, se llegó a la conclusión de que es necesario impulsar cambios para evitar el mal uso de ese mecanismo y endurecer los requisitos de participación.

Jorge Mario Barrios, presidente de la Comisión legislativa de Probidad, dijo que urge inhabilitar en el portal a las empresas que hayan sido sancionadas por incumplimiento o irregularidades, para evitar que haya negocios con éstas.

Hasta la fecha, el sistema sólo avisa del estatus de las compañías, pero no evita que se concreten las compras con éstas, aunque tengan sanción por procesos anteriores.

Se intenta obligar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fideicomisos a utilizar ese portal cuando usen o administren fondos públicos.

Están obligadas a utilizar Guatecompras todas las instituciones del Estado que adquieran bienes o servicios arriba de Q30 mil —cotización— y los que sobrepasen los Q900 mil —licitación—.

En el monitoreo, se estableció que actualmente si en un concurso aparecen inconformidades, a éstas no se les da seguimiento preciso, y se quedan sólo en observación.

Manfredo Marroquín, director de AC, expresó que es imperativo dar el seguimiento correspondiente a las inconformidades, porque ahí se detectan muchas veces ilegalidades en los procesos mencionados.

Comentó que una reforma como la consensuada evitará que quienes hayan incumplido con la ley queden impunes.

Barrios aseguró que entregará las propuestas consensuadas con la Contraloría y AC, para iniciar su discusión en el Legislativo.

Marvin Flores, analista de AC, expuso que fue positivo que el Congreso y la CGC se hayan involucrado en ese proceso.

Carlos Mencos, contralor general, inauguró el análisis el jueves último.

En ocasiones anteriores, ha manifestado la necesidad de regular los controles, para fiscalizar los recursos que utilizan las ONG y organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones.