La costumbre de abrir el grifo y disponer de agua domiciliar a un precio irrisorio origina en los beneficiados olvido e indiferencia acerca de los procesos y los costos para la prestación de ese y otros servicios por parte de las alcaldías.

Salvo el caso de los pocos municipios que reciben agua entubada por gravedad o por impulso de ariete, y se ahorran la electricidad destinada al bombeo, ya sea de pozos o de fuentes superficiales, la mayoría debe cubrir esos costos y los de administración y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento, así como los relativos a la potabilización, cuando la pureza del líquido suministrado va mucho más allá de la simple cloración.

Probablemente, ninguna municipalidad del país cobra a sus vecinos el precio real del aprovisionamiento de agua. En general, las tarifas son bajas y hasta simbólicas, en relación con las sumas desembolsadas para asegurar la provisión de manera continua y en medianas condiciones de calidad. Cada vez que algún alcalde intenta aumentar la tarifa, para resarcir al ayuntamiento de una parte de las pérdidas, los usuarios protestan, vociferan y amenazan con medidas de hecho.

La búsqueda de una salida a esa disparidad entre el valor de producción y de venta, al mejor estilo del dicho popular según el cual “Juan Andrés compra a cinco y vende a tres”, se ha convertido en un tema tabú en los municipios, tanto por el temor edil a la alteración del orden público, como por el costo político a futuro, derivado del malestar comunitario.

Es frecuente la subsidiariedad del Estado en apoyo de actividades privadas o comunitarias, en una errónea interpretación del espíritu del subsidio, que debe orientarse hacia metas sociales determinadas. Por esa costumbre, la gente exige gratuidad o patrocinio público en cuanto servicio sea posible, sin importarle los efectos perniciosos de esa práctica en la eficiencia de su prestación. En el caso del agua, cuando no llega con regularidad a los hogares, los vecinos se ven obligados a comprarla a precios elevados, para la higiene personal, y es mucho más onerosa cuando se expende como “purificada”.

Las comunas están imposibilitadas de mejorar la calidad del líquido, y por eso se habla de “agua entubada”, porque el “agua potable” está reservada a muy pocas localidades. Esta situación tiene una elevada incidencia en la salud pública, y se refleja en altos índices de morbilidad, que obligan a los usuarios a hacer constantes erogaciones en medicamentos.

Es irónico que mientras se resisten a pagar por un servicio esencial, los vecinos no objetan los costos o alzas en satisfactores suntuarios, como la televisión cerrada, licores o cigarrillos.

El subsidio del agua y otros servicios edilicios no es gratuito, porque el costo se traslada a quienes, con sus impuestos, cubren las asignaciones constitucionales destinadas al funcionamiento de las comunas. Por otra parte, éstas sacrifican obras prioritarias de trascendencia social, para el patrocinio de quienes se niegan al pago real de un bien económico.

La descentralización de aquella actividad, por medio de empresas gestoras, es una buena opción para despolitizarla y obligar al pago del precio justo.