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En las altas montañas de Jolomcú, Huehuetenango, permanece encerrado dentro de una casa que sólo tiene una habitación, Luis Alberto Jiménez, quien pasa sus días y sus noches, sin tener idea de la batalla legal que se desarrolló a su alrededor en Florida, Estados Unidos.

Hace ocho años, Jiménez, de 35 años, trabajaba con jardinero en la localidad de Stuart, cuando fue atropellado por un conductor ebrio, indica un reportaje del diario The New York Times.

Un hospital comunitario le salvó la vida, dos veces, y luego de fallar los intentos de encontrar un centro de rehabilitación que estuviera dispuesto a aceptar a este paciente sin seguro médico, lo mantuvo por años a un costo de US$1.5 millones.

Lo que pasó después fue el inicio de una batalla legal que ha tenido repercusiones a nivel nacional: en julio de 2003 Jiménez fue deportado, no por el gobierno federal, sino por el hospital Martin Memorial. Tras obtener una orden judicial estatal, que un año después fue declarada inválida, el nosocomio contrató una ambulancia aérea por US$30 mil, y “a la fuerza lo devolvió a su país natal”, dijo un empleado del centro asistencial.

Desde que retornó a su hogar, en un lugar remoto de Guatemala, Jiménez no ha recibido tratamiento médico, sólo unos antiácidos y plegarias, aseguró su madre, de 72 años. En el último año su condición se ha deteriorado con violentos ataques, caracterizados por caídas, convulsiones, vómitos y sangrado para luego quedar inconsciente.

“Cada vez pierde un poco de si mismo”, afirmó al rotativo, su madre, Petrona Gervacio Gaspar.

Cuando fue deportado Jiménez primero fue llevado al hospital de Ortopedia y Rehabilitación, en la ciudad capital, pero luego fue transferido al hospital San Juan de Dios, donde fue encontrado en lamentables condiciones, por su hermano Enrique Lucas Gervacio, quien lo llevó a su pueblo, donde ahora se encuentra.

Práctica habitual

El caso de este guatemalteco expone una práctica poco conocida pero aparentemente muy utilizada. Muchos hospitales de EE. UU. están tomando en sus manos la repatriación de migrantes seriamente enfermos o heridos porque no pueden encontrar centros de rehabilitación dispuestos a aceptarlos sin seguro médico.

De acuerdo al Times, el caso de Jiménez es aparentemente el primero en que se pone a prueba la legalidad de la transferencia de un paciente a su país de origen, y que es llevado sin su consentimiento o el de sus tutores.

Las autoridades de inmigración estadounidenses no juegan ningún papel en estas repatriaciones privadas, en las que se alquilan ambulancias aéreas y se utilizan aviones comerciales. Muchos hospitales afirman que no hacen ningún traslado hasta que el paciente esté estable y entregan su cuidado médico a un galeno de la localidad a donde será enviada la persona.

“La repatriación en casi una sentencia de muerte en algunos casos”, afirma el doctor Steven Larson, un experto en salud migratoria.

Muchos hospitales hacen las repatriaciones con pacientes seriamente heridos o enfermos como último recurso. “Hemos hechos viajes a Lituania, Polonia, Honduras, Guatemala y México”, dijo Cara Pacione, directora de trabajo social del hospital Monte Sinaí, en Chicago.

Otros hospitales son más agresivos, rutinariamente envían a pacientes sin seguro, sean residente con documentos o sin documentos. Un hospital de Tucson, Arizona, trató de enviar a México a un bebé nacido en Estados Unidos, pero de padres indocumentados, lo cual pudo detenerse a tiempo.