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BUENOS AIRES (AFP) - Industriales argentinos pidieron al gobierno sincerar el cuestionado índice de inflación que creen está muy por debajo del costo de vida real, sumando su voz a la de otros sectores económicos, lo que debilita la alianza empresarial con la presidenta Cristina Kirchner.

"El alza de precios anual supera el 25%", dijo a la prensa este miércoles el vicepresidente de la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, quien exigió una urgente normalización del organismo oficial de estadísticas INDEC, intervenido por el gobierno a inicios de 2007.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, salió al cruce de la estimación del industrial y aseguró que "no tiene ninguna validez" porque la estadística oficial la releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

"La pregunta es: qué responsabilidad tienen los empresarios en los aumentos de precios", dijo y criticó a quienes tienen "oligopolios y producen incrementos de precios", en declaraciones a la televisión.

Para el gobierno, la inflación de 2008 se ubicará por debajo del 10%, y el INDEC calculó un alza de precios de 4,6% en el primer semestre del año.

Sin embargo, economistas privados y entidades de defensa del consumidor sitúan el alza del costo de vida anual entre 20% y 30%.

"El aumento de la inflación es una situación gravísima", advirtió días atrás el presidente de la filial argentina de la automotriz italiana Fiat, Cristiano Ratazzi, con quien se alinearon empresarios del sector textil, plástico y de telefonía.

Julio Werthein, jefe de un poderoso grupo empresarial con negocios en el sector telefónico y de seguros, insistió en que "el índice de inflación no se corresponde con lo que compramos o producimos".

El sector industrial fue uno de los grandes beneficiados con la política económica que inició cinco años atrás el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y que continuó la actual mandataria, con un dólar alto que favoreció las exportaciones.

La UIA respaldó al gobierno durante la dura pelea con el sector rural que se extendió por más de cuatro meses y derivó en una inédita crisis política, que provocó renuncias de dos estratégicos ministros y frenó el crecimiento económico de Argentina, de casi 9% anual desde 2003.

Pero los industriales cuestionan ahora la creciente alza de precios, que infla sus costos y les genera una pérdida de rentabilidad a pesar del valor del dólar (de 3,06 pesos).

El gobierno alentó además una ligera revaluación de la moneda local en los cuatro meses de conflicto agrario para desalentar maniobras especulativas por la incertidumbre que generó la crisis.

Cristina Kirchner terminó perdiendo la batalla con los ruralistas cuando el Congreso rechazó a mediados de julio un polémico proyecto para aumentar los tributos a las exportaciones alimentarias, que generó la rebelión agraria, con el marco de fondo de la millonaria renta de la soja.

Argentina exporta 35.000 millones de dólares anuales en materias primas agrícolas y manufacturas agroindustriales, y es líder mundial en ventas externas de harinas y aceite de soja.

El voto en contra del vicepresidente Julio Cobos en el Senado fue el que definió la caída del proyecto impositivo oficial, lo que provocó un cimbronazo a la alianza gubernamental con un sector disidente de la opositora Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), denominado 'radicalismo K', al que pertenece Cobos.