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Conforme las investigaciones periodísticas se internan en el campo de las decisiones del Estado, aumentan los motivos para la preocupación y la decepción populares en los temas relacionados con el manejo de la cosa pública. Los fideicomisos son una de esas fuentes de sensaciones y de percepciones negativas: en cinco años, los contratos para que sean administradas 67 de esas entidades le ha costado al erario 243 millones de quetzales, es decir un promedio de cuatro millones mensuales.

Los hallazgos del propio Ministerio de Finanzas Públicas han señalado como deficiencias la falta de rendición de cuentas, gastos paralelos no controlados, funciones oscuras de los comités, falta de comprobantes de gastos, transferencias excesivas, desconocimiento del criterio para la toma de decisiones o para establecer los honorarios de los bancos.

El hecho de que estos fideicomisos presenten estas deficiencias, claras e inconvenientes para los intereses económicos del Estado, no significa que sean una mala idea, pero es necesario que existan controles y, sobre todo, reglas claras para evitar abusos de cualquier tipo, en especial, debido a que en algunos casos se manejan de esa forma cientos de millones de quetzales.

Como en todo lo relacionado con el manejo y control de los fondos del Estado, el factor primordial para evitar o disminuir la corrupción es el convencimiento de quienes están relacionados de que Guatemala es un país donde es traición a la patria el mal uso de los fondos, tan escasos, urgentes para mitigar algunos de los graves problemas nacionales.

La exagerada proliferación de fideicomisos, por su propia naturaleza alejados del campo de acción de las entidades estatales dedicadas a controlar los gastos, es uno de los aspectos que más llama la atención y preocupa a quienes conocen a fondo los aspectos internos de negociaciones realizadas por esta vía.

Los fideicomisos, como consecuencia de esta realidad, han caído en la misma situación de las organizaciones no gubernamentales, que al principio fueron vistas como una solución alterna al problema del mal uso de los fondos públicos. Conforme aumentaron de número y temática, se incrementó, además, la posibilidad de errores de todo tipo y de algunos casos de corrupción. Sería un error trágico eliminarlas, pero si no se crean o se perfeccionan los controles y requisitos para su funcionamiento, quedarán pronto desprestigiadas, y eso afectará a las que funcionan correctamente, y por ello son beneficiosas para la sociedad.

El tema tratado hoy tiene relación con la urgencia de que sea emitida una ley correcta y eficaz de la información pública. Cuando se analiza la persistente negativa de un par de partidos políticos con la cantidad de fideicomisos creados durante sus administraciones, es fácil colegir que algo ocultan, porque de lo contrario aceptarían el beneficio de que por la vía de la información pública se pueda saber si las acusaciones corresponden a la realidad o son simple politiquería aldeana.