Guatemala, 8 de agosto de 2008

CATALEJOOlimpiadas en dictadura Mario Antonio Sandoval

IMAGEN ES PERCEPCIÓNLa ironía de los Juegos OlímpicosBrenda Sanchinelli Izeppi

DE MIS NOTASAprenda a llamar a la PolicíaAlfred Kaltschmitt

SIEMPRE VERDESoberanía a la ventaMagalí Rey Rosa

VENTANAUn sueño... (2)Rita María Roesch

LO QUE EXPRESOObligar al Estado a cambiarJosé Miguel Argueta
EDITORIAL
La inauguración del Seminario Nacional sobre Trabajo Infantil, efectuada ayer en esta capital, permite hacer algunas consideraciones sobre qué debe plantearse para evitar el trabajo, para su subsistencia y de sus familiares, de alrededor de 528 mil infantes guatemaltecos de entre 7 y 14 años de edad, pero hacerlo de manera realista, y por ello, con posibilidades de reducir este grave y vergonzoso problema.
Lo primero que debe tomarse en cuenta es que el trabajo es una actividad en la cual se involucran los niños y adolescentes guatemaltecos, como consecuencia de la mala situación económica de sus familias, o de ser hijos de familias de alguna manera desintegradas. Por eso sirven en oficios domésticos, en puestos de venta de productos, por lo general piratas, en fábricas de cohetes, para picar piedra, trabajar en talleres o simplemente ayudar a sus padres en obtener dinero para el sustento de la familia.
El trabajo forzado en esta parte de la población nacional tiene una serie de consecuencias directas e indirectas. Por lo general, significa ausencia o abandono de las aulas escolares, mala nutrición y exposición a los peligros de la vida en las calles de los barrios más pobres, y todo ello influirá necesariamente en su calidad de vida cuando dejen la infancia y se conviertan en adultos jóvenes; por lo general, ya con las cargas de la paternidad o la maternidad.
El Gobierno afirma que la disminución del trabajo infantil es una de sus prioridades, y que mil 800 escuelas han sido adecuadas para los niños. Nadie puede estar en contra de semejante idea, pero es necesario tomar las precauciones para que ésta no sea agregada a la lista de buenos deseos no cumplidos, como el del derecho a recibir educación preprimaria y primaria gratuitas. Programas como Mi Familia Progresa, que aporta unos 280 quetzales a familias que viven en pobreza extrema, es un paso en el camino correcto.
Sin embargo, de nada sirve, si el Gobierno no pone especial cuidado en el manejo de los fondos públicos. Casos como el desvío de los 82 millones de quetzales en el Congreso demuestran que la pobreza extrema, la falta de oportunidades de trabajo, la ausencia de programas adecuados de salud, entre otros temas, son aún peores a causa de que el escaso dinero recaudado por los impuestos es robado, mal utilizado o, de alguna otra manera, perdido, en ocasiones, con el agravante de llegar a los bolsillos de muchos amigos y familiares de los gobernantes de turno.
Cuando un niño tiene necesidad de salir a trabajar, pierde su infancia y se convierte en una especie de adulto pequeño, con responsabilidades que le deberían corresponder más adelante. Por eso, en la lucha para evitar estas labores infantiles y juveniles, están moralmente llamados a participar todos los ciudadanos, en la medida de sus capacidades. Resolver esto puede ser parte importante de las actividades de los planes de responsabilidad empresarial, que se han ido poco a poco haciendo parte del paisaje económico del país. Por eso, más que dirigir la causa, el Gobierno necesita coordinar y facilitar los esfuerzos de la sociedad.
“No se observa ninguna política del Gobierno para proteger la economía familiar... No basta con llegar a las poblaciones a regalar bolsas de frijol, en lo que nos parece una actividad de clientelismo político”.NINETH MONTENEGRO,Diputada
“Es una CSJ ilegítima, de facto. Todas las actuaciones en las que intervenga (Rodolfo de León Molina) son nulas de pleno derecho, aparte de la responsabilidad para él y la compartida del resto de magistrados, a excepción de quienes razonen su voto”.VLADIMIR AGUILAR,Magistrado
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