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Una propuesta de reforma del Código Penal acordaron ayer autoridades, diputados y ecologistas, en una reunión sobre las invasiones en Petén; el propósito de tal enmienda es que los usurpadores de áreas protegidas no tengan medida sustitutiva.

Noé López, fiscal de Delitos contra el Ambiente, señaló que muchas veces los usurpadores son detenidos, pero los jueces les dan arresto domiciliario, por lo que aquéllos, al regresar, continúan la depredación.

Juan Manuel Giordano, miembro de la Comisión legislativa de Ambiente, destacó, en una reunión efectuada en el Congreso, que solo en Petén hay unas 52 usurpaciones, en las que intervienen casi 32 mil personas.

Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental, propuso que se cree una ley específica, para recuperar la gobernabilidad de las áreas protegidas.

Gerardo Paiz, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, informó que se coordinó con los ministerios de Gobernación y Defensa, a fin de instalar un puesto de control, con 30 hombres en Yaxhá, al suroeste del Parque Nacional Laguna del Tigre, para frenar las actividades ilegales.