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Los bloqueos carreteros y el cierre de calles, por grupos acostumbrados a obtener beneficios a través de la violación de la ley y el derecho de los ciudadanos a circular libremente por el territorio nacional, presentan a Guatemala, ante los ojos de propios y extraños, como un país cuya evolución se detuvo en una etapa primitiva de la convivencia humana.

La cultura aldeana del plantón furibundo, para impedir la locomoción pública, pone en evidencia un atraso ancestral de incivilidad y el desprecio de algunos habitantes de esta nación para dialogar con respeto y mesura en torno de sus diferencias, consensos, necesidades, inconformidades y demandas.

¿Por qué resulta tan fácil, en Guatemala, apoderarse de un camino, y esperar, apostado en él, con aires desafiantes, el beneficio de esa bárbara forma de presión? Porque las autoridades le han dado validez a ese recurso montaraz, ya sea por debilidad o por demagogia y populismo, porque los instigadores suelen arrogarse la representación de sectores sensitivos de la colectividad, como los campesinos o los indígenas, aunque lo desmientan sus concurrencias escasas, como las de las protestas de esta semana.

Si el Gobierno sujetara sus actuaciones al ordenamiento constitucional, aquella forma de buscar beneficios sectoriales debería de estar descartada como recurso de negociación, tanto por violentar la locomoción pública, como por la prohibición expresa a los privilegios por medio del patrimonio público.

Pero en un país con un largo historial de impunidad, no resulta extraña, en la esfera estatal, la aceptación tácita de ese procedimiento agresivo, aunque a la postre se honren muy pocos de los compromisos obtenidos por la vía de un diálogo con la pistola en la cabeza, y en el cual no caben los constantes reclamos ciudadanos porque se ponga fin a una práctica de alto impacto en la economía, la educación y en infinidad de actividades interrumpidas por la imposibilidad humana de trasladarse de un lugar a otro.

Con gobiernos con una postura categórica en cuanto a no aceptar ninguna negociación basada en el chantaje, Guatemala ya habría evolucionado hacia otro estadio en donde el norte social fuese el pleno sometimiento a la ley, lo cual implicaría, por otra parte, el empleo de las regulaciones existentes para sancionar con severidad a quien ose violentar la paz pública, sin importar el estrato social o económico de pertenencia.

La Constitución garantiza el derecho de manifestación, pero su ejercicio está condicionado al respeto del fuero de quienes son ajenos a las agendas de los interesados en determinado tema o actividad. Sin embargo, ocurre lo contrario, porque los reclamos sectoriales dejan su huella nefasta en un amplio conglomerado, que de esa manera, en lugar de simpatizar con la demanda expuesta, siente malestar por las reivindicaciones, y repulsa por quienes las abanderan.

A causa de la politiquería, el Estado suele colocarse del lado de quienes quebrantan la ley con estas perturbaciones recurrentes, sin caer en la cuenta de que con eso se pone en contra del interés de la mayoría de guatemaltecos.