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“Los diputados no hacen nada para frenar o evitar los escándalos por corrupción”, aseveró Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC). Ante ello, esa organización presentó un manual que contiene recomendaciones para la transparencia en el Congreso, entre ellas, la creación de un código de ética y de una comisión fiscalizadora.

Ese organismo ha sido objeto, en las últimas semanas, de críticas y señalamientos; su imagen se ha visto afectada por el desvío de Q82.8 millones de sus ahorros a una casa de bolsa. La fuga de dos de los responsables de esa transferencia, y la de Raúl Girón, gerente de Mercado de Futuros, S. A. (MDF), han causado escándalo entre diversos sectores.

A lo largo del tiempo, los congresistas se han resistido a aprobar normas que permitan luchar contra la opacidad y discreción con que se administran los recursos en ese organismo. Ahora, luego de aquel desvío millonario, ha habido expresiones de buena voluntad para mejorar la administración y la forma en que se gastan los recursos de ese organismo.

De acuerdo con AC, para combatir la corrupción hace falta voluntad política y fortalecer el marco legal del Legislativo. “Los congresistas necesitan estar comprometidos e identificados con el tema de la transparencia, para que las políticas que se desarrollen en ese sentido hagan eco en las prácticas cotidianas”, se asegura en el referido manual.

Las recomendaciones

Una de las sugerencias de AC es la elaboración de un código de ética para los diputados, que brinde herramientas coercitivas para el cumplimiento ético de sus funciones, pensando en la misión que les encomendó la ciudadanía. Éste ayudaría, además, a mejorar la “deteriorada” percepción que la población tiene de sus representantes.

En el 2007, el entonces diputado Mario Flores presentó una iniciativa para aprobar un código en ese sentido. Ésta se quedó archivada, en espera de dictamen, en la Comisión de Transparencia.

AC también recomienda crear una comisión de ética parlamentaria que garantice el control interno y fiscalice y sancione las acciones de los diputados y de los demás empleados del Legislativo, con base en el código de ética mencionado.

Se propone también llevar un control, con nombres, de los diputados que votaron a favor o en contra de las distintas iniciativas de ley puestas a discusión, y de los que estuvieron ausentes de las sesiones.

Ello permitiría a los ciudadanos conocer mejor la postura y actuación de los legisladores respecto de cada tema, y la coherencia de éstos con sus discursos.

En julio del 2006, el Congreso compró un tablero y equipo electrónico para monitorear la asistencia a las sesiones, acceder a documentos de apoyo y votar de forma electrónica —para registrar la decisión de cada legislador—. Costó Q7.7 millones, y hasta la fecha solo se emplea para control de asistencia. Hasta ahora los congresistas se resisten a dejar huella de sus acciones.

“Hace falta cambiar el modo en que está organizado el trabajo, para producir mejores resultados. Es necesaria también la existencia de documentación bien ordenada, de archivos debidamente clasificados y de una historia institucional bien respaldada. Una institución carente de archivos difícilmente puede dar cuentas a la sociedad”, considera AC.

“A medida que el Congreso informe sobre sus acciones y decisiones, la ciudadanía participará cada vez más en dichos procesos”, se agrega en el manual Elementos para la Formulación de un Plan de Transparencia.

Reformar marco legal

Entre las recomendaciones de AC se incluye una reforma integral a la Ley Orgánica del Legislativo. “Debe ser una modernización de fondo, y no parcial”, aseveró Marroquín.

“Es necesario que el marco legal establezca los lineamientos principales (...) para consolidar la transparencia y la lucha contra la corrupción”, explica el citado documento.

En el Congreso se han propuesto varias enmiendas a esa norma. En el 2007 se intentó discutir una con el fin de “hacer arreglos administrativos”. A pesar de que recibió dictamen favorable, no fue discutida en el pleno.

Recientemente, Arístides Crespo, presidente de ese organismo, presentó otra para separar la función administrativa de la Junta Directiva.

Sin embargo, nada se ha concretado aún, y la imagen que la población tiene del Legislativo se deteriora día a día, tanto así que la idea de una nueva depuración ronda en la mente de muchos.