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Los cambios de gobierno propician tanto las persecuciones penales contra los antecesores en el cargo como el olvido instantáneo de quienes en algún momento delinquieron, pero ya no forman parte de la agenda pública.

Gustavo Herrera es un claro ejemplo de ello. Si bien cuando la Gana llegó al poder se convirtió en uno de los prófugos más buscados del país, por su vinculación con el desfalco millonario al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cometido durante el gobierno del FRG, hoy vuelve a ser aceptado en la sociedad guatemalteca.

Después de una extraña negociación entre abogados del Estado y defensores de Herrera, un juez penal accedió a dejar sin efecto la orden de captura en su contra, a cambio de que devuelva US$7 millones a las arcas del Estado. El desfalco al IGSS fue de Q350 millones.

Esta negociación la inició el ex fiscal general Carlos De León; fue descartada por el más reciente, Juan Luis Florido, y finalmente aceptada por el recién nombrado en el cargo, Amílcar Velásquez.

¿Devolver semejante cantidad de dinero no es como reconocer su participación en la malversación de fondos? Herrera no va a ser desligado del proceso penal, pero ya no tendrá que esconderse.

Quienes lo conocen aseguran que él nunca dejó el país —como sí lo hizo su amigo Alfonso Portillo—, sino que, junto a su familia, ha disfrutado de su fortuna en tierras guatemaltecas.

Uno de sus hijos fue detenido con un arsenal de armas, hace dos años, pero no se inició proceso en su contra, por lo que se puede deducir que sus contactos en ámbitos jurídicos deben ser importantes.

El desfalco al Seguro Social fue uno de los hechos de corrupción que más indignaron a los guatemaltecos, ya que se jugó con los fondos destinados a la salud y a las pensiones de muchos.