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La incertidumbre propia del relevo en el mando experimentado hace dos semanas por el Ministerio Público (MP) se ha complicado, debido a presiones sobre el fiscal general para nombrar en puestos clave a recomendados por círculos de poder dentro del Ejecutivo, grupos privados de “derechos humanos” y hasta por un organismo internacional con un mandato en materia judicial en el país.

Ese manoseo, en camino de concretarse con nombramientos amañados en las secretarías General, de Política Criminal y Coordinación Ejecutiva, y en la División de Investigación Criminal (Dicri), corresponde al afán de personas apartadas hace algunos años del MP —por diversas situaciones, algunas de ellas, anómalas— de copar los cargos más importantes de aquel organismo, bajo el supuesto interés de ayudar en su mejoría. Por esa circunstancia, la estrategia incluiría, también, la destitución de todos los jefes de fiscalías.

Según la información de trabajadores de aquella instancia, representantes del Ejecutivo que dicen representar al presidente Álvaro Colom han logrado doblegar la voluntad y la autoridad del recién nombrado fiscal general, Amílcar Zárate, para que acceda a los cambios de funcionarios y a circunscribir su actuación dentro de determinados lineamientos que incluirían el reconocimiento de un poder casi ilimitado al organismo internacional citado.

Alarma a los empleados de la Fiscalía el inminente retorno de personas depuradas por irregularidades en distintas épocas y el cercenamiento de la carrera judicial de quienes, luego de haberse iniciado en los cargos más modestos, escalaron posiciones hasta llegar a la dirección de unidades importantes.

La mayoría de ellos son personas probas y con un desempeño aceptable en el esclarecimiento de sucesos de impacto social, no obstante sus limitaciones financieras, de personal y equipo. Esta traumática artimaña les dejará de experiencia que no tiene sentido esforzarse por alcanzar resultados, porque el MP pasaría a convertirse, como otras instancias del Estado, en un botín político sujeto a los caprichos e intereses de un partido y sus satélites en la sociedad civil.

Se trata de un juego peligroso para la institucionalidad y la independencia de la justicia, porque si ahora, con algún nivel de autonomía, los resultados de la Fiscalía no son los esperados por los ciudadanos, con las manos de los políticos de turno metidas en su administración la debacle alcanzará una etapa crítica.

Son conocidos los intereses de muchas personas inmersas en la política o con vínculos en ella para que la justicia se incline a su favor en los casos en los que son señaladas, y eso explicaría una de las razones para buscar el control del organismo responsable de la persecución del delito. Después de este golpe de Estado contra la autonomía del MP, el siguiente objetivo podría ser la endeble independencia con que operan los tribunales de justicia.

Si Colom no está enterado de esta trama pestilente, bien haría en ponerle coto, por sus implicaciones en un país urgido de autonomía real en la justicia.