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Después de semanas de amenazas y negociaciones con el sector privado, el gobierno de Álvaro Colom entregó esta semana la primera parte de su propuesta de reforma fiscal al Congreso.

La iniciativa de ley, trabajada por Juan Alberto Fuentes Knight, ministro de Finanzas, tenía como plato fuerte una reforma profunda al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y los gravámenes directos a la riqueza.

Las amenazas de “guerra política” desde el sector privado hicieron retroceder al Gobierno, que desistió, “de momento”, de la reforma al ISR.

Con esto, en círculos políticos se bautizó a la propuesta como “Ley antievasión II”, y no como una reforma fiscal.

En vez de esto, la propuesta de reforma fiscal incluye un Impuesto de Solidaridad (Iso), que sustituirá al Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (Ietaap) que, a su vez, era el sustituto del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (Iema).

El Ietaap, que es un cobro a las utilidades de las empresas, fue creado durante el gobierno de Óscar Berger y prorrogado para el 2008. Si pierde vigencia, el Estado dejaría de percibir más de Q1 mil millones anuales, que equivalen a la mitad de lo que se invierte en el Ministerio de Salud.

La diferencia es que el Iso tendría vigencia hasta que se reforme el ISR, lo cual aseguraría fondos al Estado que no dependan de negociaciones con el sector privado con cada cambio de gobierno.

Esa reforma espera aumentar los ingresos estatales en 1 por ciento del Producto Interno Bruto. Guatemala es el país que menos recauda respecto de su economía en América Latina, solo 12 por ciento. Las baterías desde parte del empresariado y los neoliberales contra la reforma empezaron a sonar.